De acuerdo con lo señalado, cabría entender como noticia política un acontecimiento que tiene lugar dentro del ámbito de la política y es recogido por los medios de comunicación de masas. Pero esta primera aproximación presenta también excesivas imperfecciones teóricas. En primer lugar, si entendemos la política como el ejercicio del poder, como la voluntad de los actores políticos y no políticos por gestionar ese mismo poder, debemos entender la política también como la actividad encaminada a la toma de decisiones sobre cómo se distribuyen los recursos para satisfacer las necesidades o, en palabras de Bouza-Brey (2004: 45), «como el gobierno de situaciones sociales mediante la toma de decisiones». Esta toma de decisiones está necesariamente orientada hacia metas, establece jerarquías y coordinación interna, y asigna a los distintos actores sociales papeles, recompensas y sanciones. Coherentemente, el periodismo político prestará su atención al proceso y las consecuencias derivadas de esta toma de decisiones.
Este enfoque corresponde a las posturas clásicas de la sociología y la teoría política norteamericana. Así, en su emblemático Governing with the News , Cook tomaba como punto de partida la definición de política de Easton:
Lo que distingue las interacciones políticas de todas las demás clases de interacciones sociales es que se orientan predominantemente hacia la distribución autorizada de valores en una sociedad (Easton, 1965, apud. Cook, 1998: 85).
A partir de este concepto, se plantea Cook la conocida pregunta básica de «¿Cómo acceden los medios de noticias a la distribución autorizada de valores?» (Cook, 1998: 86).
El informador, aunque sea miembro de la estructura del actor político que constituye el periódico, no es en sí mismo un actor; sabe, además, que la política tiene un amplio alcance y que va más allá del ejercicio y distribución del poder: «puede, pues, ser concebida también como la actividad alrededor del poder, lo es tanto la lucha para hacerse con él, como su ejercicio» (Giró, 2010: 82). Por último, sigue Giró, el informador sabe que «sin menoscabar el poder gubernamental, hay otros actores que ejercen poder económico, social o cultural». Esta última afirmación tiene mucho sentido y merece especial atención porque, en ocasiones, en el ejercicio de la profesión, la definición del «ámbito de lo político» es un término confuso, abstracto y muy amplio, una imprecisión que se refleja también en la bibliografía: Cook (1998: 181) destaca que, si uno define la política de un modo lo suficientemente amplio, «se hace difícil dibujar cualquier línea útil, o incluso establecer algo que no sea político en algún nivel, y el término pierde su utilidad práctica».
Podemos ejemplificar esta amplitud de alcance de lo político en el ámbito concreto. Efectivamente, si nos atenemos al Estado español, podemos ver cómo el Gobierno, el máximo órgano político-ejecutivo de todos los españoles, gestiona la totalidad de los recursos y servicios a los ciudadanos excepto aquellos que, como educación o sanidad, han sido transferidos al ámbito de las autonomías. ¿Se pueden considerar como acontecimientos políticos todas las actividades y decisiones del ejecutivo español? ¿Publicaremos, pues, todo lo que hace el Gobierno español en las páginas de política?
Antes de responder a estas preguntas detengámonos un momento en una institución como es el Parlamento valenciano, el órgano legislativo del País Valenciano. La Cámara autonómica, donde se encuentran los representantes electos de los partidos políticos, se ha pronunciado desde la existencia de la autonomía valenciana sobre centenares de temas, ha aprobado decenas de leyes y se ha manifestado sobre aspectos netamente políticos, como la reforma del Estatut d’Autonomia, hasta cuestiones como el apoyo a un equipo de motociclismo o la Ley de Patrimonio Arbóreo de la Comunidad Valenciana, hechos estos últimos que nos harían pensar mucho en qué sección ubicarlos y que, en lógica, no serían acontecimientos abordados por un periodista político.
En el ejercicio diario de su profesión, el periodista político prestará una atención prioritaria a todo lo que ocurre en estas instituciones y entre sus protagonistas y/o actores. Así, todos los diarios tienen periodistas destacados en el seguimiento de las decisiones del ejecutivo autonómico o de las Cortes Valencianas; e incluso de instituciones como el Ayuntamiento de Valencia. Sin embargo, todos estos periodistas saben que no todos los acontecimientos que se generan en estas instituciones y entre estos políticos van a acabar siendo noticias publicadas en las páginas dedicadas a la información política. Ocurre, en numerosas ocasiones, que son los periodistas de otras secciones del diario –cultura, deportes o economía, por ejemplo– los que se desplazan a esas mismas instituciones políticas para asuntos concretos que no deben ser abordados por un periodista del área de política.
Rodrigo Alsina (2005) marca las pautas que permiten adscribir un acontecimiento dentro de un área temática: la intencionalidad y los protagonistas. El criterio para la identificación del acontecimiento político no supone observar exclusivamente el ámbito donde se genera el propio acontecimiento, sino el objetivo y la finalidad al que conduce. Volvemos a la pregunta que había quedado antes en el aire: ¿es política todo lo que hace el Gobierno español? Sí, en la medida en que se trata de una institución política (Borrat 1989 a ). Pero ¿todo lo que ejecuta el Gobierno español es noticia política?, ¿deben ir a las páginas de política todos los hechos que se generan en las instituciones políticas? La respuesta es, claramente, no.
Porque una cosa es la institución o los protagonistas y actores políticos de estas instituciones –el presidente del Gobierno, de la Generalitat, los ministros, los consellers, los diputados, los concejales de los ayuntamientos, etcétera– y otra cosa es la acción que protagonizan tales instituciones o protagonistas, y el objetivo de sus acciones. Así, no es lo mismo que el president valenciano de turno y el líder de la oposición política en las Cortes Valencianas firmen la reforma del Estatut, que el hecho de que ambos se unan y se pronuncien a favor de la Selección Española de Fútbol en una Eurocopa. No es lo mismo que el conseller de Educación y Cultura de turno decida objetar contra una ley educativa impulsada por el Gobierno español que su presencia en un concierto ofrecido por la Filarmónica de Viena en el Palau de la Música de Valencia. Siendo, en el segundo caso, el mismo protagonista, su primera acción será asumida por un periodista político y la segunda será un hecho informativo que podemos convertir en noticia dentro de las páginas de cultura o espectáculos de cualquier diario: el protagonista o la institución es la misma; el ámbito temático de su acción es netamente diferente. Siguiendo este último ejemplo, el primero sería un asunto de política educativa y el segundo un tema exclusivamente cultural.
Ocurre, en otras ocasiones, que quienes activan un hecho informativo susceptible de ser divulgado como noticia política ni son políticos, ni trabajan en instituciones políticas, ni son miembros de un partido político (Borrat, 2006; Giró, 2010; Casero-Ripollés, 2012 b ). Un buen ejemplo son los tribunales. No tendremos ninguna duda de que si un juez de la Audiencia Nacional ordena el ingreso en prisión de la cúpula de un partido político por complicidad con el terrorismo, o si un tribunal ordinario ordena la detención del alcalde de una ciudad por corrupción, estas informaciones serán tratadas en las páginas de política de nuestro diario y no en las de sucesos o tribunales, y definiremos esa información como información política o de otras maneras como política terrorista o corrupción política.
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