AAVV - La crisis de la televisión pública

Resultaría superfluo y reiterativo recordar, en efecto, que el servicio público de radiotelevisión es un mandato imperativo de nuestro modelo social europeo, por mucho que cada Estado tenga la capacidad de adecuarlo a las situaciones nacionales; o volver a las menciones y citas del protocolo de Ámsterdam , incorporado al Tratado de Lisboa con valor constitucional, que concuerda con el tratado de derechos fundamentales de la Unión de 2007; o intentar no olvidar que incluso en funciones de vigilancia la Comisión de Bruselas ha confirmado la legitimidad del servicio público en sus comunicaciones sobre financiación pública de 2001 y 2009. Resultaría también repetitiva en este artículo la mención que tantas veces hemos hecho a nuestra Constitución, a las obligaciones españolas contraídas con el Convenio de la Diversidad de la UNESCO de 2005 –firmado por el Parlamento en 2007–, o en el seno del Consejo de Europa, muy activo desde hace años en este campo.

Estas menciones sirven, no obstante, para refrendar que la doble doctrina europea a la que estamos absolutamente obligados, de la Unión y del Consejo, no se apoya solamente en principios éticos y sociales, tan violentados tradicionalmente en los países mediterráneos según el tantas veces citado modelo de comunicación «corporativo» que señalaron Hallin y Mancini hace cuarenta años, o aquel que fue caracterizado a finales de los años noventa como el de «la política por encima del sistema radiotelevisivo», marcando todas sus decisiones (Brants y Siune, 1998: 129); sino en estructuras y buenas prácticas de gobernanza, acuñadas durante décadas en Europa, refrendadas repetidamente por los documentos y reglamentos europeos, sintetizadas por muchos autores en tiempos recientes, únicos mimbres que posibilitan la construcción y sostenibilidad del servicio público para el futuro con sus misiones y funciones inesquivables.

Por eso, en el informe que redactamos para el Consejo de la Reforma de los Medios Públicos del Estado, hacíamos hincapié en las estructuras de gobernanza y financiación, como condiciones sine qua non para afianzar un auténtico servicio público, superando la vía principista y voluntarista; aunque también señalábamos que esas estructuras no garantizaban por sí solas el éxito, en ausencia de una toma de conciencia de los agentes políticos y, sobre todo, de la sociedad civil, y concluíamos que la falta de estructuras adecuadas condenaba al servicio público a la crisis permanente, a su degradación y, finalmente, a su marginación o extinción, tal y como afirmábamos en el Informe para la reforma de los medios de titularidad del Estado (La Moncloa, 2005).

En paralelo y a escala internacional, un informe de la UNESCO de ese mismo año reconocía igualmente que «podría ser simplista asumir que una réplica completa de estos sistemas y prácticas en diferentes ambientes, producirán los mismos benéficos resultados». Porque «como en otras esferas de actividad, el éxito o fracaso del servicio público de radiodifusión es dependiente de un número de factores, incluidos: historia local, geografía, cultura, ethos político, y condiciones sociales y económicas» (UNESCO, 2005: 52).

Recordar esos elementos básicos de buena gobernanza, de forma sintética pero contrastada con los hechos recientes, se convierte así en un ejercicio vital del análisis de la situación española. Más aun en el contexto de un sistema mediático y televisivo que ha evolucionado considerablemente en la última década, no solo o no tanto por el impulso de los cambios tecnológicos o por la crisis económica como consecuencia de decisiones políticas y regulatorias que, con frecuencia, se arroparon en esos factores para mejor moldear el espacio público español.

Porque en materia de pluralismo de ideas y expresiones, o de diversidad cultural que las engloba, el sistema de comunicación del que se dota a una esfera pública en democracia resulta inevitablemente integral, articulado entre medios y soportes diferentes, conformado por actores interrelacionados públicos y privados, cincelado a golpe de leyes y decretos –reflejo de la correlación de fuerzas en una sociedad–, recorrido por equilibrios y desequilibrios de poder. En definitiva, la legitimidad y las misiones del servicio público en cada país y momento histórico no pueden abstraerse de la situación de ese sistema, lo que implica necesariamente una mirada sobre las características dominantes de la comunicación social en la España de los últimos años, especialmente por sus procesos de concentración de mercado y de poder.

