AAVV - La crisis de la televisión pública

Poco tiempo después, con el nuevo Gobierno de Mariano Rajoy (PP) en el poder, las Cortes Generales aprobaron la Ley 6/2012, de 1 de agosto, que modificaba la ley anterior, señalando en su preámbulo que

la situación económica y la necesidad por parte del conjunto de las Administraciones Públicas de acometer actuaciones que faciliten la consolidación presupuestaria y el saneamiento de las cuentas públicas, aconseja dotar a las Comunidades Autónomas de mayor flexibilidad en la prestación de su servicio de comunicación audiovisual […] pudiendo optar por la gestión directa o indirecta del mismo a través de distintas fórmulas que incluyan modalidades de colaboración público-privada.

Estos profundos cambios, que permiten privatizar la gestión de servicios de las radiotelevisiones autonómicas, de titularidad pública, se producían unos pocos meses después de la modificación del régimen de administración de la Corporación RTVE (Ley 17/2006, de 5 de junio), mediante el Real Decreto-ley 15/2012, de 20 de abril, que fracturaba el modelo de gestión independiente, desde un punto de vista político, de la radiotelevisión pública estatal, que tanto tiempo había tardado en llegar desde el final de la dictadura franquista.

De este modo, los cambios normativos introducidos en los últimos años constituyen, de facto, un cuestionamiento profundo del sentido mismo de lo que entendemos por «servicio público», en el ámbito de los medios de comunicación.

3. El valor de la radiotelevisión como servicio público

Así pues, la intensa actividad de los poderes ejecutivos a la hora de legislar sobre las radios y televisiones públicas parece sintomática de la enorme vitalidad que sigue teniendo en nuestro país el debate en torno al papel que han de tener los medios de comunicación públicos en nuestro sistema comunicativo, que enfrenta así a conservadores y progresistas, a neoliberales y socialdemócratas, a la derecha e izquierda políticas. No creemos exagerado afirmar que, en cierto sentido, nos hallamos ante la reedición del viejo debate, no por ello menos actual, en torno al equilibrio entre medios de comunicación públicos y privados que expresaba el conocido Informe MacBride, realizado para la UNESCO en 1980, sobre el papel de los medios de comunicación en el mundo contemporáneo.

En ese importante estudio se subrayaba la necesidad de corregir la desigualdad y los desequilibrios del mundo actual a través de la democratización de los medios de comunicación, constatando que la libertad de información y el desarrollo social de los países solo se podían garantizar mediante la existencia de una oferta mediática rica y plural. En definitiva, el Informe MacBride reclamaba la necesidad de una mayor intervención de los estados en el sistema comunicativo internacional. El documento suscitó numerosas críticas e incluso provocó el abandono de la UNESCO de países como Estados Unidos o Gran Bretaña, que lo interpretaron como «intervencionista». Más de treinta años después, se reconoce la importancia que tuvo el citado informe, que no se puede ignorar de ningún modo (Tresserras, 2005).

Emili Prado y Miquel de Moragas definen las radios y televisiones de «servicio público» como aquellas que ofrecen

garantías democráticas (especialmente defensa del pluralismo), estímulo a la participación ciudadana, función cultural, identitaria, social y de bienestar social, de equilibrio territorial, económico y desarrollo, motor de la industria audiovisual, innovación y experimentación creativas, función humanística y moralizadora, y función divulgadora y socializadora del conocimiento (Moragas y Prado, 2000: 379-380).

Sin duda alguna, el régimen de «austericidio colectivo» al que estamos sometidos por el actual Gobierno conservador en España, y por el pensamiento neo/ultraliberal, a nivel internacional (especialmente, en Europa), dificulta enormemente que el ciudadano medio pueda ser consciente de que los medios de comunicación públicos cumplen una importante función económica, social y cultural, que repercute, de forma más o menos tangible , en nuestras vidas.

4. El cierre deRTVV como telón de fondo: los retos de la gobernanza

Es evidente que el cierre de RTVV, o al menos el final de las emisiones de RTVV –ya que el cierre es un largo proceso que todavía no ha concluido, a fecha de febrero de 2015, en un sentido estricto–, ha tenido una fuerte repercusión en una parte importante de la sociedad valenciana, en especial en la comunidad académica universitaria.

