ii) ¿El fin del proyecto de nación?
El ataque neoliberal tuvo por objetivo primordial al Estado nacional y específicamente a las políticas económicas y sociales en las que la educación venía ganando peso. En el caso de la universidad pública, los efectos de este ataque no se limitaron a la crisis financiera, sino que también repercutieron en la definición de prioridades de investigación y de formación, tanto en las ciencias sociales y humanísticas como también en las ciencias naturales, especialmente en las más vinculadas con proyectos de desarrollo tecnológico (Boaventura, 2005, p. 49). Para países semiperiféricos, como los de Latinoamérica, el nuevo contexto global exige una total reinvención del proyecto nacional, sin el cual no podrá haber reinvención de la universidad (Boaventura, 2005, p. 50).
iii) De la palabra a la pantalla
Las posibilidades de la educación virtual obligan a preguntar en qué medida esta transformación afecta la investigación, la formación y la extensión universitarias, cuando ellas se vuelvan fácilmente accesibles (Boaventura, 2005, p. 51): ¿qué influjo tendrán las TIC en la total mercantilización de la universidad y en la desaparición del campus?
Una vez establecido este diagnóstico, con base en el análisis de los últimos quince años de universidad pública, especialmente en Iberoamérica, se pregunta Boaventura, en la segunda parte de su escrito sobre la universidad del siglo XXI, ¿qué hacer? se busca identificar las ideas-fuerza que deben orientar una reforma democrática y emancipadora de la universidad pública. Esta reforma debe consistir en una globalización contrahegemónica de la universidad, en cuanto bien público, lo que equivale a reformas nacionales que reflejen un proyecto de nación centrado en las preferencias políticas que califiquen la inserción del país en contextos de producción y de distribución de conocimientos cada vez más transnacionalizados. Este proyecto de nación debe ser resultado de un amplio contrato político y social con respecto a la universidad como bien público. Se busca responder a las demandas sociales para la democratización radical de la universidad poniendo fin a una historia de exclusión de grupos sociales y de sus saberes, en lo que ha sido protagonista la universidad durante mucho tiempo (Boaventura, 2005, pp. 55-56).
La reforma requiere varios actores. El primero es la propia universidad, en la que de todas formas hay quienes le apuestan a una reforma progresista. El segundo protagonista es el Estado nacional, siempre y cuando, opte políticamente por una globalización solidaria. El tercero son los ciudadanos, individual y sobre todo colectivamente: grupos, sindicatos, movimientos sociales, ONG y sus redes, gobiernos locales interesados en fomentar la cooperación entre la universidad y los intereses sociales. También, puede llegar a ser protagonista el capital privado, interesado en una universidad de calidad.
Contando con la cooperación de estos cuatro actores, define Boaventura los siguientes principios orientadores para una reforma:
1. Enfrentar lo nuevo con lo nuevo: teniendo en cuenta todos los cambios que se están gestando en este siglo, la resistencia a la globalización neoliberal debe involucrar la promoción de alternativas de investigación, de formación, de extensión y de organización que apunten hacia la democratización del bien público universitario, de modo que este influya en la definición y solución colectiva de los problemas sociales, nacionales y globales.
2. Luchas por la definición de la crisis: para salir de su posición defensiva, la universidad debe estar segura de que la reforma es necesaria y no se hace en contra suya. Se requiere una caracterización contrahegemónica de la crisis, de suerte que esta no sea la que pinta la globalización neoliberal. La universidad debe ser consciente de su pérdida de hegemonía como resultado de la transición del conocimiento universitario convencional hacia el conocimiento pluriuniversitario, transdisciplinar, contextualizado, interactivo, producido, distribuido y consumido con base en las nuevas tecnologías de la comunicación que alteran las relaciones entre conocimiento e información, y entre formación y ciudadanía (Boaventura, 2005, p. 61). Ante estos cambios que cuestionan su hegemonía, la universidad debe concentrarse en recuperar su legitimidad, que no se la dará solo el reconocimiento institucional por parte del Estado: requiere de la sociedad civil.
3. Luchar por la definición de universidad: las reformas deben partir del supuesto sobre la existencia de universidad en el siglo XXI solo cuando haya formación de grado y de posgrado, investigación y extensión (Boaventura, 2005, p. 62). Donde no se dé “universidad completa”, especialmente en el sector público, se debe crear “una red universitaria pública”. En cuanto a las universidades privadas, su acreditación debe estar sujeta a la existencia de programas de posgrado, investigación y extensión y a alianzas con otras universidades privadas y públicas que garanticen calidad.
4. Reconquistar la legitimidad: para ello la universidad debe asumir su reforma en los siguientes aspectos:
4.1 Acceso: es necesario democratizar la universidad pública propiciando las alianzas de esta con las escuelas públicas, conservando su gratuidad, fomentando becas en lugar de préstamos, fortaleciendo las políticas interculturales para reducir las discriminaciones por raza, género o clase social, inclusive mediante cuotas y discriminación positiva. Se debe tener en cuenta que la universidad moderna se caracterizó por ser ella misma colonial: la universidad no solo participó en la exclusión social de razas y etnias consideradas inferiores, sino que también teorizó sobre su inferioridad, extendida a sus conocimientos, en nombre de la prioridad epistemológica de la ciencia moderna.
4.2 Extensión: en el momento en que el capitalismo global pretende reducir la universidad en su carácter funcionalista y transformarla de hecho en una amplia agencia de extensión a su servicio, la reforma de la universidad debe conferir una nueva centralidad a las actividades de extensión (con implicaciones en el currículo y en la formación de los docentes), atribuyendo a las universidades una participación activa en la construcción de la cohesión social, en la profundización de la democracia, en la lucha contra la exclusión social y la degradación ambiental, y en la defensa de la diversidad cultural.(Boaventura, 2005, p. 67).
4.3 Investigación-acción: consiste en la definición y ejecución participativa de proyectos de investigación involucrando a las comunidades y a las organizaciones sociales populares, de la mano de problemas de la sociedad civil, cuya solución pueda beneficiarse de los resultados de la investigación.
4.4 Ecología de saberes: se trata de una profundización de la investigación-acción. Implica una revolución epistemológica en el seno de la universidad, que consiste en una forma de extensión en sentido contrario a la tradicional: desde afuera de la universidad hacia adentro de ella. Se busca comunicación entre la academia científica y humanística y los saberes legos, populares, urbanos, campesinos, de culturas no occidentales que circulan en la sociedad. A la par con la euforia tecnológica, se ha creado una falta de confianza epistemológica en los saberes tradicionales críticos de algunos progresos científicos, dado que muchas de las promesas sociales de la modernización no se cumplen.
De esta forma, la extensión, la investigación-acción y la ecología de saberes se sitúan en la búsqueda de una reorientación solidaria de la relación comunicacional entre la universidad y la sociedad.
4.5 Universidad y escuela pública: el tema no tiene que ver solamente con el asunto del acceso a la universidad pública, sino que se trata de un campo fundamental en la reconquista de la legitimidad de la universidad, gracias a tres aspectos: producción y difusión del saber pedagógico, investigación educativa y formación de docentes de la escuela pública. Es un tema de una creciente importancia, ávidamente codiciado por el mercado educativo donde antes la universidad tuvo un papel hegemónico (Boaventura, 2005, p. 75).
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