2. Contexto del sistema mediático español: concentración y centralismo

La penetración de la prensa escrita en número de lectores totales ha descendido abruptamente en los últimos años, como consecuencia de su doble crisis, publicitaria y de audiencias, económica y digital (–6% en una década). Estas cifras se aceleran incluso si consideramos la difusión de ejemplares (–17,64% entre 2001 y 2011, –6% en 2011 y un 4,4% más baja en el primer semestre de 2012) y su descenso en la captación de recursos publicitarios (–8,12% en 2012) (OJD –Oficina de Justificación de la Difusión–, AEDE –Asociación de Editores de Diarios Españoles–, Libro Blanco de la Prensa diaria, 2013).

Pero la crisis está castigando más duramente a la prensa regional y local, cerrando masivamente cabeceras y fomentando más aún la concentración en la prensa y su centralización en los grupos de alcance estatal: de los 10 diarios que en 2010 superaban los 100.000 ejemplares de difusión ya solo quedaban 5 en 2013 –de 87 controlados por la OJD–, y solo dos de ellos eran «regionales» – La Vanguardia y El Periódico –, aunque pertenecientes a grupos de implantación nacional; se podrían añadir otros cinco de más de 50.000 ejemplares/día, pero ahí está asimismo un diario nacional – La Razón –, dos pertenecientes a Vocento – El Correo y El Diario Vasco – y apenas quedan dos de otros grupos específicamente locales – La Nueva España y La Voz de Galicia –. Si agrupáramos estos diarios por grupos empresariales, siete de ellos concentran una cuarentena de cabeceras, más del 65% de la difusión diaria de la prensa de información general, y prácticamente toda la prensa económica y deportiva, y los que podrían tener un origen regional –como Prensa Ibérica o Vocento– hace tiempo que se convirtieron en cadenas de ámbito estatal.

La radio, segundo medio masivo en orden a su penetración en los hogares españoles –el 61,8%–, muestra un panorama más concentrado aún y muy centralizado en los mercados publicitarios y en la audiencia de programaciones generalistas: en 2012, tres cadenas de ámbito estatal –SER, COPE y Onda Cero– controlaban un 92,8% de los ingresos publicitarios –323,7 millones de euros–, más aún con Punto Radio, mientras que cientos de emisoras, autonómicas o locales, se disputaban un resto del 5,1% (CMT, 2012); en términos de audiencias, las cuatro cadenas nacionales –SER, Onda Cero, COPE y RNE– sumaban en 2013 casi 10 millones de oyentes de 11,3 en total acumulados por el soporte. Una inclinación que se agrava aún más en la audiencia de programas temáticos: 12,3 millones de oyentes para cuatro grupos –incluyendo a RNE– de un total de 14,6 (Estudio General de Medios –EGM–, 2013).

En la televisión, el duopolio de licencias que se mantuvo durante quince años en España (1990-2005) se ha visto reforzado, gracias al llamado «decreto proconcentración», que permitió las fusiones entre concesionarios al elevar el listón permitido hasta un 27% del share medio, tres cadenas de ámbito estatal y ocho programas (Ley 7/2009, BOE de 4/7/2009). La destrucción temprana de los fugaces logros de pluralismo en dos cadenas más –presentadas como los «canales pares» progresistas–, sin el menor reconocimiento autocrítico de su fracaso por parte del Gobierno socialista, y la consolidación agigantada del duopolio anterior se reforzaron además con la drástica rebaja de exigencias de interés general a los concesionarios privados que supuso la Ley General del Audiovisual (LGA) de 2010: alargamiento y prórroga automática de las concesiones, desregulación especialmente de la publicidad comercial hasta límites insólitos en la regulación europea, con el pretexto de aplicar la última Directiva de Servicios Audiovisuales –especialmente en la publicidad indirecta y en el tiempo de las «telepromociones»–, disminución de obligaciones respecto al cine y la producción audiovisual –incluyendo la ficción serial en las inversiones exigidas antes para obras unitarias–, etc.