En efecto, un asunto que veremos aparecer de manera transversal en los escritos, de manera expresa o tácita, es la discriminación a los ciudadanos venezolanos: “venecos”, “perezosos”, “acostumbrados a las ayudas sociales” y “enfermos” son solo algunas de las apelaciones contra los nacionales del vecino país. En un país como Colombia, el segundo más inequitativo de la región y con un índice de Gini de 0,53 [3], algunas voces se han despertado para denunciar que la solidaridad debería darse primero a los nacionales y no a los extranjeros.
Todos estos desafíos se hacen especialmente apremiantes de cara a un flujo migratorio sin precedentes en la región, la salida masiva de venezolanos en un corto lapso. Las autoridades de todos los niveles han dicho que la institucionalidad colombiana no estaba preparada para afrontar este fenómeno, que no vimos venir. En realidad, los venezolanos no empezaron a llegar a nuestro territorio de la noche a la mañana: la situación del vecino país no se degradó de manera inesperada, y las trochas que hoy se usan para entrar a nuestros territorio no fueron abiertas recientemente. Sin embargo, como lo podremos señalar en esta investigación, los desafíos que implica la correcta gobernanza del fenómeno que tenemos al frente son grandes y exigen medidas de corto, medio y largo plazos.
I. ALGUNAS CIFRAS DE BASE
Obtener y reportar cifras absolutas en materia migratoria resulta una tarea imposible, teniendo en cuenta que las fronteras son espacios vivos y que cualquier labor de registro migratoria, por juiciosa que sea, no resulta exhaustiva. Con esto en mente, Migración Colombia reporta la presencia de 953.593 venezolanos en Colombia a 30 de agosto de 2018 [4].
Nuestro país es el principal destino para los venezolanos. El Registro Administrativo Migratorio adelantado entre el 6 de abril y el 8 de junio de 2018 arrojó cifras oficiales sobre la tendencia migratoria según las cuales a la fecha de corte se había reportado 381.735 venezolanos en situación de irregularidad: 45.896 superaron el tiempo de permanencia o ingresaron sin autorización y 442.462 estaban en proceso de regularización ( Migración Colombia, 2018).
De las 442.462 personas registradas (equivalentes a 235.535 familias), se estableció que el 50,2 % eran hombres y el 49,8 % mujeres (y el 0,075 % transgénero), el 26 % menores y el 74 % adultos 5.
Como ha podido evidenciarse, con este y otros procesos de caracterización de población venezolana en Colombia, a pesar de que las razones para migrar pueden variar entre un caso y otro, se presenta una tendencia a hacerlo motivados por razones de inseguridad, carencias alimentarias (93.420 de los entrevistados en el Registro Administrativo de Migrantes Venezolanos ‘RAMV’ reporta haberse quedado en su hogar sin alimentos en los últimos tres meses) o falta de acceso a servicios de salud, entre otras (16.812 personas reportaron sufrir enfermedades crónicas). La caracterización adelantada por el Servicio Jesuita para los Refugiados et al . señala que al preguntarles a las personas sobre las razones para salir del país, reportan “vulneraciones a su derecho a la vida, libertad, seguridad, alimentación, salud, a vivir una vida digna y tener sosiego. Se debate entre la vida, el hambre, la enfermedad y la salud mental”. ( Servicio Jesuita de Refugiados, 2018). Este mismo reporte afirma que el 83,6 % de los encuestados ha emigrado buscando ambientes más seguros.
En efecto, la situación en Venezuela resulta alarmante: la inflación, según las estimaciones del Fondo Monetario Internacional, subirá al 1.000.000 %, situándolo como el país con mayor inflación del mundo ( FMI, 2018). El vecino país se sitúa entre los veintiún países más peligrosos del mundo 6, y Caracas ha sido reportada como la segunda ciudad del continente más violenta (detrás de los Cabos, en México, con una tasa de 111,19 homicidios por cada mil habitantes) 7. En materia de pobreza, de acuerdo con la Encuesta Nacional de Condiciones de Vida ( UCAB, 2017), la pobreza en Venezuela pasó de un 48,4 % en 2014 a un 87 % en 2017, con un 61,2 % de pobreza extrema. Las condiciones en materia de desnutrición y acceso a servicios de salud resultan también alarmantes, tal como lo analizaremos en el respectivo capítulo. Frente a este panorama, la salida de venezolanos se ha dado como una estrategia familiar de supervivencia, frente a un panorama nacional hostil.
