Carolina Acosta Ramos - Régimen cambiario e inversión extranjera en Colombia

Agradecemos a los autores, quienes, a pesar de sus importantes y demandantes actividades profesionales, se comprometieron desde el principio para plasmar su experiencia y conocimientos en este proyecto académico. Un especial reconocimiento para Carolina Acosta Ramos, por su disciplinada labor en el proceso de autoría, coordinación, edición y revisión de la obra, sin cuyo liderazgo y activa participación no hubiera sido posible finalizar acertadamente este proyecto académico. También agradecemos el apoyo de María Camila Lizarazo Gonzalez y Natalia Galvis Yandar, asistentes de investigación del Departamento de Derecho Fiscal.

Igualmente agradecemos a todo el equipo del Departamento de Publicaciones, en especial a su Director, Doctor Jorge Sánchez, por su acostumbrado y permanente apoyo en todo el proceso que conlleva la publicación del presente libro.

Finalmente, esperamos que esta obra sea de gran acogida y que nuestros estudiantes, principales destinatarios de nuestras investigaciones, encuentren en ella una respuesta académica de los más altos estándares como las que caracterizan a esta casa de estudios. Esperamos que esta obra contribuya a la difusión del conocimiento del régimen cambiario y de inversión extranjera en Colombia.

OLGA LUCÍA GONZÁLEZ PARRA

SUMARIO: Introducción. 1. Ámbito de aplicación y marco normativo. 2. Objetivos del régimen cambiario. 3. Autoridades competentes en el régimen cambiario. 4. Residencia para efectos cambiarios. 5. Mecanismos de canalización. 6. Operaciones cambiarias del mercado libre. 7. Declaración de cambio. 8. Cuentas bancarias en el exterior y cuentas de compensación. 9. Las monedas virtuales o criptomonedas. Conclusiones.

El presente capítulo introductorio busca contextualizar al lector interesado en los temas del régimen de cambios internacionales que se desarrollan a lo largo de la presente obra colectiva; bajo ese entendido, en el capítulo se explica el ámbito de aplicación, la importancia del régimen cambiario y la distribución de competencias entre las instituciones del Estado en su regulación, administración y control. Así mismo, se analiza la evolución del concepto de residencia para efectos cambiarios, y posteriormente se distingue entre las operaciones de obligatoria canalización, como una de las formas de control de las operaciones establecida por las autoridades y sobre las cuales el uso de las declaraciones de cambio es obligatorio, y las operaciones de mercado libre de divisas. Igualmente, se mencionan las dos formas básicas de canalización establecidas en Colombia, y se plantea la diferencia entre las cuentas bancarias en el exterior y las cuentas de compensación. Para terminar se recogen algunos planteamientos respecto de las monedas virtuales o criptomonedas que han surgido como consecuencia del desarrollo tecnológico y que aparentan desafiar el sistema cambiario tradicional.

El régimen cambiario comprende las normas aplicables a las operaciones, negocios o transacciones celebradas entre personas residentes y no residentes en Colombia, que envuelven la entrega de divisas o moneda extranjera. En virtud de las normas cambiarias las operaciones o pagos de residentes efectuadas al exterior, y de no residentes hacia Colombia que involucran divisas se ven sometidas al cumplimiento de requisitos o procedimientos encaminados a conocer los términos de las transacciones internacionales, y a partir de ello, permitirles a las autoridades contar con información cierta acerca de las relaciones comerciales del país con el resto del mundo.

La doctrina ha entendido que el establecimiento de normas relativas a los cambios internacionales por los Estados modernos es una manifestación de la soberanía gubernamental en materia económica ( Hernández, 2017: 15); así, entre sus funciones esenciales tendientes a garantizar la estabilidad de la moneda nacional como elemento indispensable del orden económico, los Estados imponen restricciones al intercambio de divisas de sus residentes para las operaciones que realicen en el exterior.

Según el régimen colombiano sobre cambios internacionales actualmente vigente las normas cambiarias definen i) Las operaciones sometidas al régimen cambiario; ii) Las autoridades competentes para establecer normas cambiarias, así como para vigilar su cumplimiento; iii) Las personas o entidades que tienen la calidad de Intermediarios del Mercado Cambiario (IMC), como las entidades financieras, y las operaciones que les son autorizadas; iv) Los procedimientos administrativos establecidos para el cumplimiento de las normas cambiarias, y (v) Las sanciones aplicables en caso de incumplimiento de las normas cambiarias, tanto a los IMC como a sus usuarios; aspectos que serán abordados y estudiados en detalle a lo largo de la presente obra colectiva.

Así, en esencia el régimen cambiario actualmente vigente está contenido en las siguientes disposiciones:

– Artículos 113, 150, 189, 371, 372 y 373 de la Constitución Política. En los primeros tres se establece la distribución de competencias entre las ramas del poder público indicando expresamente la competencia del Congreso de la República para regular, mediante una ley general o ley marco, los principios generales del régimen cambiario nacional. Así mismo, por disposición del artículo 371 se establece expresamente que el Banco de la República está organizado como persona jurídica de derecho público, con autonomía administrativa, patrimonial y técnica, sujeto a un régimen legal propio, cuyas funciones principales son regular la moneda, los cambios internacionales y el crédito; emitir la moneda legal; administrar las reservas internacionales; ser prestamista de última instancia y banquero de los establecimientos de crédito, y servir como agente fiscal del gobierno, las cuales deben ser ejercidas en coordinación con la política económica general; además, se obliga al Banco a rendir un informe al Congreso sobre la ejecución de las políticas a su cargo. Por su parte, en el artículo 372 se designa la Junta Directiva del Banco de la República (JDBR) en sustitución de la antigua Junta Monetaria, otorgándole la calificación de máxima autoridad en materia monetaria, cambiaria y de crédito, que actúa independientemente del gobierno.

A su vez, en el artículo 373 de la norma superior se establece el principio constitucional de la moneda sana a través del cual el Estado, por intermedio del Banco de la República, debe velar por el mantenimiento de su capacidad adquisitiva. En ese orden de ideas, dispone que el Banco no podrá establecer cupos de crédito, ni otorgar garantías a favor de particulares, salvo cuando se trate de intermediación de crédito externo para su colocación por medio de los establecimientos de crédito, o de apoyos transitorios de liquidez para los mismos. Las operaciones de financiamiento a favor del Estado requerirán la aprobación unánime de la Junta Directiva, a menos que se trate de operaciones de mercado abierto. Por lo tanto, en ningún caso el legislador podrá ordenar cupos de crédito a favor del Estado o de los particulares.

Así mismo, en concordancia con el artículo de la Ley 31 de 1992, donde se fijan las atribuciones de la JDBR, y de común acuerdo con el Ministro de Hacienda y Crédito Público, el artículo 373 debe determinar la política de manejo de la tasa de cambio; y en caso de desacuerdo, prevalece la responsabilidad constitucional del Estado de velar por el mantenimiento de la capacidad adquisitiva de la moneda (art. 16, lit. i); de manera que esa potestad de intervención al manejo discrecional de la tasa de cambio se limita a la obligación de conservar el poder adquisitivo de la moneda en aplicación del principio de la moneda sana.