Wiley Ludeña - Ciudad y arquitectura de la República. Encuadres 1821-2021

Proyectos de reforma urbana.

Aún en medio de plena campaña militar antes de su ingreso a Lima, San Martín decretó una serie de medidas de gran impacto en la reconfiguración territorial y la administración política de este. Tal es el caso del «Reglamento Provisional de demarcación del territorio que actualmente ocupa el Ejercito Libertador del Perú», decretado el 12 de febrero de 1821. Aquí se establecen las primeras bases de una nueva división político-administrativa del Perú republicano que, si bien obedeció a las urgencias de la campaña militar y registraría cambios posteriores, mantuvo en muchos casos parte de su estructura. El reglamento dispuso entre sus veinte artículos, medidas como:

1 El territorio que actualmente se halla bajo la protección del Ejército Libertador, se dividirá en cuatro departamentos, comprendidos en estos términos: los partidos del Cercado, de Trujillo, Lambayeque, Piura, Cajamarca, Huamachuco, Pataz y Chachapoyas, formarán el departamento de Trujillo con las doctrinas de su dependencia: los de Tarma, Jauja, Huancayo y Pasco, formarán el departamento de Tarma: los de Huaylas, Cajatambo, Conchucos, Huamalies y Huanuco, formarán el departamento de Huaylas: los de Santa, Chancay y Canta, formarán el departamento denominado de la Costa.

2 Cada sección de estas, habrá un presidente de departamento: la residencia de los dos primeros será en Trujillo, y Tarma; la del tercero en Huaraz, y la del cuarto en Huaura (Oviedo, 1861, I, p. 8).

Si bien el general José de San Martín en los primeros días de su Protectorado tenía preocupaciones más complejas que dedicarse a prefigurar un nuevo mundo urbano, sí acompañó con su firma a quien parecía estar plenamente convencido no solo del poder persuasivo de la imagen y los símbolos en el imaginario popular, sino de lo que la naciente república debía proponer en términos de la configuración de una ciudad republicana: Bernardo Monteagudo (1789-1825), argentino, abogado, periodista, político y militar, hombre de confianza e influyente asesor del Libertador. Tras la declaratoria de la independencia fue designado ministro de Guerra y Marina y luego, ministro de Gobierno y Relaciones Exteriores. Desde estas funciones, Monteagudo fue quien estuvo detrás de las primeras iniciativas adoptadas por el Protectorado de José de San Martín en materia de reforma urbana, arquitectura y arte urbano.

Monteagudo fue, como ya se advirtió, un auténtico «operador ideológico», que depositó en la propaganda y el poder de los nuevos símbolos de la República la garantía de pervivencia y apoyo de la población. Como sostiene Carmen Mc Evoy, el trabajo de Monteagudo aspiraba a ganar rápidamente el apoyo popular a la causa de la independencia toda vez que se sabía que el triunfo definitivo no era una cuestión exclusivamente militar, sino también de una guerra ideológica y simbólica (2013, pp. 45-46). Para Monteagudo, los nuevos símbolos del republicanismo debían de sustituir con fuerza figurativa a aquellos símbolos de la ciudad y del imaginario colonial dominados por la iglesia y el poder imperial español. No obstante, su apuesta por un régimen monárquico constitucional, su visión de ciudad y propuesta estaba impregnada en parte por los fundamentos del debate sobre la ciudad y el arte urbano correspondientes a una racionalidad ilustrada, emancipadora, laica y anticlerical, todo ello investido de esas nuevas lógicas de severidad, limpieza y orden recreadas por el neoclasicismo (monumental y doméstico) adoptado como el estilo oficial de la apuesta republicana20.

4 | Plano de Lima. Levantado por el S. D. Matías Maestro y Gregorio de la Rosa (ca. 1830)

Se trata del primer plano republicano de Lima en el que se encuentran registradas las huellas de las primeras intervenciones urbanas realizadas por la República temprana. Encontrado en la Biblioteca Nacional del Perú por Leonardo Mattos-Cárdenas (1982). Fuente: Mattos-Cárdenas, 2004, p. 214.

