Varios autores - Ordenación del territorio, ciudad y derecho urbano - competencias, instrumentos de planificación y desafíos

La planificación del desarrollo tiene como principal objetivo lograr la compatibilidad entre los recursos de un país o una región y su crecimiento económico a largo plazo 77. Consiste en la racionalización de los recursos para ejecutar un proyecto nacional de desarrollo, basado en la identificación de una imagen-objetivo y la definición de una estrategia para su consecución 78.

La planificación para el desarrollo fue parte de un proyecto secular de racionalización social en el que el Estado era concebido como el cerebro y el motor del cambio. […]

Se partió de una conceptualización de la organización pública como una caja negra que transforma recursos en productos y resultados y que responde a un mandato específico claramente explicitado, con metas a alcanzar, mecanismos de verificación de los logros y cierta capacidad para definir los senderos y modos de producirlos. Esta aproximación enfatiza con valor normativo el carácter racional e instrumental de la organización 79.

La planificación del desarrollo comprende distintas etapas, correspondientes, en primer lugar, al diagnóstico del punto de partida, para luego diseñar las estrategias para alcanzar las imágenes-objetivo definidas, la ejecución del plan, su implementación, el seguimiento de las acciones planificadas 80y, por último, la evaluación de sus resultados.

De conformidad con la doctrina especializada, la planificación del desarrollo tiene tres funciones básicas: “1) la construcción de una visión estratégica o visión de país; 2) la coordinación de las acciones necesarias para alcanzar los objetivos establecidos, y 3) el monitoreo, la evaluación y la retroalimentación” 81.

La visión estratégica o visión de país se refiere al desarrollo de estudios que ilustren un porvenir de desarrollo social y económico, además de los cursos de acción y las estrategias para alcanzarlo. Su objetivo es determinar un fin que oriente la actuación pública. La coordinación de las acciones necesarias para alcanzar los objetivos establecidos se refiere tanto a la conexión entre las diversas entidades estatales como a la alineación entre las decisiones públicas y las fuerzas políticas, sociales y económicas interesadas en la planificación. Por último, el monitoreo, la evaluación y la retroalimentación de los procesos de planificación, desarrollados por diversas instancias estatales, resultan indispensables para efectos de determinar el éxito o fracaso en la implementación de los planes 82.

Los objetivos a los que apunta la planificación del desarrollo también han variado progresivamente. En un primer momento, el norte correspondía exclusivamente al crecimiento económico de las naciones. Sin embargo, en las últimas décadas se ha pretendido que el desarrollo económico esté directamente relacionado con el desarrollo social 83y que, además, este se fundamente en la sostenibilidad ambiental.

Con esto, al desarrollo económico se han sumado nuevos valores, teorías y fines perseguidos por la planificación, entre los cuales se destacan la justicia distributiva, la libertad y la autonomía de los pueblos, la identidad cultural y étnica, además de la definición de políticas de identidad. La planificación del siglo XXI está permeada por escuelas como la del feminismo, y está dirigida a proteger y garantizar los derechos colectivos, el ambiente social, cultural y ecológico. En virtud de lo anterior se han implementado teorías como la del “desarrollo humano” y la del “desarrollo sostenible” 84.

Factores como el entendimiento de la planificación como un instrumento de desarrollo integral, la asignación del presupuesto público a inversiones de amplia magnitud (tales como la integración eléctrica en Centroamérica y el fortalecimiento de la infraestructura en Suramérica), así como la pretensión de estrechar lazos entre los países de la región, se han materializado en una reformulación del concepto de planificación y, particularmente, de su papel en el escenario de la gestión pública 85.

Todos los factores reseñados confluyen en el redireccionamiento de la planificación en numerosas naciones, encaminadas a cumplir, de forma individual y colectiva, los Objetivos de Desarrollo Sostenible. La relevancia de este tema en el seno de la gestión pública nos lleva a profundizar sobre el mismo en el próximo aparte.

En septiembre de 2015, en el marco de la 70.ª Asamblea General de las Naciones Unidas, los 193 Estados Miembros de esta definieron los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) mediante una resolución aprobada por la Asamblea General titulada “Transformar nuestro mundo: la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible” 86. Este documento, inspirado en los Objetivos de Desarrollo del Milenio (ODM) aprobados en el año 2000, fue el producto de más de dos años de consultas públicas e interacciones con la sociedad civil, que dieron lugar a un acuerdo sin precedentes sobre el norte mundial. Este se materializó en una agenda con pretensiones globales, integradoras y transformadoras, que estableció objetivos dirigidos a erradicar la pobreza y el hambre, proteger el planeta y mejorar la prosperidad de las personas en un lapso de quince años 87.

La Agenda 2030 contempla 17 ODS, directamente relacionados e integrados con el cumplimiento de 169 metas. Los objetivos y metas son de carácter indivisible e integrado y abarcan las dimensiones económica, social y ambiental del desarrollo sostenible. La relevancia de los ODS responde a que nunca había existido un compromiso universal en pro de alcanzar fines comunes mediante una agenda política 88.

Si bien el cumplimiento de los ODS no es jurídicamente obligatorio para los Estados Miembros de las Naciones Unidas, se espera que los gobiernos adopten los objetivos como propios 89. Es por ello que la implementación de la Agenda 2030 supone un enorme reto para los Estados Miembros, quienes deberán adecuar y repensar la gestión pública y la reorganización del Estado en pro del logro de los ODS. Así, según las Naciones Unidas, la institucionalidad pública ha de concebirse como “una plataforma dinámica que permita la articulación de los esfuerzos, recursos e iniciativas de los distintos actores del desarrollo, dando consistencia a una nueva ecuación entre Estado, Mercado y Sociedad” 90.

De acuerdo con lo anterior, idealmente, las visiones de futuro contempladas por cada Estado mediante su plan nacional de desarrollo deberán estar alineadas con los ODS. Pese a las claras diferencias entre los planes de desarrollo, un documento de las Naciones Unidas destaca que los elementos comunes respecto de la visión a futuro en América Latina y el Caribe son “el Crecimiento Sostenible, la Democracia, la Gestión Pública de Calidad, y la Sociedad Pacífica y de Derechos”; y los principales y más frecuentes ejes estratégicos de cada país son “el Crecimiento Económico, el Desarrollo Humano y Social, la Seguridad Ciudadana, la Gobernabilidad y la Infraestructura” 91. Tales elementos están en sintonía con la Agenda 2030, que busca un “crecimiento económico sostenido, inclusivo y sostenible” 92.

En cuanto a la gestión pública, cabe afirmar que los Estados no poseen un monopolio exclusivo a efectos de cumplir los ODS. Todo lo contrario, pues, tal como ya se estudió, los gobiernos deben sustentar su actuación en el conocimiento especializado, las ideas y experiencias de los ciudadanos. Así, los Estados deben promover un diálogo abierto y constante con lo administrados, que garantice su participación efectiva en materia de planificación 93.

Lograr la coordinación del trabajo entre los gobiernos y la sociedad civil no solo es un deber del Estado, sino que es la única alternativa para cumplir los ambiciosos objetivos contemplados en la Agenda 2030. El éxito de esta dependerá de un esfuerzo universal y una colaboración real entre las partes interesadas, correspondientes a entidades públicas y privadas 94.