José Portolés Lázaro - La censura de la palabra

Existen, al menos, dos tipos: hechos brutos y hechos institucionales. Una piedra, un árbol, una carretera o una tachadura en un papel son hechos brutos; un informe geológico para una prospección petrolera, las subvenciones al olivar de la Unión Europea, la preferencia en los cruces de los coches de bomberos o los índices de libros prohibidos de la Inquisición española son hechos institucionales. Si nos fijamos, hemos nacido y hemos crecido en una cultura construida a partir de hechos institucionales que nos son tan cercanos como los propios hechos brutos: los padres tienen responsabilidades para con sus hijos, pagan con el dinero que ganan en sus trabajos sus alimentos y la casa en la que habitan, y los niños cada mañana van a la escuela, donde los profesores tienen unas obligaciones y ellos otras. ¿Son estos hechos institucionales –las responsabilidades de los progenitores, el dinero, la enseñanza escolar y sus deberes– menos reales que el hielo de los polos o los rayos ultravioletas? Así las cosas, en su argumentación, Searle basa la existencia de las distintas instituciones humanas en una primera: el lenguaje, ya que sin él no se explicaría el resto. Comprobémoslo con un primer ejemplo de censura oficial: el bando nacional promulgó en plena Guerra Civil española una ley de prensa que estuvo vigente hasta 1966 (BOE, 23-04-1938). A raíz de su aprobación se requirió un permiso especial para ejercer como periodista, 6 a las nuevas publicaciones se les exigía una autorización administrativa, se regulaba, asimismo, la intervención gubernativa en la designación del personal directivo de los periódicos –se imponía un cierto censor interno– y, por último, se instituía la censura previa (§ 9.5.2): los periódicos y revistas debían enviar a la censura aquello que iba a aparecer en sus páginas antes de ser publicado –artículos, fotografías, dibujos o publicidad–. 7 Todo este complicado aparato censor precisaba de la existencia del lenguaje, se ocupaba de él y había de estar condicionado por sus propiedades. En suma, volviendo a Searle, el hecho institucional primario del lenguaje permitía y determinaba los hechos institucionales de la censura franquista. 8

Desde una perspectiva de estudio distinta de la teoría de actos de habla, los investigadores del análisis de la conversación ( Conversation Analysis ) llegan a unas conclusiones similares. Aquellos analistas que se dedican a la elucidación de la comunicación oral en las instituciones mantienen que, bajo sus peculiaridades comunicativas, se advierten las características propias de la conversación cotidiana. Lo que sucede es que algunos hechos que se encuentran esporádicamente en las conversaciones se vuelven recurrentes en interacciones institucionales por estar sus tareas fuertemente orientadas a un fin determinado. 9 Este vínculo entre lo diario y lo institucional va a posibilitar que acercarse al funcionamiento de la interacción verbal permita comprender mejor los distintos tipos de interdicción censoria: desde la prohibición de unos padres de que sus hijos discutan de política en la mesa, a la compleja censura oficial de prensa de la España franquista. Se trata de partir de los conocimientos adquiridos en los estudios del uso cotidiano de la lengua para poder también iluminar la censura en el discurso público , esto es, en aquel discurso –oral o escrito– que acontece en el domino público propio de algún tipo de institución social. Este discurso público se produce tanto en los medios de comunicación o la política como en cualquier otra comunicación en los ámbitos institucionales: una queja del cliente de una empresa, una consulta al médico o una pregunta en clase. En definitiva, se defiende en este estudio que se puede transitar de una pragmática tout court a la que Sarangi (2011) denomina pragmática social.

En cuanto a la denominación del objeto de estudio –la censura – , se ha de tener presente que la pragmática recurre frecuentemente a términos del habla cotidiana. Emplea cortesía, conversación, contexto o ironía de un modo técnico que, si bien no es aplicable a todas las apariciones de estos sustantivos en las conversaciones diarias, tampoco les es absolutamente ajeno. Algo semejante va a suceder con el uso terminológico del sustantivo censura y del verbo censurar en estas páginas. Por una parte, quienes las lean reconocerán la mayor parte de los fenómenos discursivos estudiados como ejemplos de censura, pero, paralelamente, serán conscientes de que otros usos habituales de estas dos palabras quedarán fuera de la categoría que se delimita. Se contempla, pues, un conocimiento metalingüístico propio de los hablantes que se refleja en el léxico general y se intenta perfilar de un modo que sea útil para análisis más técnicos. 10

El término censura proviene de la magistratura romana ejercida por el censor . Este sustantivo, a su vez, deriva del verbo censeo (‘valorar, clasificar’) y de census (‘censo’). El origen de esta magistratura se explica por el carácter timocrático de la sociedad romana, en la que desde sus inicios los deberes y los derechos de los ciudadanos se basaban en sus propiedades. El censor romano distribuía a los ciudadanos en las clases censitarias y establecía el impuesto correspondiente. Para llevar a cabo esta tarea, era precisa una detallada información de sus propiedades y de sus relaciones familiares y, en consecuencia, el censor obtenía noticia de su vida personal. Este tipo de conocimiento condujo a que el censor no se ocupara únicamente de los bienes de los ciudadanos, sino que también atendiera a sus costumbres ( cura morum ), en la convicción de que la clase alta romana debía conservar las costumbres tradicionales y ser ejemplo para las demás. 11

Si este es el origen de la palabra, el Diccionario del español actual [DEA] de Seco, Andrés y Ramos (1999, s.v.) recoge reprobación como primera acepción en el español general del sustantivo censura . Una de las citas que presenta como ejemplo es: «... para aguantar cara a cara las miradas de censura de mi tía Juana» (J. Benet). Sin embargo, no es esta la acepción que nos interesa en nuestro estudio, sino la segunda: «Examen oficial de publicaciones, emisiones, espectáculos o correspondencia, con el fin de determinar si hay algún inconveniente, desde el punto de vista político o moral, para su circulación, emisión o exhibición». De acuerdo con esta segunda definición, existe un tipo de interacción de varios participantes en la que un tercero –quien actúa como censor–examina lo que un emisor quiere comunicar a su destinatario (§ 1.2). Obsérvese que esta característica fundamental de la segunda acepción no se da necesariamente en la primera, ya que para la reprobación son precisos únicamente dos participantes en la interacción: quien reprueba –la tía Juana– y quien ha cometido la acción reprobable –el sobrino que sufre sus miradas–. Así pues, si se toma como rasgo distintivo de la categoría pragmática de censura el criterio de tratarse de un hecho interaccional con un tercer participante –una interacción triádica–, los casos en los que el uso de la palabra se limita a una simple reprobación quedan fuera de nuestro uso terminológico.

De todos modos, tampoco la segunda acepción del DEA se acomoda por completo a nuestros intereses. Es demasiado restrictiva para un estudio que aspire a fijar un concepto pragmático, pues se ocupa únicamente del prototipo histórico de censura: la censura previa oficial (§§ 1.4.1 y 9.5.2). En realidad, cualquier persona puede censurar, aunque no pertenezca a una institución oficial. También censura quien marca como inapropiado el comentario de una noticia a sabiendas de que, con esta indicación, los administradores de un periódico digital la eliminarán de la página web. Adviértase que, de nuevo, en esta interacción existen al menos tres participantes –quien colgó el comentario, quienes tal vez desearían leerlo y quien lo marca para que desaparezca–. 12

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