Leonardo Güiza-Suárez - Herramientas para controlar los delitos contra la fauna y flora en Colombia

En primer lugar, hacemos una descripción de la metodología utilizada en el estudio. Acto seguido, presentamos los resultados de la investigación en discusión con investigaciones contemporáneas sobre esta problemática. Agrupamos tales dificultades en seis dimensiones: capacitación y articulación institucional; peritaje ambiental; transparencia y ejecución en actividades de monitoreo y control; documentación y difusión de herramientas tecnológicas; normativa ambiental y cooperación internacional; y presupuesto, logística y personal. Finalmente, indicamos nuestras conclusiones.

1. Metodología

En la medida en que el objetivo planteado fue comprender el punto de vista y la opinión de los funcionarios públicos, la metodología de investigación que se llevó a cabo es de tipo cualitativo. La técnica de investigación consistió en entrevistas semiestructuradas. El objetivo de tales entrevistas consistió en descifrar la mirada de funcionarios públicos que realizan investigaciones, operativos de incautación o procesos sancionatorios en casos de tala ilegal y tráfico de especies, en torno a las principales dificultades que estos perciben durante su accionar. Al ser semiestructuradas, las entrevistas permitieron captar aspectos que no fueron predefinidos por los investigadores implicados. El formato con las preguntas efectuadas en las entrevistas se encuentra en el Anexo 1.

En total, se entrevistaron quince (15) funcionarios públicos de las siguientes entidades: Corporación Autónoma Regional de Cundinamarca, Ejército Nacional de Colombia, Fiscalía General de la Nación, Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible, Policía Nacional de Colombia y Procuraduría General de la Nación. Cuatro (4) de estas entrevistas se realizaron de forma grupal y cinco (5), de forma individual, para un total de nueve (9) entrevistas. Las entrevistas se llevaron a cabo entre el 4 de septiembre y el 3 de octubre de 2019. Cada una tuvo una duración de entre 40 y 120 minutos.

Cabe señalar que varios funcionarios públicos estuvieron en desacuerdo con la denominación de ‘entrevista’, en la medida en que estos no estaban autorizados a conceder entrevistas formales o institucionales como parte del desempeño de su cargo. Por lo tanto, las entrevistas tuvieron un carácter informal y, por su solicitud, las declaraciones de los funcionarios respectivos fueron anonimizadas. En total, cinco (5) funcionarios permitieron grabación de audio y diez de ellos (10) no la permitieron. Las entrevistas con registro de audio fueron procesadas con software de transcripción de audio a texto; en el caso de las entrevistas que no pudieron ser grabadas, se hizo uso de toma de notas por parte de la investigadora para recolectar la información. Tanto las transcripciones de las grabaciones de audio como las notas tomadas durante las entrevistas fueron procesadas con el software de análisis cualitativo Atlas.ti.

En un primer momento, dos rondas de codificación se llevaron a cabo. En un momento posterior, una tercera ronda de codificación se realizó con el fin de agrupar y clasificar los códigos resultantes de las dos rondas anteriores. El análisis de las entrevistas condujo a la identificación de seis (6) dimensiones en las que se observan desafíos en cuanto a investigaciones, operativos de incautación o procesos sancionatorios en temas de tala ilegal y tráfico de especies de fauna y flora. A continuación, nos detenemos en cada una de esas dimensiones.

2. Capacitación y articulación institucional

La gobernanza forestal se entiende como el conjunto de prácticas y medidas a través de las cuales las instituciones del Estado ejercen su autoridad en la administración de los recursos forestales (Blaser, 2010). Tal gobernanza es idealmente planificada, transparente, informada (Blaser, 2010) y participativa (Muttaqin, Alviya, Lugina, Hamdani & Indartik, 2019). Una institucionalidad articulada también hace parte de la ecuación (Orozco et al., 2014).