Ante la urgencia de ampliar la base social de apoyo a la causa emancipadora y la imposibilidad práctica de acometer la ejecución de proyectos ambiciosos, San Martín y Monteagudo apostaron, en primera instancia, por su estrategia de reconfiguración simbólica del imaginario popular, a través de la sustitución inmediata de una serie de símbolos, emblemas, alocuciones y denominaciones de espacios emblemáticos de las ciudades del país.

Como parte de esta estrategia de legitimación real y simbólica del nuevo régimen se produjo, por consiguiente, el rebautizo imperativo de todos aquellos edificios identificados con el poder monárquico colonial ocupados o capturados recurriendo a nombres que, como sostiene Pablo Ortemberg, fusionaban el «incaísmo lírico» (2014, p. 233) encarnado en ciertas proclamas de San Martín y Monteagudo con el afán de cambio radical de sentido y significación de lo preexistente. Un ejemplo de renombramiento que galvaniza estas tensiones es el de la fortaleza del Real Felipe, la cual luego de su ocupación pasó a denominarse «Castillo de la Independencia». Los baluartes conocidos como el de la reina y el rey pasaron a ser nombrados como el «Baluarte de la Patria» y el «Baluarte Manco Cápac», respectivamente. El pueblo de Magdalena, lugar de la residencia de campo del virrey Pezuela, pasó a llamarse por decreto «Pueblo de los Libres» luego de que San Martín decidiera convertir esta quinta en su principal residencia en Lima.

El mensaje abierto y el subtexto de cada una de estas intervenciones eran patentes: que los símbolos de la nueva ciudad republicana no serían más aquellas arquitecturas, monumentos, inscripciones públicas o símbolos identificadas con el poder colonial, la implacable liturgia clerical y la catequesis popular. En adelante, una iglesia no sería más el epicentro de una ciudad republicana, sino aquellas edificaciones vinculadas con la soberanía ciudadana o la construcción de una nación secularizada: el teatro, el Museo Nacional, la Biblioteca Nacional o las nuevas alamedas, obeliscos o «columnas» en honor a la independencia. Al argumentar el cambio de nombre de la Plaza Mayor de Lima por el de Plaza de la Independencia (decreto del 9 de febrero de 1822), Monteagudo sostuvo de modo terminante que «deben desaparecer de todo lugar público las armas, escudos o inscripciones que recuerden la ignominiosa servidumbre de que ha salido el Perú» (decreto del 9 de febrero de 1822, citado en Oviedo, 1861, VI, pp. 182-183)21. Este mismo acento entre jacobino, mesiánico y explosivo vuelve a aparecer en el decreto del 6 de julio de 1822, que ordena rebautizar la Plazuela de la Inquisición por Plaza de la Constitución y reconfigurarla con el proyecto de instalación de un obelisco en honor al liberador José de San Martín:

Aquel sitio será tan memorable en lo sucesivo, como ha sido antes odioso por hallarse en él situado el tribunal del Santo Oficio, donde han gemido tantas víctimas bajo el imperio de la superstición y de la tiranía política [...]. Justo es que se conserve la memoria de las causas y épocas de este cambiamiento y que el paraje á donde tantos se han acercado temblando de horror, ofrezca un monumento cuya magnificencia se aumente en cada año, y sirva de consuelo á los que mediten la opresión en que han vivido las generaciones pasadas. La ejecución de esta idea no debe diferirse, porque la reclama el honor nacional [sic] (Oviedo, 1861, VI, pp. 183-184).

El decreto en mención determina, asimismo, las características que debía tener la columna a erigirse en honor del «Protector del Perú»22.

Este no es el primer decreto suscrito por San Martín y Monteagudo con implicancias urbanas y el levantamiento de columnas, obeliscos o esculturas ecuestres en homenaje a la naciente República y al Libertador. En realidad, el primer proyecto fue uno decretado el 17 de enero de 1822, a través del cual se dispone el «levante de un monumento que inmortalice el día en que se declaró la independencia del Perú» (Oviedo, 1861, VI, p. 182). Para ello se designó una comisión compuesta por el conde de Torre-Velarde, Diego Aliaga y Matías Maestro. El monumento mencionado debía de ser ubicado en las principales ciudades del Perú. Junto a esta iniciativa se sucedieron otras con la propuesta de construir alguna obra pública que perennizara la gesta libertadora23.