En los últimos meses ha sido continua la convocatoria y celebración de encuentros, mesas redondas, conferencias, la publicación de artículos de opinión, de cartas al director, etc., en especial en la Comunidad Valenciana, así como un aumento notable de actividad en las redes sociales, todo ello a propósito de esta lamentable noticia de actualidad. En el campo de la política valenciana, hemos asistido a meses de duros enfrentamientos. Por desgracia, los partidos políticos de la oposición no pudieron impedir la aprobación en el Parlamento valenciano de la ley para el cierre y liquidación del servicio público de RTVV, con la mayoría absoluta del Partido Popular, el 27 de noviembre de 2013, un día triste para la historia de la Comunidad Valenciana, única autonomía con lengua propia que se ha visto privada de un servicio público de radiotelevisión. Habían pasado 29 años desde la aprobación de la Ley 7/1984 de Creación del ente RTVV, de 4 de julio, que fue apoyada unánimemente por todos los diputados de la cámara valenciana, y 24 años de emisiones ininterrumpidas. El debate previo a la votación de la «Ley 4/202013, de 27 de noviembre, de la Generalitat, de Supresión de la Prestación de los Servicios de Radiodifusión y Televisión de Ámbito Autonómico, de Titularidad de la Generalitat, así como de Disolución y Liquidación de Radiotelevisión Valenciana, SAU» permitió entender, con toda claridad, que la decisión tomada era de naturaleza política y no económica. En efecto, el principal argumento del cierre era la imposibilidad de asumir el coste de la readmisión de trabajadores, afectados por un expediente de regulación de empleo, aplicado durante 2012 y 2013, declarado nulo por el Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana.

El cierre y liquidación de esta radiotelevisión pública salía adelante con una votación bastante ajustada: 49 votos del Partido Popular, frente a 42 votos del resto de formaciones políticas. Fue un debate en el que el Gobierno valenciano, sin ningún informe serio que lo avalase, demostró su incapacidad para convencer racionalmente al resto de fuerzas políticas de la necesidad del cierre, que justificó alegando que la Generalitat Valenciana no podía asumir el coste financiero de la readmisión de más de un millar de trabajadores, a lo que obligaba el cumplimiento de la sentencia del alto tribunal. Un escenario que, según el ejecutivo, ponía en riesgo la continuidad de servicios más importantes como la sanidad y la educación.

Hoy, un año después, ese coste de la readmisión de trabajadores, que suponía poco más de 80 millones de euros, parece una cifra irrisoria si lo comparamos con los más de 250 millones de euros que la Generalitat Valenciana lleva gastados en el proceso de liquidación del servicio público de radiotelevisión, como ha sido reconocido por el propio Gobierno valenciano. Un gasto sin precedentes que priva a los ciudadanos de la comunidad de un servicio público de gran relevancia.

Sin lugar a dudas, la liquidación de RTVV se produjo en el contexto de una profunda desafección de la ciudadanía hacia su radiotelevisión pública, cuando las encuestas revelaban que una gran mayoría de valencianos/as no se sentían identificados/as con este proyecto comunicativo. Incluso muchos estudiantes de Ciencias de la Comunicación de las universidades valencianas contemplaron el cierre, al menos en un primer momento, con cierta indiferencia. Esto da cuenta del grado de adoctrinamiento del que todos somos víctimas, cuando antes nos hemos referido a «la expansión del pensamiento neo/ultraliberal», que ha dejado una profunda huella en el imaginario colectivo, asediado mediáticamente desde hace décadas. El paso del tiempo y el silencio de la señal de barras de TVV nos está ayudando a entender, incluso entre los ciudadanos más críticos con la desaparecida RTVV, que ese servicio público era y es imprescindible para la cohesión social y vertebración del territorio, para construir, en definitiva, la identidad de un pueblo, como el valenciano, que tiene una lengua y cultura propias, con una larga tradición histórica.