Alejo Vargas Velásquez - Migraciones y seguridad - un reto para el siglo XXI

De esta forma, la frontera sur constituye para Estados Unidos un desafío mayor de seguridad, por cuanto representa la disyuntiva entre garantizar la integración económica y social con su vecino –es decir, permitir la flexibilidad en el tránsito legal y eficiente de personas, bienes y capitales–, y garantizar la vigilancia fronteriza para prevenir el ingreso de actores y factores que representen riesgos para su seguridad nacional, la seguridad pública de su población y la soberanía de su territorio.

La zona presenta, entonces, un complejo entramado de intercambios sociales, culturales, laborales y comerciales entre las poblaciones de ambos lados de la frontera, que se desarrollan junto con fenómenos extendidos de ilegalidad –migración irregular, narcotráfico, violencia sistemática, crimen organizado, corrupción de las autoridades locales–. Así,

[…] Las comunidades fronterizas se encuentran separadas tanto por las medidas de seguridad como por las condiciones de seguridad. Al sur de la frontera, la espiral del crimen organizado ha convertido a los Estados del norte de México en una de las regiones más violentas del planeta. Al norte de la frontera, la “guerra contra la droga”, la “guerra contra el terror”, y un creciente sentimiento antiinmigrante han impulsado la construcción de muros y la multiplicación de la presencia de guardias, espías y soldados. (Isacson y Meyer, 2012, p. 7)

Dada su extensión, se trata de una frontera porosa en la cual ninguno de los dos Estados logra mantener un control total sobre los cruces de bienes y personas, por lo cual el ingreso irregular de inmigrantes y el tráfico ilegal de bienes son una constante. De esta forma, la zona se constituye en uno de los principales corredores en el mundo para el tránsito de personas y el tráfico de drogas ilícitas y armas. Por ello, la seguridad se constituye en la preocupación mayor de la agenda bilateral y condiciona todas las dinámicas fronterizas entre los dos países.

Además, dada la amplitud de los fenómenos que se perciben como amenazas esenciales para la nación norteamericana, Estados Unidos ha securitizado la cuestión migratoria, asumiendo el ingreso irregular de los no nacionales a su territorio como un riesgo para su seguridad nacional e imponiendo, en consecuencia, normas y medidas rígidas –incluso de corte militar– para regular el libre tránsito de personas a través de la línea divisoria. Todo ello se combina con posiciones nativistas extendidas entre amplios sectores del electorado de los estados del sur de la Unión, que observan con desconfianza al extranjero latinoamericano y exigen medidas policivas y punitivas contra el migrante irregular, algunas de las cuales pueden ser catalogadas como xenófobas.

La historia de Estados Unidos, como nación independiente, ha estado signada por la inmigración. Durante los siglos XVIII y XIX, grandes poblaciones inmigrantes provenientes de Alemania, Irlanda, Italia y Polonia fueron integradas a la sociedad estadounidense derivada de las Trece Colonias. Posteriormente, a lo largo del siglo XX, grandes oleadas de migrantes provenientes de China y Latinoamérica llegaron a territorio estadounidense, aunque sin alcanzar una integración completa puesto que muchos de ellos lo hicieron –y lo siguen haciendo– de forma irregular. Actualmente, Estados Unidos es el país con la mayor población de inmigrantes en el mundo, calculada en unos 42,8 millones de individuos, de los cuales al menos 32,2 millones corresponden a migrantes de origen mexicano. Lo que es más, el 98,5 % del total de emigraciones de México tienen como destino a su vecino del norte (Albo, 2012; UNODC, 2012).

Las condiciones de desarrollo económico de cada Estado han generado el constante y abrumador flujo de individuos que, desde el sur de la frontera, pretenden establecerse en el lado norte en busca de mejores condiciones de vida. Se trata no solo de mexicanos, sino de nacionales provenientes de Centroamérica y Sudamérica, entre otros, que utilizan el territorio mexicano como plataforma de entrada para alcanzar suelo estadounidense. Sin embargo, el desplazamiento de trabajadores latinoamericanos también ha sido promovido por granjeros y empresarios de los estados sureños de la Unión, que encuentran en ellos una fuerza de trabajo calificada y barata. Se trata, en muchos casos, de mexicanos que residen en ciudades fronterizas como Tijuana y Ciudad Juárez, y cruzan diariamente la frontera para dirigirse a sus lugares de trabajo en Estados Unidos.

A pesar del continuo intercambio cultural y económico, la relación entre las poblaciones de los dos países, lejos de ser armoniosas, han estado históricamente cargadas de profundos recelos mutuos. Kramer (citado por Gabriel, Jiménez y Macdonald, 2006, p. 557) explica cómo el pasado colonial impuso fuertes barreras nacionales, culturales, lingüísticas y raciales entre ambos países.

Pero, además, las relaciones problemáticas son producto de la histórica expansión territorial de Estados Unidos a costa de su vecino. Basta recordar que en 1845 Estados Unidos se anexó Texas –que había declarado su independencia de México en 1836– y tres años después, gracias al tratado Guadalupe-Hidalgo, se hizo con cerca del 55 % del territorio mexicano: aproximadamente 2 378 539 km2, que correspondían a las provincias de Alta California y Santa Fe de Nuevo México, y ahora comprenden los actuales estados de Arizona, California, Colorado, Nevada, Nuevo México y partes de Utah y Wyoming (De Palma, citado por Gabriel, Jiménez y McDonald, 2006, p. 561).

La anexión estadounidense de estos territorios generó un fuerte nacionalismo y un acentuado sentimiento antiestadounidense en México. Simultáneamente, los intentos del ejército del norte mexicano por evitar nuevas invasiones desde el norte provocaron en los colonos de ascendencia anglosajona de los nuevos territorios fronterizos, sobre todo en Texas, la percepción del mexicano como un individuo bárbaro y violento, y llevó a la conformación de movimientos antimexicanos.

La realidad histórica ha demostrado que las relaciones entre estadounidenses y mexicanos han sido más complejas de lo que los imaginarios han transmitido. Si bien el tratado Guadalupe-Hidalgo de 1848 incluyó cláusulas que garantizaban el derecho a la ciudadanía de aquellos mexicanos que optaron por permanecer en los territorios anexados por Estados Unidos (Durán, 2011, p. 96), Estados Unidos no reconoció los derechos sobre la tierra de los propietarios de origen mexicano.

El tratado Guadalupe-Hidalgo resulta un evento trascendente para el desarrollo de las posteriores relaciones binacionales. A pesar de su cercanía geográfica y de la gran presencia de población mexicana en Estados Unidos, los Gobiernos federales estuvieron distanciados durante buena parte de los siglos XIX y XX. Las identidades y antagonismos que se generaron desde entonces de un pueblo hacia el otro marcan el inicio de la desconfianza mutua entre los dos Estados y se extienden en amplios sectores poblacionales en ambos lados de la frontera.

Así, en los estados fronterizos con México (California, Arizona, Nuevo México y Texas), sectores importantes de la sociedad estadounidense identifican la inmigración mexicana –y latina por extensión– como un factor de inseguridad. Por tanto, promueven la adopción de políticas estrictas –tanto federales como estatales– que criminalizan la migración irregular, así como la conformación de agrupaciones paramilitares para la vigilancia de la frontera y la protección de los ranchos en la zona. Esta desconfianza hacia el extranjero es derivada de un imaginario nativista, que tiende a calificar negativa y peyorativamente al mexicano y, por esta vía, a segregar al inmigrante proveniente del sur.