De acuerdo con investigaciones previas (Environmental Investigation Agency [EIA], 2019; Orozco et al., 2014), el tráfico ilegal de madera en Colombia, que con frecuencia incluye especies de alto valor ecológico, es facilitado por vacíos de gobernanza. En la presente investigación, identificamos dos elementos relacionados con vacíos de gobernanza: una falta de capacitación jurídica y ambiental a las comunidades indígenas y afrodescendientes, por un lado, y una limitada articulación institucional, por otro.

2.1. Capacitación jurídico-ambiental a las comunidades

Alrededor de la mitad de las áreas de bosque natural en Colombia están ubicadas en territorios habitados por comunidades indígenas, afrodescendientes y campesinas (Orozco et al., 2014). En varias regiones del país, diversas comunidades indígenas y campesinas llegan a acuerdos con intermediarios para que las primeras firmen los permisos de extracción de maderas, sin que estas tengan conocimiento sobre aspectos como el volumen a ser extraído o su valor comercial (Environmental Investigation Agency [EIA], 2019). Se ha documentado, por ejemplo, que en la Amazonía los intermediarios llegan a acuerdos con las comunidades a cambio de que estas obtengan plantas eléctricas, combustible, o incluso artículos escolares (EIA, 2019).

Es decir, los terceros o intermediarios con frecuencia se valen de las comunidades como un medio para la obtención de permisos de aprovechamiento forestal, “ya sea acompañándolas a las oficinas [de la autoridad ambiental] y cubriendo los costos de transporte o consiguiendo un poder legal para realizar todos los trámites” y para actuar en representación de estas (Environmental Investigation Agency [EIA], 2019, p. 32). A pesar de esto, los intermediarios terminan llegando a acuerdos con las comunidades, pues, como se señaló en el párrafo anterior, estos proveen respuestas a necesidades de las comunidades no cubiertas por el Estado, tales como seguridad energética, entre otras.

Como resultado de estas dinámicas, y debido a que “los(as) líderes/lideresas comunitarios(as), a menudo no tienen conocimientos básicos sobre sus derechos de acuerdo a las leyes colombianas o sobre los aspectos técnicos del manejo forestal” (Environmental Investigation Agency [EIA], 2019, p. 58), las comunidades no solo terminan involucrándose en acuerdos desproporcionados o desequilibrados, sino que la responsabilidad jurídica recae principal o exclusivamente sobre ellas, en la medida en que es a nombre de estas que los permisos de aprovechamiento son tramitados.

Por lo tanto, las entidades del Estado deben no solo abordar vacíos de gobernanza (en relación con seguridad energética y alimentaria, educación, etc.) en áreas rurales del país, sino que, además, este debe brindar asesoría jurídica y capacitación a las comunidades campesinas, indígenas y afrodescendientes con el fin de que estas celebren contratos equilibrados con los intermediarios (Environmental Investigation Agency [EIA], 2019). Estas acciones podrían ser llevadas a cabo por las corporaciones autónomas regionales del país, una de cuyas funciones consiste en la coordinación de proyectos de desarrollo sostenible, así como de aprovechamiento, uso y conservación de los recursos de manera conjunta con las autoridades de comunidades indígenas y negras del país (Congreso de Colombia, 1993, Ley 99, art. 31).

En la medida en que una de las funciones de las corporaciones autónomas regionales consiste en la promoción de la participación comunitaria en torno a la protección del ambiente y el manejo adecuado de los recursos naturales (Congreso de Colombia, 1993), a las capacitaciones jurídicas deben sumarse capacitaciones de tipo ambiental. En el marco de la presente investigación, un funcionario entrevistado mencionó que en la región Pacífica de Colombia no hay suficientes herramientas de promoción y capacitación sobre cómo llevar a cabo actividades forestales conservando el ecosistema y la diversidad, a pesar de que en esta región las comunidades han realizado actividades de aprovechamiento del bosque durante décadas o incluso siglos. Diversos funcionarios mencionaron que las corporaciones autónomas regionales tienen una débil gobernanza en los territorios.