Alejo Vargas Velásquez - Migraciones y seguridad - un reto para el siglo XXI

Con todo, un significativo segmento de la población, parte del cual estaba vinculado al Partido Republicano, ejerció presión para que el Gobierno federal incrementara la vigilancia y la regulación de todos los flujos migratorios, ejerciendo un control más estricto de los illegal aliens (Meneses, 2012, p. 262). Esta presión se materializó en la Ley para la reforma de la inmigración ilegal y la responsabilidad inmigratoria (Illegal Immigration Reform and Immigrant Responsibility Act-IIRIRA) de 1996. IIRIRA estableció, básicamente, un control más riguroso al ingreso no autorizado de individuos a través de la frontera con México, el fortalecimiento y la ampliación de las facultades de la Patrulla Fronteriza, así como sanciones a aquellas personas y empresas que proporcionaran trabajo a migrantes irregulares. Con esta legislación se incorporó la figura de remoción, que permitió a los oficiales detener inmigrantes por sospecha de algún delito y negar la residencia si los inmigrantes suministraban información falsa en sus documentos (Hernández, 2008).

Para Durand, la ley IIRIRA,

[…] afectó seriamente a la comunidad latinoamericana, porque se limitaron una serie de apoyos y servicios a los que tenía acceso la población, sin importar su calidad migratoria. Se penalizó a los indocumentados, se colocaron trabas importantes para el ingreso de refugiados y se castigó a los inmigrantes residentes que contaban con permiso de trabajo y no tenían ciudadanía. Esta ley es considerada por algunos analistas como una réplica (con ligeras variantes) a nivel federal de la Proposition 187 que fue votada y luego vetada en California. (Durand, 2008, p. 46)

Así, desde el Programa Bracero, no han existido acuerdos migratorios formales entre Estados Unidos y México. Las legislaciones al respecto han sido caracterizadas por el propósito del país del norte de regular, restringir y contener las migraciones desde el sur. Pese a los debates y negociaciones entre ambos Gobiernos, legislaciones de este tipo predominaron durante buena parte del siglo XX (Benítez, 2011, p. 180).

Tras los atentados terroristas del 11 de septiembre, Washington asumió un pensamiento geopolítico hiperrealista fundamentado en la doctrina de la Seguridad Interna (Homeland Security), la cual inició formalmente con la emisión de la Ley Patriótica (Patriotic Act) en octubre de 2001. Esta ley planteaba la necesidad de ampliar el alcance del tlcan con un apartado específico en materia de seguridad y defensa (Benítez y Rodríguez, 2005, p. 80). Estados Unidos instó a sus socios –México y Canadá– a aceptar la existencia de una vulnerabilidad omnipresente derivada de la amenaza terrorista. De esta forma, se condicionó el comercio bilateral a la construcción de un perímetro de seguridad norteamericano para blindar el territorio estadounidense contra nuevos ataques (Gabriel, Jiménez y Macdonald, 2006, p. 566). Este enfoque consistió en una estrategia integrada de seguridad que incluía la cooperación de México y Canadá en la guerra contra el terrorismo, el narcotráfico, el crimen organizado y la migración ilegal, y tenía en el fortalecimiento de la protección de las fronteras terrestres una de sus piedras angulares. Al respecto, la Asamblea de América del Norte de 2003 (Gabriel Jiménez y Macdonald, 2006, p. 553) convocaba al desarrollo de fronteras eficientes y seguras como condición sine qua non de seguridad y prosperidad común.

