Marcelo Gullo - Insubordinación y desarrollo

2) Cuando un Estado subordinante, a fin de poder explotar plenamente las riquezas de uno subordinado, se ve obligado –por una necesidad de carácter económico– a fomentar la infraestructura necesaria para la extracción de la riqueza en la cual está interesado. Así, la penetración económica del Estado subordinante en el subordinado tiene, en un principio, un carácter progresista pero el progreso que consigue el Estado subordinado es siempre limitado, deformante y controlado. Tal fue el caso, por ejemplo, a fines del siglo xix y comienzos del siglo xx, de Gran Bretaña respecto de la Argentina y Uruguay, caso que denominamos la paradoja rioplatense o la paradoja del crecimiento sin desarrollo.[14]

Resulta un hecho históricamente innegable que a partir de fines del siglo xviii el desarrollo económico fuese sinónimo de industrialización y que ésta se constituyera, desde entonces, en uno los elementos estratégicos clave en la construcción del poder nacional de los Estados. Explicitada esta premisa fundamental de nuestro razonamiento, debemos entonces aclarar –yendo de lo general a lo particular– que, si procedemos a situar históricamente el principio general que hemos enunciado (los Estados subordinantes están siempre interesados en impedir, estorbar, retrasar o limitar el desarrollo económico de los subordinados), desde fines del siglo xviii hasta mediados del xx el desarrollo específico que los Estados subordinantes han tratado de impedir, estorbar, retrasar o limitar ha sido, siempre y fundamentalmente, el desarrollo industrial. Desde mediados del siglo xx hasta nuestros días, los Estados subordinantes han tratado fundamentalmente de imposibilitar el desarrollo industrial tecnológico, tolerando solamente el traslado a la periferia de las industrias obsoletas o muy contaminantes.

Si, como hemos expuesto, la propia naturaleza del sistema internacional lleva per se a los Estados que más poder tienen a tratar de impedir la industrialización de los Estados que todavía no han llegado a ese nivel de desarrollo (para impedir de esa forma el incremento de su poder nacional), no es menos cierto también que al impedir el desarrollo industrial de otros Estados los subordinantes consigan, también, asegurarse un mercado permanente para las mercaderías producidas por sus propias industrias. Desde la Revolución Industrial hasta las primeras décadas del siglo xx, a través de la búsqueda desesperada de mercados externos, los Estados subordinantes trataron de superar la tendencia crónica a la insuficiencia de la demanda que los economistas clásicos llamaron “infraconsumo”. Esto explica, por ejemplo, el hecho de que desde mediados del siglo xvii hasta las primeras décadas del xx el interés político-estratégico del Estado-nación inglés haya coincidido con el interés económico concreto de la burguesía industrial británica.

Conviene también aclarar que cuando los Estados subordinantes no han podido evitar la industrialización de un país periférico han tratado de deformar el proceso de industrialización de ese país periférico en cuestión, convirtiendo su desarrollo en un desarrollo industrial subordinado. Cuando se produce el desarrollo subordinado, la industrialización no trae aparejada la distribución de la renta y, por lo tanto, tampoco se consigue romper estructuralmente –mediante la industrialización– la subordinación a la estructura hegemónica del poder mundial, porque la industrialización pasa a ser conducida principalmente por la inversión extranjera y fundada en el establecimiento de empresas multinacionales cuyo centro de poder y decisión continúa asentado en los países subordinantes. Esa fue, por ejemplo, la actitud que tuvieron los Estados subordinantes con respecto a Brasil después del golpe de Estado militar contra el presidente João Goulart en 1964. Importa destacar, también, el hecho paradójico de que las empresas extranjeras que llegan al país periférico en proceso de industrialización dependiente busquen, siempre, apoyarse en los ahorros internos de los países donde se radican con el objetivo de financiar su instalación. Tal fue el caso, por ejemplo, de las empresas norteamericanas que, en la década de 1960, durante el gobierno de Arturo Frondizi, se instalaron en la Argentina.

Históricamente, a través de las llamadas “empresas multinacionales” –independientemente del objetivo económico intrínseco a estas compañías–, los países más desarrollados han intentado bloquear el desarrollo de las fuerzas productivas y mutilar el poder de crecimiento económico en aquellos países menos desarrollados en los cuales no han podido detener el proceso de industrialización. Fue justamente para contrarrestar esa estrategia que el Estado japonés procedió en 1930 a expulsar a la General Motors y a prohibir por completo la inversión extranjera directa en las empresas consideras estratégicas y limitarla, en las no estratégicas, al 49%. En la segunda mitad del siglo xx, siguiendo el ejemplo japonés, tanto Corea del Sur como Taiwán –salvo en los enclaves denominados “zonas de procesamiento” para la exportación– establecieron estrictas medidas para controlar, dirigir y limitar la inversión extranjera imponiendo cuotas de propiedad y limitando los sectores en los cuales podían participar las empresas extranjeras. En Finlandia, de 1919 a 1987, la ley prohibía poseer, a cualquier extranjero, más del 20% de una empresa establecida en su suelo.

Estados Unidos fue el Estado subordinante que más sistemáticamente utilizó durante todo el siglo xx la estrategia de la inversión extranjera, para deformar el desarrollo industrial de los Estados periféricos. Sin embargo, cuando todavía era un Estado relativamente débil, en pleno proceso de industrialización y formación de su burguesía nacional, procedió a regular y limitar enérgicamente la inversión extranjera, llegando a prohibir a los accionistas extranjeros de los bancos norteamericanos el derecho a voto y reservando exclusivamente para los ciudadanos estadounidenses la facultad de ser directores de las entidades bancarias. Como destaca Ha-Joon Chang (2009: 136), tanto el gobierno federal como los gobiernos de los distintos Estados de la Unión sancionaron leyes muy estrictas para limitar la inversión extranjera en industrias de recursos naturales. En materia de minería, las leyes federales circunscribieron los derechos de explotación minera a los ciudadanos y las sociedades anónimas estadounidenses; muchos gobiernos estaduales limitaron severamente, o lisa y llanamente prohibieron, la inversión en tierras por parte de extranjeros no residentes. La Ley de Propiedad Extranjera prohibió la posesión de tierra por parte de extranjeros en más de un 20%. Tan hostiles eran algunos estados a la inversión extranjera que, por ejemplo, en 1887, el estado de Indiana, por ley, retiró por completo la protección judicial a las empresas extranjeras. Asimismo, tan refractario fue Estados Unidos a la inversión extranjera que, por ejemplo, en 1914, se promulgó una ley estadual destinada a regular el sistema bancario, prohibiendo a los bancos extranjeros abrir sucursales bancarias en el estado de Nueva York. Todas estas regulaciones (más la aplicación de los aranceles manufactureros más altos del mundo), es preciso destacarlo, no sólo no perjudicaron el crecimiento económico de Estados Unidos –que fue la economía de crecimiento más rápido del mundo desde 1863 a 1920– sino que posibilitaron el nacimiento de una sólida burguesía nacional.

Las finalidades de la subordinación ideológica

En el transcurso de la historia, los Estados subordinantes, a fin de impedir, estorbar, retrasar o limitar la construcción del poder nacional (el desarrollo industrial y tecnológico) de los periféricos, han empleado la fuerza o la amenaza de la fuerza. Sin embargo, la subordinación ideológico-cultural ha sido la herramienta más sutil y, quizá, la más eficaz, que han utilizado para el logro de dicho objetivo.