Patricia Gascó Escudero - UCD-Valencia

Con este objetivo, en este primer capítulo se ha elaborado un marco que ha de servir para ubicar a UCD-Valencia en el contexto de la transición española en general y de la transición valenciana en particular. Sobre la transición valenciana conviene tener en cuenta que se ha optado siempre por la denominación oficial del territorio valenciano en cada momento: País Valenciano hasta julio de 1982, momento en el que, con la aprobación del Estatuto de Autonomía, la denominación oficial pasó a ser Comunidad Valenciana. El capítulo I finaliza con un recorrido por la evolución de la UCD española que incluye, asimismo, una síntesis de sus principales características, compartidas, en buena medida, por la formación en Valencia.

El segundo capítulo está dedicado al estudio de las tres fases diferentes de UCD-Valencia: una primera fase, de 1977 a 1979, con una pugna por el poder entre liberales y populares que se saldó con el éxito político del líder del Partido Popular Regional Valenciano, Attard; en una segunda fase, de 1979 a 1981, la llegada de Abril Martorell a la política valenciana, así como el ingreso en el partido de otra prestigiosa figura como fue Broseta, alteró la organización del partido hasta llegar a imponerse un órgano supraprovincial y desplazar así a todos los grupos políticos originarios de 1977; la última fase, que engloba el año 1982, corresponde a la descomposición del partido, causada en gran medida por las continuas bajas en el partido de los políticos más importantes, bien por dejar la política, como Attard, bien por unirse a un nuevo partido como Broseta, que pasó a las filas de CDS.

El tercer capítulo plantea los puntos de encuentro de la política española y la política valenciana. En este punto, también es importante tener en cuenta que, para referirse a la formación de UCD cuya área de influencia era el territorio español en su conjunto, se ha optado siempre por la denominación «nacional» antes que «estatal». Esos puntos de encuentro consisten, en primer lugar, en una articulación del poder nacional y regional en las figuras de tres gestores políticos: F. Abril Martorell, E. Attard y M. Broseta. Además, entre la política española y la valenciana existen espacios de acción política comunes, como son las Cortes españolas, ya que la política valenciana fue protagonista de debates nacionales en diversas ocasiones, de entre las que destacamos, al menos, dos debates: durante la redacción de la Constitución española de 1978 –en relación al artículo 138 y a la disposición transitoria segunda– y durante los trámites de aprobación del futuro Estatuto de Autonomía de la Comunidad Valenciana.

El cuarto capítulo intenta hacer un esbozo de los rasgos más destacables de la ideología de UCD-Valencia, aunque teniendo en cuenta algunas limitaciones: la heterogeneidad de los partidos que dieron lugar a la formación favorecía planteamientos muy diversos sobre el poder y la realidad española, lo que complicó la conjunción en una única línea ideológica; esto no tendría sentido sin tener en cuenta el carácter personalista de dichos partidos. Por otro lado, la ideología defendida por UCD-Valencia muestra, sin lugar a dudas, una evolución a partir de 1979, una vez varió la composición de la elite en Valencia. Por estas razones, se ha optado por intentar recoger los discursos más elementales como eran el liberalismo y el humanismo cristiano, así como profundizar en dos planteamientos ideológicos que caracterizaron al partido desde 1979: la defensa de la provincia como unidad de organización territorial primordial y el anticatalanismo. En el caso del anticatalanismo, he tratado de arrojar luz sobre dos connotaciones diferentes pero complementarias del concepto: las similitudes con los discursos populistas por un lado, y la relación con el proceso de redefinición de la identidad valenciana, por otro.

En el último capítulo, dedicado a las conclusiones de este trabajo, destaca el hecho de que, si hasta 1979 la provincia de Valencia era una de las provincias españolas en las que la organización centrista contaba con mayor independencia, puesto que la organización del partido había tenido siempre una dirección independiente del Gobierno, a partir de 1979 se produjo un control de la política centrista valenciana a través de un proceso de sustitución de elites y de la creación de un organismo regional que limitaba el poder político de la Presidencia provincial del partido.

Trascurridos ya 30 años desde la aprobación de la Constitución española de 1978, la naturaleza trascendental del cambio acaecido y cierta aureola mítica en torno al proceso de transición pueden diluir la complejidad de un proceso en el que, no sólo había que dejar patente la voluntad de vivir en democracia, sino que también era necesario concretar qué tipo de democracia se deseaba y cómo lograrla. Se precisaba cautela en los procedimientos destinados a lograr el desarrollo de la acción política, así como en los mecanismos para atender las demandas que, por otra parte, respondían a la lógica propia de un proceso de transición: las demandas de secularización, de representatividad y de descentralización son un buen ejemplo.

Centrándonos en este último aspecto, en el inicio de la Transición, y aun antes de la muerte de Franco, amplios sectores sociales así como la mayoría de las fuerzas políticas antifranquistas, asociaban la democracia con la autonomía, en oposición a la centralización férrea y discriminatoria practicada por la dictadura. Como pone de manifiesto P. Ysàs, tanto PSOE como PCE estaban a favor de una estructura federalista, al mismo tiempo que hacían hincapié en la legitimidad de los derechos de todos los pueblos a decidir libremente su destino –como reflejó el PCE en el manifiesto de la II Conferencia, celebrada en septiembre de 1975, y el PSOE en el XIII Congreso (1974) y XIV Congreso (1976)–, lo que hacía referencia especialmente a aquellos territorios que durante la II República habían obtenido, o solicitado, una diferenciación jurídica respecto del resto de España: Cataluña, País Vasco y Galicia. 1

Además, hay que tener en cuenta la creación de diferentes organismos de coordinación para el reestablecimiento de las libertades y derechos de los españoles: la Junta Democrática de España –creada en 1974–, la Plataforma de Convergencia Democrática –creada en 1975– y Coordinación Democrática o «Platajunta» –unificación de éstas–. Las movilizaciones populares constituyeron, desde las postrimerías del franquismo, un relevante elemento de presión que forzó al gobierno de Carlos Arias Navarro a plantear, con pretensiones principalmente descentralizadoras según afirma P. Ysàs, regímenes administrativos especiales para Cataluña y País Vasco. Así, por ejemplo, el 20 de febrero de 1976 se aprobó, mediante Real Decreto, la creación de una comisión para el estudio de un Régimen Administrativo Especial para Cataluña; la labor de esta comisión culminó en diciembre con la creación de una mancomunidad de servicios de las cuatro diputaciones y con la formación de un Consejo General de Cataluña. 2 Los acontecimientos posteriores desbordaron las pretensiones de este proyecto que, como se puso de manifiesto posteriormente, no tenía en cuenta la complejidad del proceso.

A partir del 11 de junio de 1976, con el voto negativo de las Cortes franquistas a la reforma penal que hubiera permitido la afiliación a los partidos políticos, se hizo evidente que el reformismo era incompatible con el continuismo. 3 Así, el 1 de julio de 1976 D. Juan Carlos pidió la dimisión a C. Arias Navarro. Posteriormente, de la terna que confeccionó el Consejo del Reino que incluía a Federico Silva Muñoz, Gregorio LópezBravo y Adolfo Suárez, el Rey eligió a Suárez para hacerse cargo de la Presidencia del Gobierno; 4 el 5 de julio de 1976 A. Suárez juraba su cargo, dando lugar, como se vería posteriormente, a una etapa de desarticulación del régimen franquista e instauración de un régimen democrático. 5