Varios autores - Ordenación del territorio, ciudad y derecho urbano - competencias, instrumentos de planificación y desafíos

La prospectiva y la planificación favorecen la estabilización de la actividad administrativa. Esto por cuanto, pese a la inestabilidad política de un país, la definición de metas de mediano y largo plazo deberá marcar la acción de los funcionarios públicos y limitar al máximo la improvisación y la discontinuidad de la gestión estatal 114.

El juego común de la renovación de los cuadros políticos –fundamental para asegurar la vigencia de los principios republicanos de gobierno, uno de los cuales es la periodicidad de los gobernantes– produce a veces hiatos, interrupciones en la continuidad de la función pública. Un adecuado sistema de planificación constituye una suerte de columna vertebral para el Estado, como un hilo de conducción que establece la necesaria coherencia y continuación armónica de las acciones estatales. Por ello, además de proveer un cierto margen de estabilidad política y administrativa, el proceso de planificación asegura también una apreciable continuidad de la actividad estatal cuando ocurren los cambios políticos que de cualquier manera deben producirse por la renovación democrática de los cuadros gubernamentales o por circunstancias de otra índole 115.

La implementación de la prospectiva se materializa en la creación de instrumentos nacionales de planificación a largo plazo, los cuales cada vez gozan de mayor popularidad en nuestra región. De hecho, según el Observatorio Regional de Planificación para el Desarrollo de América Latina y el Caribe de la ONU, de 37 países analizados de la región, 15 tienen instrumentos nacionales de largo plazo. Honduras, Perú y Uruguay corresponden a naciones abanderadas de esta iniciativa 116.

Honduras, consciente de la necesidad de adoptar un proceso de planificación tanto de corto, como de largo plazo, cuenta actualmente con tres instrumentos de planificación: la Visión de País 2010-2038, que contempla las condiciones de una nación posible, materializada en el establecimiento de principios orientadores de desarrollo, objetivos nacionales y metas de prioridad nacional; el Plan de la Nación 2010-2022, que recoge lineamientos estratégicos para alcanzar la Visión de País, y elPlan de Gobierno, de un plazo de cuatro años, el cual debe ser coherente con los otros instrumentos 117.

Otro ejemplo de implementación del pensamiento prospectivo en el proceso de planificación corresponde a la aprobación por parte del gobierno peruano, en el año 2019, de “Visión de País al 2050”, instrumento que pretende guiar la actividad pública y privada para alcanzar el bienestar y la dignidad de todos sus ciudadanos mediante un desarrollo inclusivo y sostenible 118.

Por último, en 2019 también fue aprobada la “Estrategia Nacional de Desarrollo, Uruguay 2050”, documento que, a diferencia de los dos ejemplos anteriores, tiene la naturaleza jurídica de un plan de desarrollo y es producto de un proceso de elaboración intersectorial de cinco años. Mediante el mismo se pretende alcanzar una transformación productiva sostenible, una transformación social y una transformación de las relaciones de género en el país 119.

Otros países que cuentan con instrumentos de planificación de largo plazo en América Latina y el Caribe son Guatemala (“Plan Nacional de Desarrollo: K’atun Nuestra Guatemala 2032”),Paraguay (“Plan Nacional de Desarrollo: Paraguay 2030”), Bolivia (“Agenda Patriótica 2025 - Plan de Desarrollo General Económico y Social para el Vivir Bien de Bolivia”), Panamá (“Plan Estratégico Nacional con Visión de Estado Panamá 2030”), Barbados (“Barbados Growth and Development Strategy 2013-2020”), Haiti? (“Plan Stratégique de Développement d’Haíti - 2030”),Jamaica (“Vision Jamaica 2030. Jamaica National Development Plan”) y República Dominicana (“Estrategia Nacional de Desarrollo 2010-2030. Un viaje de transformación hacia un país mejor”).

Así las cosas, la más reconocida materialización de la planificación en el seno de la Administración Pública corresponde a la denominada “planificación del desarrollo” que, tal como se estudió, implica la ejecución de un proyecto nacional de desarrollo no solo en el campo económico, sino también en aquel social y ambiental. Actualmente, la construcción de una visión de país también está dirigida a alcanzar los ODS contemplados en la “Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible”, lo cual implica un redireccionamiento del proceso planificador y una reestructuración de las instituciones públicas. Tales cambios han sido palpables en el entorno público latinoamericano aunque todavía resultan insuficientes para lograr la efectiva y total implementación de los ODS.

Luego de haber estudiado la evolución de la planificación técnica y la adopción de la institución por parte de los estamentos públicos, particularmente por las instituciones de nuestra región, se hace palmario el interés que reviste la materia para la doctrina del derecho administrativo. Si bien este estudio pretendió dar claridad alrededor del entendimiento de la técnica de la planificación y mostrar ejemplos prácticos de su aplicación en cabeza de la Administración Pública, este no es más que el punto de partida para las inmensas posibilidades de investigación que ofrece este argumento.

Cuando el tema tratado es tan amplio y complejo puede resultar osado e, incluso, imprudente pretender cerrar satisfactoriamente la materia planteada. Teniendo en cuenta dicha proposición, más allá de intentar concluir el estudio, a continuación se formulan algunos retos a los que se enfrenta la planificación en la actualidad, los cuales merecen ser desarrollados en el futuro.

En un primer punto, tal como se esbozó en el escrito, uno de los grandes desafíos que enfrenta la planificación consiste en lograr la articulación entre fuerzas opuestas. En primer lugar, emerge el reto de lograr una efectiva participación de la sociedad civil en los procesos de planificación, para luego alcanzar una confluencia entre los intereses de los distintos actores privados y públicos. En segundo lugar, hallamos la dificultad de lograr la pluritemporalidad, en la medida en que, inexorablemente, debe haber articulación entre los planes de corto, mediano y largo plazo. En tercer lugar, la planificación debe encontrar el diálogo y el equilibrio entre los distintos sectores de la economía para alcanzar un desarrollo balanceado en varios frentes. Por último, debe perseguirse la coordinación tanto a nivel nacional –entre las distintas entidades estatales planificadoras– como a nivel regional e internacional, pues debe haber una armonía entre los planes nacionales y, a la vez, entre estos y la planificación supranacional.

También consideramos imprescindible fortalecer la evaluación de los procesos de planificación como una función necesaria para verificar los resultados de la implementación de un plan. En general, los planes de desarrollo de América Latina y el Caribe no contemplan un proceso de monitoreo y retroalimentación detallado, posterior a su ejecución. Esta tarea debe cumplirse con total rigurosidad y transparencia para efectos de evaluar la elaboración del plan, la implementación de sus estrategias y el alcance de los objetivos propuestos.

Luego de calificar todos los aspectos relativos al plan, surgen nuevos problemas jurídicos por resolver, atinentes a la observancia del mismo. Cabe entonces preguntarse si el plan es vinculante, teniendo en cuenta su naturaleza jurídica, y también se cuestiona si en cabeza de la sociedad civil existen los derechos al mantenimiento y al cumplimiento del plan y si, en caso de modificación o incumplimiento del mismo, habría lugar a la indemnización por los daños causados; reparación que surgiría del denominado “derecho a la garantía del plan” 120.