AAVV - La crisis de la televisión pública

Como era de prever, tras este desarme regulatorio se abrió paso a la absorción por las dos grandes cadenas clásicas de los nuevos canales, rápidamente realizada entre Telecinco y Cuatro y pronto negociada y consumada entre Antena 3 y la Sexta (en 2012), con el apoyo del Gobierno de Rajoy para eliminar la mayor parte de las salvaguardas impuestas por la Comisión de la Competencia. Así, y tras un efímero periodo de seis años de mayor concurrencia, Mediaset y Atresmedia (Antena 3) sumaban un 53,9% de la audiencia en 2012, pero concentraban un 82% de los ingresos publicitarios –casi un 90% estimado en 2013–. Es decir, en términos de concurrencia en este sector tan proclive a acumular la inversión en los ganadores de cuotas masivas, los restantes competidores resultaban completamente marginales a la competencia en el mercado. Como atestiguan los numerosos cierres de canales por quiebra económica sucedidos entre 2012 y 2013: Veo, Net, Marca TV, Intereconomía, etc.

De esta forma, el panorama de las cadenas privadas en el tiempo transcurrido de mandato del Partido Popular está marcado por la consolidación del duopolio casi perfecto. Habiendo absorbido buena parte del mercado publicitario que antes correspondía a TVE, los dos grandes grupos televisivos privados conseguirán en buena medida, pese a la crisis creciente del mercado publicitario, mantener unos beneficios notables: 313 millones de euros en 2010 y 217 millones en 2011. Además, desde 2010 se suceden prácticas sistemáticas de violación de los tiempos comerciales permitidos, de los límites y exigencias para la publicidad no convencional e incluso de la separación entre programas y spots , sustituida casi siempre por rápidas ráfagas imprevisibles de autopromoción que dan paso inmediatamente a la publicidad. Sin que ninguna autoridad responsable tomara medidas de ningún tipo.

Queda fuera de nuestro análisis la televisión de pago –aunque superó en 2012 por vez primera los recursos de las cadenas en abierto– porque en esencia se trata de un medio censitario y no universal (Comisión del Mercado de las Telecomunicaciones –CMT–, 2012), pero respecto al que cabe señalar la situación de práctico monopolio por soporte tecnológico –Digital + en el satélite, ONO en el cable, Imagenio en el ADSL, etc.

No se puede dejar de citar, finalmente, el embrollo jurídico generado por los gobiernos socialistas en la transición a la TDT, presentada oficialmente como modélica pero duramente cuestionada por el Tribunal Supremo en noviembre de 2012, con una sentencia que anula la concesión por el Consejo de Ministros de nueve licencias de canales privados que se adjudicaron sin concurso previo ni condiciones objetivas, como obligaba la propia Ley General Audiovisual promulgada pocos meses antes. La guerra mediática desencadenada en mayo de 2014, con mensajes en las propias cadenas amenazadas de extinción, tras la decisión de cierre del Ministerio de Industria, viene a subrayar las características clientelares y pintorescas de nuestro sistema privado.

Si añadimos la necesidad planteada a corto plazo de una nueva migración de frecuencias para maximizar el dividendo digital y ganar espacio para la telefonía móvil, que penalizará especialmente a los canales públicos –de TVE y de las televisiones autonómicas– y ocasionará presumiblemente nuevos gastos a los hogares, hay que concluir que el apagón analógico de 2010 fue una gran chapuza tecnológica y política, además de un fraude en términos de diversidad cultural e informativa.

Pero el recuento del poder en cada sector monomedia resultaría incompleto si no tuviéramos en cuenta los lazos cruzados o transversales que se establecen entre ellos. De forma que, como demuestran dos libros recientes de Serrano (2010) y Reig (2011), el universo mediático se ha ido agrupando en una muy limitada gama de grandes grupos multimedia que dominan todos los terrenos de la comunicación y la cultura en España, en alianza frecuente con los grupos multinacionales: los 9 grupos analizados por el primer texto citado, o los 10 que disecciona el segundo se resumen en 5 de primera fila, que acumulan la inmensa mayoría de las audiencias y los beneficios y componen una cúspide de poder prácticamente total en el ámbito central y regional, con intensas vinculaciones entre ellos y el poder económico y financiero. Y la carrera de fusiones y absorciones no ha terminado, como muestran los últimos acontecimientos televisivos.

Como escribíamos en el prólogo del libro Traficantes de información (Serrano, 2010), la vía del crecimiento a toda costa, de la talla máxima posible, mediante la búsqueda ansiosa de capitales externos –bolsa, obligaciones, fondos de capital riesgo, etc.– homogeneíza las estrategias y los comportamientos de los grandes medios de comunicación, multiplicando sus intereses. Ambos procesos, que hemos caracterizado como procesos de financiarización –endeudamiento masivo, apelación a los mercados de capitales, necesidad imperiosa de altas tasas de beneficio–, suponen que –más allá de cualquier visión conspirativa, aunque sin excluirla en ocasiones– los grandes grupos se parecen cada vez más en sus estrategias y en su visión ideológica del mundo, por fuerza de su integración en el gran capital. En la etapa última, todavía inacabada pero cada vez más visible, está la internacionalización financiera consumada, por medio de grandes grupos mediáticos internacionales pero también y cada vez más de fondos de inversión y sociedades de capital riesgo, sin patria ni credo, que completan la red tupida de alianzas y complicidades que ejercen hoy una amplia hegemonía sobre la comunicación social masiva nacional e internacional.

En cuanto a la radio y televisión local, sometida por todos los gobiernos desde hace treinta años a un notable boicot de su despliegue como servicio público, municipal o comunitario, el Gobierno del PP no ha tenido que tomar medida alguna para certificar su marginación absoluta, limitándose a la inacción total. Consagrada su irrelevancia frente a un modelo hegemónico impuesto de cadenas comerciales, castigada en la Ley General Audiovisual en su modelo «sin ánimo de lucro» –art. 32– y por la prolongada ausencia de desarrollo reglamentario, penalizada duramente en el reparto de frecuencias, la auténtica TV local ha desaparecido prácticamente del mapa. En su lugar se edificó un edificio ilusorio de más de 1.200 emisoras locales comerciales de TV local en TDT –266 demarcaciones– y un novedoso modelo de emisoras regionales privadas en algunos territorios, que se constituyó en una extensión masiva desde 2008 de las prácticas clientelares partidistas de los gobiernos autonómicos hasta hacer fracasar absolutamente ese modelo de negocio hasta ahora –1,5 millones de euros de inversión publicitaria total en 2012 para la televisión local, según Infoadex, 2013– (Bustamante, 2010).

Dada esa situación de evidente quiebra absoluta de la televisión local y regional privada, resulta sorprendente que ni el Gobierno Zapatero ni el posterior de Rajoy hayan adoptado medida alguna sobre esos cientos de frecuencias congeladas e inútiles, ni sobre los múltiples abusos legales a que esa situación ha dado lugar. Y que ninguno de los responsables de ambos ejecutivos imaginara siquiera la posibilidad de volver a sacar a concurso esas emisoras para proyectos sin afán de lucro.

En todo caso, el panorama mediático privado, ya claramente hegemónico en nuestro país, puede sintetizarse sin lugar a dudas como uno de los más concentrados y antidemocráticos de toda Europa, a pocos pasos del italiano y de alguno de los países del antiguo «socialismo real». Y como uno de los más centralistas, a contrapié de la estructura constitucional del Estado autonómico y de la diversidad lingüística y cultural de nuestras regiones y nacionalidades.