El éxodo hacia nuestro país se ha presentado de manera progresiva, empezando por grandes empresarios opositores al régimen de Hugo Chávez, pasando por jóvenes y personas muy bien calificadas, hasta llegar al momento actual, cuando las condiciones han forzado a cientos de miles de personas a salir en un esfuerzo desesperado por satisfacer sus necesidades más básicas. Las primeras llegadas de venezolanos a Colombia pasaron inadvertidas, y como lo veremos, fueron reportadas por la prensa de forma incluso positiva. Estos migrantes fueron absorbidos sin mayores trastornos por la sociedad colombiana; las políticas del Gobierno socialista de Hugo Chávez hacían que el comercio siguiera floreciendo en las regiones de frontera, con las diferencias entre los precios subsidiados y los locales, alimentando sobre todo el contrabando entre las dos naciones. Como una forma de efecto espejo, cuando más se enrarecía el ambiente económico en el vecino país más inversión extranjera llegaba al nuestro, más compañías regionales trasladaban su personal de Caracas a Bogotá, atraídas por la confianza inversionista que no encontraban allá. Es solo en el contexto actual —donde la degradación de las condiciones de vida de los venezolanos los ha forzado a salir masivamente de su país— cuando los gobiernos de la región han tomado conciencia de reaccionar frente a la situación que ha ido consumiendo al vecino país.
Además de esta realidad, en el contexto degradado que se ha descrito son muchos los colombianos que han decidido retornar a nuestro país y muchas las familias binacionales que han decidido venir a Colombia huyendo de las situaciones referidas. Las cifras reportan más de 250.000 retornados de Venezuela, para quienes comenzar de nuevo en un país que les es ahora extraño y el dejar su proyecto de vida atrás después de mucho esfuerzo resulta una tarea complicada.
II. RESPUESTA INSTITUCIONAL
El Estado colombiano ha dispuesto medidas excepcionales y de carácter temporal para hacerle frente al fenómeno, las cuales se han encaminado a formalizar a la población con estatus administrativo irregular mediante campañas temporales de regularización, las cuales les han permitido a los venezolanos acceder a permisos especiales de permanencia (PEP) para poder trabajar de forma regular y acceder a servicios de salud y educativos. El registro administrativo de venezolanos adelantado (RAMV) reportó que en los siete departamentos fronterizos entre Venezuela y Colombia está el 47 % de la población, mientras el otro 53 % está en el resto del país, con lo cual se hizo evidente que la situación no corresponde a un fenómeno de frontera, sino que ha alcanzado todos los confines del territorio nacional, por lo que se ha señalado la necesidad de ampliar la oferta institucional y disponer de recursos para hacerle frente al fenómeno.
Ahora bien, a pesar de los grandes esfuerzos desplegados por el Estado colombiano, al momento de redactar estas líneas se han presentado realidades que escapan a las medidas que ha adoptado la institucionalidad para hacerle frente al fenómeno. Existe una gran cantidad de personas con necesidades de protección internacional y en especiales condiciones de vulnerabilidad, como mujeres migrantes, miembros de comunidades indígenas, niños no acompañados, o migrantes que por las condiciones en las que han decidido emprender el viaje están expuestos a toda clase de peligros, como los llamados “caminantes”, los cuales atraviesan a pie páramos, desiertos y zonas peligrosas con tal de continuar su viaje. Respecto a estas personas los retos son aún mayores, de cara a la ausencia de una perspectiva ni humanitaria ni diferencial en la política de atención propuesta.
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