Eduardo Valencia Hernán - La transición española

Efectivamente, el 3 de enero de 1974, el nuevo presidente del gobierno juró su cargo ante el dictador con sorpresa generalizada incluso en el propio entorno del poder, ya que el candidato inicial era el almirante Pedro Nieto Antúnez.

«Hoy comienza otra página de nuestra historia política»397. Así comenzaba su crónica el periodista Ramón Pi, resaltando la noticia de que el nuevo gobierno hubiese cambiado de color y se hubiesen producido ciertos cambios respecto a la representación en el nuevo gabinete. Primero la desaparición de los tecnócratas, cuyo máximo exponente era Laureano López Rodó; y segundo, la vuelta de los católicos al gobierno.

El primer gabinete del gobierno de Carlos Arias agrupaba en gran medida a técnicos sin personalidad destacada y desde el primer momento pudo intuirse la fuerte desunión entre ellos agravado por la ausencia de un programa claro y sin rumbo por lo que, pese a las buenas intenciones y proclamaciones de profundas reformas auguradas por su presidente, lo que estuvo claro es que su paso por el reformismo fue fugaz. Sus más cercanos colaboradores fueron José García Hernández, Luis Rodríguez de Miguel, Antonio Carro y Pío Cabanillas; estando en segundo nivel Antonio del Valle y Carlos Álvarez Romero.

El contenido básico de su programa de actuación vino contemplado en el discurso pronunciado en las Cortes el 12 de febrero de 1974 cuyo contenido fue elaborado prácticamente por su colaborador, Gabriel Cisneros. El documento hacía mención del nuevo talante del gobierno con una información más escrupulosa y una resuelta apertura de los asuntos de Estado referidos al debate institucional y a la confrontación de la opinión pública añadiendo que no se excluían sino aquellos que se querían autoexcluir. Sin embargo, las cuatro medidas que se catalogaron como aperturistas: la retirada del Proyecto de Ley de Régimen Local y sustitución por otro que permitiera elegir alcaldes y presidentes de Diputación provincial; el nuevo régimen de incompatibilidades en las Cortes; el desarrollo de la Ley Sindical y la redacción de un estatuto de derecho de asociación para promover relaciones más generosas e integradoras, nunca estuvieron más lejos de cualquier esperanza democrática.

Este nuevo, querer hacer, resultó un engaño mayúsculo ante la opinión pública y no tardó mucho en delatarse, pues a los cuatro meses de este discurso, exactamente el 15 de junio, el presidente Carlos Arias añadía en Barcelona ante el ministro del Movimiento, José Utrera Molina, que el espíritu del 12 de febrero no quería ser nada distinto al espíritu permanente e indeclinable del régimen de Franco.

Sin embargo, en su relativamente corta experiencia de gobierno, no cabe duda de que si algo supo hacer bien este gobierno fue todo lo relacionado con el orden público, ya que era su obsesión permanente y no le faltaron ocasiones para hacer frente a numerosos envites. Recordemos la ejecución del anarquista Salvador Puig Antich el 2 de marzo de 1976, justo tres semanas después de su famoso discurso y coincidiendo con la retransmisión por televisión de un combate de boxeo en que participaba la estrella del momento, José Manuel Ibar «Urtain»; la resolución del llamado incidente provocado por el general Díez-Alegría al entrevistarse con el dirigente rumano, Nicolae Ceaucescu; por su actitud ante la primera enfermedad de Franco derivada de la sustitución provisional en la Jefatura del Estado por el rey y el ninguneo del dictador al comunicar a Carlos Arias su retorno a la Jefatura del Estado, quizás por presiones de su entorno más próximo: su médico personal, Vicente Gil, y el marqués de Villaverde.

Esta situación fue realmente perpleja, pues incluso los ministros se enteraron del cambio de poderes por la televisión, lo mismo que la mayoría de los españoles. Sin embargo, el golpe de gracia que desacreditó definitivamente esa apertura ficticia de la que se enorgullecía el presidente Arias fue la destitución, ordenada por Franco, del progresista ministro de Información, Pío Cabanillas, y la posterior dimisión del ministro económico, Antonio Barrera de Irimo.

