Carmen García Monerris - La Corona contra la historia

Profundamente antimonopolista, repudia trasladar al contexto internacional cualquier práctica de privilegio que suponga la consideración de «nación más favorecida» a cualquier potencia extranjera: «Semejante gracia, otorgada en los siglos pasados a los ingleses, a los holandeses y a los franceses, ha hecho gemir a España bajo el yugo de la opresión mercantil». Los efectos negativos de tal práctica acaban revirtiendo sobre la nación que la ha propiciado, al tiempo que generan un contexto de suspicacia y rivalidad generalizadas: «Subir los derechos, establecer prohibiciones… son los medios que ofrecen la política fiscal de nuestro siglo y el espíritu de rivalidad y de suspicacia que agita por desgracia a los Gabinetes de Europa, y que parece calman los resentimientos que ocasiona una infiel correspondencia».

El comercio, que debiera ser instrumento «del bienestar de los pueblos» y «vínculo precioso de amistad», ha acabado, merced al «espíritu antisocial de monopolio», colocando «no pocas veces el hierro en la mano» de las naciones modernas. Los ecos de la teoría ilustrada del doux commerce resuenan en sus palabras. Montesquieu, Mably y A. Smith son sus especiales y significativos referentes 48. Además, desde el punto de vista económico, las consecuencias de tal política monopolística no son nada positivas. España es una buena muestra de ello:

¿Y no es ésta la imagen que nos presenta España desde el siglo XVI hasta el XIX? Con la multiplicación de las colonias hemos conseguido tremolar nuestro pabellón victorioso en todos los mares; hemos engrandecido los límites de la monarquía a costa de su fuerza real, y de las posesiones que se le han agregado; hemos aumentado la masa del numerario; nos hemos hecho dueños de muchos frutos necesarios a todas las naciones; pero nuestro comercio, detenido por la fuerza de los reglamentos, ha caminado con pasos aceleradamente retrógrados a su destrucción, abandonando hasta los países más a propósito para sus progresos.

El comercio y su libre práctica son causa y efecto a un tiempo de la prosperidad y de la riqueza. Su punto de vista es ya productivista, centrado además en la idea del interés individual como motor de toda actividad. Los «manantiales» de la riqueza, la agricultura y las artes, se verán notablemente impulsados por un comercio que deberá abandonar para ello la «mezquina conducta, hija del espíritu fiscal» que persigue y «atrapa» la mercancía en lugar de fomentar la riqueza. Frente al afán reglamentista, sólo el interés y la libertad pueden convertirse en instrumentos de prosperidad y estructura «constitucional» de un país:

El interés lo hace todo y […] en un país en donde se mire como ley constitucional la libertad de introducir y sacar los frutos, allí prosperarán la agricultura, las artes y el comercio 49.

Una estructura ordenada y equilibrada de la sociedad exige como requisito constitucional intrínseco, como andamiaje casi material, la libre circulación de las mercancías, tanto interna como externa. Pero otras son también las medidas que deben implementarse para devolver el conjunto de las relaciones sociales, económicas y políticas a su ser natural, violentado por siglos de política antiilustrada y corrompida. El Canga Argüelles oficial de la Secretaría de Hacienda es ya un funcionario totalmente imbuido de un amplio programa reformista liberal que pasa por dos principios clave y estructurantes, como son el interés individual y la defensa de la propiedad. No es, desde luego, un revolucionario que pueda sentirse atraído por la Revolución Francesa a la que, por el contrario, tiende a considerar como un violento e innecesario episodio:

La Revolución francesa —dirá—, empezada cuando el celo de un rey justo trataba con la mayor sinceridad de hacer felices a sus vasallos, conducida por el furor y los destrozos consiguientes de un pueblo que trata de variar su constitución, y que obedece a los impulsos violentos que le imprimen el poder de las facciones y calor de la libertad, se ha terminado al fin…

La «variación constitucional» puede lograrse y es deseable para España, pero sin necesidad de una ruptura violenta. Aquélla puede venir a partir de una serie de medidas que, bien pensadas, aplicadas desde la administración de la monarquía y diseñadas desde los sanos principios de la economía política, actuarán a manera de revolución silenciosa y permitirán a España recuperar su rango de primera potencia. Es, efectivamente, desde la economía política y desde sus principios desde donde se ve posible una intervención reformista que «huyendo de proyectos vanos en sí, aunque brillantes en apariencia», fomente de manera renovada unos intereses políticos como colectividad, una colectividad que, en una neta percepción ya de la autonomía de lo civil, debe descansar sobre nuevos impulsos a los distintos sectores económicos y a sus agentes.

