Ligia Montoya Echeverri - Cómo ser un buen médico calificador

Este fragmento resume de forma magistral las exigencias humanas de la profesión médica, inseparables del proceso de evaluación pericial.

Los procesos de calificación se encuentran enmarcados en el contexto político de un sistema de protección social, en el que la valoración adquiere significado y regula dinámicas de poder político entre el Estado y los ciudadanos. Están inmersos en un cuerpo normativo que precisa los requisitos para efectuarlos, las características técnicas de los evaluadores y el alcance de los actores del sistema, en el que hay calificados, quienes los califican y una serie de entidades encargadas de resolver el problema social de la discapacidad, cuyos orígenes en América Latina y en nuestro país ya se mencionaron, con impacto primordial en el ámbito laboral, pero con repercusiones en todos los demás órdenes sociales. Existen además lineamientos y estándares internacionales que se han incorporado en planes, políticas, legislaciones y prácticas nacionales relacionados con la discapacidad y la rehabilitación, y que constituyen guías para interpretar los derechos y las libertades fundamentales en relación con las personas en situación de discapacidad. El concepto de justicia es importante en la actividad pericial, pues es el fin último que persiguen muchos de los procesos sociales y políticos relacionados con las compensaciones y reparaciones de daños a la salud; la noción de justicia tiene asiento en cada orden social, en cada sistema político y en el sistema de valores de una sociedad determinada. En general, en las sociedades occidentales modernas, surge del concepto de que “todos los seres humanos nacen libres e iguales”, pero en un contexto individualista, en el que existe competencia más que solidaridad entre los miembros del conglomerado social. El concepto de libertad es importante para entender la dinámica de las compensaciones, dirigidas a conservar este valor asociado a la autonomía e independencia que precisa la solución efectiva de las necesidades básicas de los individuos. En los sistemas de protección social hay valores y nociones de justicia social discutibles en el caso colombiano, por tratarse de una sociedad dominada por una gran inequidad estructural y que ha optado por la mercantilización de los servicios públicos de protección social. De esta tendencia no se han salvado los servicios médicos y las prestaciones sociales, que sufren la presión constante del mercado y del negocio privado, y que se debaten en la paradoja de hacer protección social sin afectar los intereses particulares y el ánimo de lucro de las entidades administradoras.

De este modo, el quehacer del médico perito está marcado por presiones y contradicciones profundas que lo obligan a reflexionar de forma constante sobre su actividad para mantenerse fiel a los postulados éticos y morales de una profesión cada vez menos liberal, y a no faltar en especial al principio de darle prioridad al paciente o evaluado sin mirar las condiciones económicas, políticas, raciales, religiosas o culturales que pudieran distanciarlo de su papel de acompañante altruista y defensor de las personas en situación de discapacidad y con frecuencia de indefensión.

5. Tipos de dictámenes médico-laborales

Las experticias o dictámenes médicos pueden ser de varios tipos: del origen de la enfermedad o del accidente, de la pérdida de capacidad funcional o laboral, de la determinación de la fecha de estructuración, de la definición de la duración de la incapacidad temporal y de la correlación médico-legal, o sea, la relación entre un actuar médico y un daño o lesión específica. Para entender las especificidades de cada una de estas experticias, procedemos a explicarlas.

Definición del origen

Se trata de establecer la relación causal de un determinado daño, sea traumático o no, con una contingencia o noxa definida. El dictamen de origen busca establecer si el daño es de origen laboral o común, es decir, si un trauma o una enfermedad se puede explicar de forma causal por los factores de riesgo de inseguridad o de higiene presentes en un oficio o en un ambiente laboral dados. Para hacer este ejercicio, es necesario tener en cuenta tres elementos: un soporte jurídico o definición legal del accidente de trabajo y de la enfermedad laboral, el análisis de la historia clínica del evento de salud y el estudio de la exposición al factor o los factores de riesgo implicados en su génesis en el oficio o ambiente de trabajo del afectado. A partir del análisis causal de estos casos se definirá si el evento es accidente de trabajo o accidente común, o si se trata de enfermedad laboral o enfermedad común o general. Este dictamen, con frecuencia, debe apoyarse en conceptos jurídicos apropiados y es responsabilidad del médico, por la necesidad de conocimientos sobre la patología y el daño a la salud de muy variada índole, junto con el dominio de las condiciones de insalubridad del ambiente de trabajo.

Dictamen de calificación de la pérdida de capacidad funcional o laboral

Esta evaluación está orientada a establecer la existencia de secuelas y su valoración de acuerdo con el baremo aplicable (régimen general de la Ley 100 de 1993; baremos del magisterio, de las Fuerzas Militares o de la Empresa Colombiana de Petróleos [Ecopetrol]; Decreto 776 de 1987; o evaluación de beneficiarios, Resolución 583 de 2018) para definir la presencia de una incapacidad permanente parcial o invalidez de cualquier origen en un individuo. Las calificaciones pueden ser cuantitativas o cualitativas, según las necesidades del caso, y pueden hacerse para diferentes procesos administrativos o litigiosos en instancias judiciales. En los casos de valoración de población trabajadora activa, sea por accidente de trabajo, por enfermedad laboral o por lesiones de origen común, el perito debe verificar la terminación del tratamiento correctivo aplicable y la rehabilitación física y laboral (esta última a cargo de las arl en trabajadores afiliados al sgssi), según lo normado en el artículo 5.º del Decreto Ley 1295 de 1994, y medir el impacto de todas estas acciones reparativas y rehabilitadoras en la funcionalidad del individuo para establecer la existencia de secuelas estables, cuya valoración se hará con base en el baremo aplicable según el régimen de protección de cada caso. Recientemente, el Ministerio de Salud y Protección Social expidió la Resolución 583 de 2018, en la cual se emitió el baremo para la certificación, registro y caracterización de la población en situación de discapacidad (que no labora), necesario para acceder a los beneficios definidos en la ley.

Dictamen de definición de la fecha de estructuración

En los dictámenes expedidos para los procesos administrativos, la regla general es que se incluya la fecha de estructuración del daño o del porcentaje de pérdida asignado. Este punto es de vital importancia, en especial en la calificación del daño de origen común, pues sirve para definir las normas aplicables y el reconocimiento de los derechos solicitados, además de los pagos retroactivos del caso. Con frecuencia se solicita su revisión para procesos judiciales y en este dictamen el estudio cronológico de la historia clínica suele ser la clave para su fundamentación y argumentación. Este dictamen es un ejercicio exclusivo del médico perito.

Definición del término de la incapacidad temporal

Es el establecimiento del tiempo de incapacidad temporal o del tiempo de reparación o cicatrización de los daños físicos o mentales objetivados para lograr la compensación respectiva; también es importante este análisis para definir la fecha de estructuración del daño y suele ser necesario en pólizas privadas, en las que se contempla este aspecto en las cláusulas compensatorias, y por supuesto en los dictámenes para la justicia penal, en los que su duración determina la pena aplicable al causante del daño. Este análisis es responsabilidad total del médico perito.