Luis Fernando González Escobar - Ciudad y arquitectura urbana en Colombia, 1980-2017

Un ejemplo destacado es La Gaitana, en donde se articularon las canchas deportivas, la plaza de mercado, el centro de salud, la iglesia, el salón comunal y la guardería, mediante la implementación de zonas verdes, una rotonda y senderos peatonales. Ya para 1988 se consideraba que este proyecto había logrado los propósitos de transformar lo encontrado, y el barrio se había convertido en el centro de la vida comunitaria de este sector de Suba. Más destacada aun es la intervención en la plaza cívica Juan Pablo II, diseñada por Stoa Arquitectura (los hermanos Enrique y Humberto Silva Gil), con la participación de los habitantes del barrio: “en su conformación, la plaza cívica acoge la pendiente del terreno y crea un anfiteatro circular en cuyo pavimento reprodujeron, a base de granito lavado y pigmentos minerales, las imágenes de La Creación de Miguel Ángel y una inscripción recordatoria de la visita del pontífice que da nombre al barrio”.45 La plaza era el nodo de la intervención sobre las calles aledañas que confluían allí, para que como espacio urbano se relacionara con todos los otros equipamientos comunales.

En el caso de Medellín, se buscaba solucionar los problemas de la vivienda y el entorno inmediato —legalización de predios, estabilización geológica y mitigación del riesgo, acceso a la vivienda, dotación de agua, entre otros—, para llegar a la visión de la escala barrial, zonal e incluso de ciudad, en las comunas del centroccidente, centroriente y nororiente, aunque estas intervenciones también tenían un alto componente político, económico y sociológico, teniendo en cuenta el momento crítico en el cual fueron formuladas. Mediante los planes de intervención zonal se definió el ordenamiento urbanístico, donde se incluían los núcleos barriales y zonales, y algunos proyectos arquitectónicos, fundamentalmente los denominados liceos zonales y los equipamientos comunitarios. Se trata, así, de proyectos con arquitectura muy convencional y escala modesta, que recurren a las técnicas y materiales tradicionales, pero que en su momento sirvieron a los propósitos de ir desactivando el conflicto y ser escenario de encuentro y convivencia.

Hay que destacar en estos proyectos que no era únicamente el arquitecto quien definía la intervención, pues la comunidad hizo parte de los “talleres participativos” que les dieron la forma final. El énfasis dado a otros propósitos, a otras necesidades consideras prioritarias, hacía que la arquitectura no fuera tenida como importante para la solución de las problemáticas, sino como una consecuencia de las necesidades. De esta manera, los edificios eran una resultante de las demandas y las prioridades, apenas las básicas e inmediatas, mediante la planificación participativa; de ahí su poca relevancia y jerarquía en el paisaje barrial, a pesar de que, como en el caso de Bogotá, pretendían ser los desencadenantes de la transformación en los entornos inmediatos a su implantación, lo que en términos más contemporáneos se denominaría un “proyecto detonante”, algo que no alcanzaban a ser. Además, estas intervenciones eran acciones muy puntuales que conectaban microterritorios barriales, pero jamás establecían relaciones con el resto de la ciudad, a pesar de plantearse los objetivos en esta perspectiva, y de ahí su autarquía. No obstante, hay que decir que este trabajo inter y multidisciplinario agotó el proceso político y sociológico en medio del conflicto, generó procesos participativos y ciudadanos, planteó nuevos horizontes de inclusión, definió nuevas visiones territoriales a los dirigentes barriales y de la ciudad, y allanó el camino para que una arquitectura urbana determinante fuera implantada años después.