Para reflejar el nuevo esquema de seguridad y de vulnerabilidad omnipresente, las autoridades federales llevaron a cabo una extensa restructuración institucional de las agencias de seguridad. Este proceso inició con la creación en 2003 del Departamento de Seguridad Interna (Department of Homeland Security-DHS), al cual se integraron 22 agencias federales y 170 000 empleados, y en el cual se unificaron agencias con funciones de seguridad y otras encargadas de aduanas y migraciones. En el contexto posterior al 11 de septiembre, el DHS asumió el control operativo de la frontera y la facultad para

[…] detectar, responder e interceptar penetraciones de la frontera en áreas que se consideran de alta prioridad de amenaza potencial u otros objetivos de seguridad nacional. El control operativo puede estar limitado a corredores específicos del tráfico ilícito o a otras localidades geográficamente definidas. (U. S. Border Patrol, citado por Hernández, 2008, pp. 198-199)

La estrategia fue, entonces, intensificar y extender los controles fronterizos y los mecanismos de combate a la triada terrorismo-narcotráfico-migración ilegal. Por ejemplo, en el marco de la Ley Patriótica, se permitió a las autoridades migratorias

[…] detener, hasta por siete días a cualquiera que no sea ciudadano de Estados Unidos de quien se sospeche está comprometido con el terrorismo o colabora en planes terroristas, antes de decidir si se inicia un proceso de expulsión. Las estipulaciones se aplican incluso a residentes permanentes de largo plazo. (Legomsky, 2004, p. 77)

Entre las agencias que pasaron a integrar el DHS, se cuenta la Agencia de Protección de Aduanas y Fronteras (U. S. Customs and Border Protection-CBP), encargada de garantizar la seguridad de 7000 millas de fronteras terrestres, compartidas con Canadá y México, y 2000 millas de aguas costeras en la península de Florida y en el Sur de California (CBP, 2009b); el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (U. S. Immigration and Customs Enforcement-ICE) y la Guardia Costera.

Dentro de la CBP se integran la Oficina de Operaciones de Campo (Office of Field Operation-OFO), encargada del control de inmigración y aduanas en los puertos de entrada al país; y la Patrulla de Fronteras (U.S. Border Patrol), responsable de la seguridad fronteriza en los extensos espacios abiertos a lo largo de la frontera, cuya misión es la de “prevenir que los inmigrantes irregulares crucen las fronteras de los Estados Unidos por cualquier propósito” (CBP, 2009a), y ser “capaz de mantener una presencia disuasiva, llevar a cabo cateos y detenciones, y patrullar terrenos difíciles” (Isacson y Meyer, 2012). La CBP cuenta, además, con varias instancias de inteligencia para la recopilación de información relativa al ingreso de personas y bienes.

Cabe mencionar que la Patrulla Fronteriza es la agencia que más ha experimentado la securitización de la cuestión migratoria después del 11 de septiembre. Desde entonces, la misión de la agencia involucró el combate al terrorismo, operaciones contra el narcotráfico, la interdicción de migrantes y muchas otras violaciones de las leyes federales dentro de un radio de 100 millas de la frontera (Isacson y Meyer, 2012). Como consecuencia, se militarizó la estructura operativa de la Patrulla Fronteriza, asumiendo una doctrina de conflicto de baja intensidad en la vigilancia de la frontera, que implica el uso de tecnología militar para el cumplimiento de su función, que incluye helicópteros, aviones no tripulados (Unmanned Aerial Vehicles) y lanchas fluviales rápidas de fondo plano y hélice superior (Meneses, 2012, p. 264). Así, la Patrulla Fronteriza se convirtió en la principal agencia mediante la cual el Estado federal ejerce presencia en la frontera.

De acuerdo con los datos presentados por Massey (citado por Herrera-Lasso y Artola, 2011, p. 27), para 2010 el presupuesto de la Patrulla Fronteriza había crecido un 950 % con relación al designado en 1980, mientras que las horas de servicio de los agentes se incrementaron más de 100 veces con respecto a las cifras de 1980; en tanto que Meneses (2012, p. 264) señala que el número de patrulleros en la frontera pasó de 4000 en 1994 a casi 9500 en 2002, y algo más de 20 000 para 2011. Las cifras oficiales presentadas por el CBP (2011b) indican que, en 2011, la Patrulla Fronteriza contaba ya con 21 394 agentes, 18 506 de los cuales estaban desplegados a lo largo de la frontera con México.