Parece ser que estos cambios ministeriales fueron provocados por las presiones del ministro secretario general del Movimiento, José Utrera, en relación con la decisión de aceptar el ministro de Información y Turismo, que se entrevistase a Felipe González en la televisión y, sobre todo, por la apertura de la pornografía en los medios audiovisuales y escritos, algo que Franco no podía consentir.

Los sustitutos elegidos por Carlos Arias con la aquiescencia del Caudillo, pues como dijo el propio presidente «el que manda, manda», fueron Cabello de Alba y León Herrera, curiosamente, ninguno de los dos adscritos al búnker.

Por otro lado, ya se cumplía un mes de la huelga de hambre del padre Xirinachs en Carabanchel, y con ese motivo, el SCPAC emitió un comunicado el 4 de enero como carta abierta dirigida al sacerdote, pidiendo el fin de su actitud, ya que el riesgo por su vida aumentaba. Este mensaje coincidió con la publicación oficial de la lista del nuevo gobierno en la que resaltaba que no había ningún representante del Opus Dei ni tampoco de los propagandistas, incorporándose destacadas personalidades de la política, la diplomacia y la empresa pública. El gabinete estaba compuesto por tres vicepresidentes del gobierno. El primero era el ministro de la Gobernación, José García Hernández; el segundo era el de Hacienda, Antonio Barrera de Irimo; y el tercero fue el de Trabajo, Licinio de la Fuente; siguiendo a continuación el de Exteriores, Pedro Cortina Mauri; Justicia, Francisco Ruiz Jarabo; Ejército, teniente general Francisco Coloma Gallegos; Aire, teniente general Mariano Cuadra Medina; Marina, almirante Pita da Veiga; Planificación y Desarrollo, Joaquín Gutiérrez Cano; Educación, Cruz Martínez Esteruelas; Relaciones Sindicales, Alejandro Fernández Sordo; Información y Turismo, Pío Cabanillas Gallas; secretario general del Movimiento, José Utrera Molina; Obras Públicas, Antonio Valdés González Roldán; Agricultura, Tomás Allende y García-Baxter; Vivienda, Luis Rodríguez de Miguel; Industria, Alfredo Santos Blanco; Comercio, Nemesio Fernández Cuesta y subsecretario de la Presidencia, Antonio Carro Martínez.

El programa de gobierno se basó preferentemente en la absoluta decisión de mantener el orden público, anunciando que haría uso de toda su autoridad con rigor y serenidad para defender el bien común y mantener un orden en cuyo marco los españoles pudieran ejercitar y desarrollar sus derechos y libertades. En el apartado económico se promocionaría a los sectores más necesitados en el intento de aumentar el nivel de bienestar, reforzando, a su vez, las estructuras políticas, con especial atención al tema de la participación política de los ciudadanos, que habría de ser promovida y estimulada, teniendo en cuenta la madurez cívica del pueblo. También se tendría especial atención a la juventud y confianza en el futuro; y finalmente, en lo que respecta al plano internacional, el gobierno contribuiría desde España a la paz del mundo, mediante la expresión y los lazos que unían a nuestro país con culturas colindantes y transatlánticas398.

Con la entrada de Pío Cabanillas en la cartera de Información y Turismo sustituyendo a Alfredo Sánchez Bella, se produjo una cierta apertura informativa, reduciéndose el carácter represor y sancionador bajo su mandato. Como ejemplo de ello, la televisión mostraba un tenue aperturismo en los contenidos informativos de los telediarios de la Primera y algunos programas culturales vanguardistas en la Segunda Cadena (UHF), todo bajo el denominado «espíritu del 12 de febrero». Sin embargo, este cambio de actitud no duró mucho, ya que la presión formulada por el sector más reaccionario del bunker encabezado por José Antonio Girón399 a través del diario Arriba, consiguió que en diciembre de ese mismo año Pío Cabanillas presentara su dimisión junto con otros destacados cargos del gobierno como Barrera de Irimo, Juan José Rosón, Juan Luis Cebrián, Francisco Fernández Ordóñez, Marcelino Oreja y Ricardo de la Cierva400.