Queda, por último, en este desarrollo de la concepción de la ciudad, la visión que se comienza a esbozar desde la formulación de la política urbana Ciudades y Ciudadanía de 1995, y su concreción posterior en la ley de desarrollo territorial de 1997. Se puede decir que a partir de 1998 se inició en Colombia la era de “las ciudades de los pot”, es decir, la de los planes de ordenamiento territorial. Entre finales del siglo xx e inicios del xxi, producto de la implementación de esta política territorial, las ciudades se plantearon un proyecto de ciudad, en donde se trazaron muchos de los logros, avances y preocupaciones que se venían expresando desde tiempo atrás en los temas ecológico, ambiental, patrimonial, cultural, de espacio público, etc. En términos de la función pública del urbanismo, se definieron, a partir del acceso de los habitantes al espacio público y su uso común, la prevalencia del interés público en el uso del suelo urbano, la función social de la propiedad, el desarrollo sostenible y la defensa del patrimonio, entre otras consideraciones.

Desde cada pot se establecieron un imaginario de ciudad, unos objetivos y una política, es decir, un norte, un deber ser idealmente claro, coherente e integral. De esta manera, los proyectos de todo tipo, aislados y sin una visión integral, se debían incorporar a la visión ordenadora, a un modelo de ciudad en el que debían converger los intereses públicos y privados, de manera concertada y en un plazo definido, ya no desde una planeación abstracta e indicativa, sino con normativas, reglamentación de usos y otros componentes de carácter instrumental, político y económico que permitieran configurar un modelo de ciudad establecida.

A partir de la estructura ecológica de soporte —el territorio con sus recursos naturales, los recursos hídricos, las áreas de reserva natural y todo aquello que garantice la vida de la misma ciudad—, y desde cada modelo de ciudad propuesto, se definen sus sistemas estructurantes: vial y de transporte, equipamientos, espacio público construido —parques y espacios peatonales—, servicios públicos, saneamiento básico, entre otros. Para cada uno de ellos se especifican programas, planes y proyectos. Además, se contemplan las unidades de actuación urbanística o los macroproyectos, como formas especiales de intervenir la ciudad a una escala mayor y más determinante. Así, las unidades de actuación son áreas especiales de intervención urbana, conformadas por uno o varios inmuebles, para renovar o desarrollar mediante los denominados planes parciales, bajo la responsabilidad del sector público, del privado, o de ambos.

Desde otro aspecto, en el objetivo de los pot de lograr un uso racional, equitativo y sostenible del suelo (mediante propósitos sociales, económicos y ambientales), la transformación del espacio físico juega un papel fundamental. En tal sentido, el urbanismo y, sobre todo, la arquitectura se determinan como importantes, pero ahora desde su función social y pública. Un nuevo lenguaje y una nueva manera de entender su realidad comienza a conjugarse en las ciudades colombianas: piezas urbanas, planes parciales, unidades de actuación, macroproyectos, proyectos estratégicos, centralidades, entre otros, son denominaciones dadas a tipos de manejo o intervención de las estructuras urbanas. En algunos de los casos, este nuevo lenguaje recoge iniciativas que ya venían siendo estudiadas y planteadas, pero que con los pot se redefinen y toman vía a la ejecución; en otros casos se trata de denominaciones dadas a formas inéditas, al menos en el plano local, pues fueron retomadas de otros países, especialmente de España, para planear y diseñar la ciudad. Allí el arquitecto comenzó a ocupar de nuevo un lugar importante dentro de la política urbana, para plantear proyectos de una escala intermedia, esto es, el proyecto como manera de materializar el modelo de ciudad.

Cuando se habla de la escala intermedia del proyecto, no se puede decir que se hace referencia a un solo tipo y que está siempre apegado a la ortodoxia como se lo ha definido; es más bien una variedad tipológica de actuaciones, de diferente proporción, temática y complejidad. El arquitecto no actúa simplemente en un edificio aislado, sino desde una pieza de arquitectura urbana —en la medida en que está articulada a un contexto, un espacio público y una visión urbana—, pasando por grupos de edificios de equipamiento que forman centralidades, hasta las grandes operaciones —planes parciales—, en las que existe combinación de actividades, como en los casos señalados de El Salitre, El Tunal o Colsubsidio.