Desde este punto de vista, las diversas medidas o providencias económicas pueden ser percibidas con un claro sentido continuista y endógeno, intrínseco al burócrata imbuido del sentido de responsabilidad pública y de la máxima del «bien común». Sus efectos, no obstante, pueden llegar a producir auténticas variaciones «constitucionales» en un sentido netamente estructural y material. Así Canga es ya partidario de facilitar los rompimientos de tierra, de abolir los privilegios de la ganadería (Mesta) como dañinos al progreso de la agricultura; de favorecer los cercamientos y promulgar la ley de la amortización 50; de anular los ordenamientos sobre montes, «dejando al dueño el libre uso de sus árboles» y «quitando a la marina los privilegios que disfruta»; introducir una disciplina nueva del trabajo que disminuya las «ventajas de las clases no producentes»; o la posibilidad de desvincular («desmembrar») los mayorazgos 51. Respecto a la industria, su libertad requiere la abolición de los gremios, reducir las relaciones patrón-obrero a «los términos del contrato», propagar los inventos de «la mecánica y de la química», la facultad de abrir tiendas y «de poner obradores al que quiera sacar del trabajo lo necesario para su sustento». Por otra parte, la necesaria red de las infraestructuras, que impulse y facilite el comercio y las actividades productivas, debe fomentarse «excitando el interés personal de los acaudalados hacia una empresa tan útil, huyendo de comprometer al rey en ella» 52. En cuanto al comercio, resulta obvio que su importancia requiere convertir o sancionar como «ley fundamental del reyno» «la libre y franca extracción de los frutos y producciones del suelo y de la industria, multiplicando los puertos para la salida, a fin de facilitar la reproducción con su pronto y buen despacho». Su potenciación, además, exige el arreglo de los aranceles, la supresión de las aduanas interiores y la rebaja de los derechos en los géneros de estanco. Fiscalmente, en fin, deben suprimirse las rentas provinciales y tender hacia una contribución territorial «bien meditada» que, «al paso que reemplazaría valores iguales o mayores a las provinciales, dejaría libres de recargos las compras y las ventas, fomentaría la agricultura, libraría a los vasallos de las vejaciones que hoy sufren y haría desaparecer las formalidades que se necesitan para la concesión de un mercado o de una feria, nacidas de la índole de nuestras rentas».

¿No es éste, de manera sintética y enunciativa, un programa basado en los principios del liberalismo económico? Ocurre, sin embargo, más allá de relaciones o esquemas demasiado deterministas, que aquéllos se quieren hacer compatibles —o al menos así se intenta— en el marco de una «constitución» que, precisamente por ser concebida todavía en su aspecto material y no estrictamente político, sigue considerando a los agentes individuales componentes de la sociedad como sólo portadores de derechos económicos. El libre desarrollo de la iniciativa individual puede ser así alentada y asumida por una «política» que es todavía y en gran medida capacidad de intervención en el «cuerpo social» por parte de la monarquía y de sus aparatos administrativos. Por eso, parte de la confianza de los sectores ilustrados en estos años finales del Antiguo Régimen se hace depender de la capacidad de maniobra y de actuación de esa misma monarquía o de sus agentes a la hora de poner en práctica proyectos de reforma que muevan, como decía Canga, a una auténtica aunque progresiva «variación constitucional». Desde esa perspectiva, nada hay de contradictorio entre los principios ya netamente liberales desde un punto de vista social y económico, y la defensa, desde el seno mismo de la monarquía, de proyectos reformistas que, en el caso que nos ocupa, adquirirán, como veremos, un neto sentido «patrimonializador». Precisamente, el proyecto de reconstrucción patrimonial del «cuerpo de la monarquía» que Canga Argüelles emprenderá desde su puesto de contador del Ejército en Valencia, lo sería a costa de la «patrimonialización» que había emprendido ilegítimamente la nobleza a lo largo de la historia, perturbando la «constitución» tradicional (en sentido económico y político) que pasaba por una relación directa entre el pueblo y la monarquía. Posteriormente reconducirá estos referentes textuales y contextuales a una situación nueva como la que marcó la primera coyuntura revolucionaria española, demostrando los sutiles perfiles que separan el último reformismo absolutista y el primer liberalismo.