Alberto M. Santos Martínez - Cuestiones prácticas de la responsabilidad civil derivada de los accidentes de tráfico

ii. se trata de un hecho imprevisible o, aun cuando resultara previsible, este se convierte en un obstáculo invencible; y

iii. es además la exclusiva y única causa del accidente de circulación.

Buena parte de los supuestos de fuerza mayor ajena a la conducción guardan relación con fenómenos atmosféricos excepcionales y de gran intensidad (v. gr., inundación provocada por lluvias torrenciales o un huracán, no una mera lluvia intensa, racha de viento fuerte o niebla repentina).

Por último, nuestros tribunales han venido delimitando aquellas circunstancias que, pese a que objetivamente y de forma genérica podrían incluirse en el concepto de fuerza mayor, no son aptas para excluir la responsabilidad del conductor. Y así, a modo de ejemplo, se ha venido considerando que la irrupción inesperada de animales procedentes de una explotación cinegética no puede considerarse fuerza mayor extraña a la conducción5 (STS de 11/02/2016, nº 50/2016), como tampoco los problemas físicos del conductor que suceden de forma súbita (SAP de Burgos, Sec. 3ª, de 15/04/2005, res. nº 186/2005).

1.3. La concurrencia de culpas.

Junto a la culpa exclusiva del perjudicado y la fuerza mayor, la concurrencia de culpas actúa como elemento atenuador de la responsabilidad del conductor, de forma que, si bien no se excluye la responsabilidad de este, la misma se traduce en una reducción de los importes indemnizatorios en lo que viene a ser considerado como contribución a la producción del daño por parte de la víctima (art.1.2 LRCSCVM), que se presume que existe cuando no usa o usa inadecuadamente los cinturones de seguridad, casco u otros elementos protectores, incumple la normativa de seguridad, provoca la agravación del daño o incumple su obligación de mitigarlo (especialmente, si abandona de forma voluntaria el proceso curativo). La concurrencia de culpas también puede producirse en aquellos casos en los que se produce una colisión entre dos o más vehículos -existiendo daños en todos ellos y resultando lesionados todos los conductores- donde no pueda acreditarse con claridad la responsabilidad, sobre todo cuando cada uno de los afectados imputa la responsabilidad al otro o al resto de conductores implicados.

Como sucede con las causas de exclusión analizadas, la concurrencia de culpas debe ser alegada y probada por el conductor que pretenda exonerarse de responsabilidad.

En relación con la responsabilidad derivada de la concurrencia de culpas, el TS ha fijado la doctrina –STS de 27/05/2019, res. nº 294/2019- aplicable para los supuestos de daños en los bienes causados por la colisión recíproca de vehículos cuando no pueda determinarse el grado de culpa de cada conductor. En este sentido, teniendo en cuenta que el régimen general de la responsabilidad civil derivada de la circulación de vehículos también rige para las colisiones entre dos o más vehículos donde se han producido perjuicios personales y materiales recíprocos, la indemnización por los daños personales seguirá las reglas del régimen objetivo de responsabilidad por riesgo. Y así, cuando no hay prueba que permita determinar con suficiencia el grado de responsabilidad de cada conductor, ambos conductores responden del total de los daños personales causados a los ocupantes del otro vehículo6. En relación con los daños materiales, el resarcimiento proporcional es procedente solo cuando pueda acreditarse el concreto porcentaje o grado de incidencia causal de cada uno de los vehículos afectados. Si ninguno de los conductores logra probar su falta de culpa o negligencia en la causación del daño al otro vehículo o la culpa del otro, la solución por la que opta el TS consiste en que cada uno deberá asumir la indemnización de los daños en el vehículo contrario en un 50%7.

2. El seguro obligatorio: suscripción y ámbito.

La responsabilidad por riesgo, derivada de la posesión o uso de un vehículo a motor, viene cubierta a través del seguro obligatorio de responsabilidad civil. La obligatoriedad del seguro crea un sistema destinado a garantizar el resarcimiento del perjudicado por un accidente de circulación. En este sentido, el art. 2.1 LRCSCVM establece que “todo propietario de vehículos a motor que tenga su estacionamiento habitual en España estará obligado a suscribir y mantener en vigor un contrato de seguro por cada vehículo de que sea titular, que cubra, hasta la cuantía de los límites del aseguramiento obligatorio, la responsabilidad civil a que se refiere el artículo 1. No obstante, el propietario quedará relevado de tal obligación cuando el seguro sea concertado por cualquier persona que tenga interés en el aseguramiento, quien deberá expresar el concepto en que contrata.” 8.

En consecuencia, la suscripción de un seguro de responsabilidad civil es preceptiva9 para todo propietario de vehículo a motor que tenga su estacionamiento habitual en España.

Se entiende que el vehículo tiene su estacionamiento habitual en España cuando:

a) Tenga matrícula española.

b) Carezca de matrícula, pero lleve distintivo de seguro o signo distintivo análogo a la matrícula expedido en España o el usuario resida en nuestro país.

c) Se trate de un vehículo importado desde otro Estado miembro del Espacio Económico Europeo, aun cuando careciera de matrícula española, si bien solo durante un período máximo de 30 días, a contar desde que el comprador aceptó la entrega del vehículo.

Si se incumple la obligación de aseguramiento el vehículo no podrá circular por territorio nacional, procediéndose al depósito o precinto público o domiciliario del vehículo, con cargo a su propietario, hasta que se proceda a la concertación del seguro; asimismo se impondrá al propietario una multa que puede llegar a los 3.005 €.

En cuanto a su ámbito, el seguro obligatorio garantiza la cobertura de la responsabilidad civil del vehículo en todo el Espacio Económico Europeo, así como en aquellos territorios asociados o adheridos. En relación con los importes de cobertura, los límites máximos se fijan en 70 millones de euros por siniestro en los daños a las personas, cualquiera que sea el número de víctimas, y en 15 millones de euros por siniestro en los daños en los bienes. Cuando el importe de las indemnizaciones fuera superior al límite de la cobertura del seguro obligatorio, este cubrirá hasta su límite máximo, quedando el exceso a cargo del seguro voluntario o, en su defecto, del responsable del siniestro.

Por otro lado, quedan excluidos del seguro de suscripción obligatoria: (i) los daños y perjuicios ocasionados por las lesiones o fallecimiento del conductor del vehículo causante del accidente; (ii) los daños en los bienes sufridos por el vehículo asegurado, por las cosas en él transportadas así como por los bienes de los que resulten titulares el tomador, el asegurado, el propietario o el conductor, así como los del cónyuge o los parientes hasta el tercer grado de consanguinidad o afinidad de los anteriores; y (iii) los daños personales y materiales sufridos cuando el vehículo causante del accidente hubiera sido robado.

Sin embargo, el asegurador no podrá oponer frente al perjudicado ninguna otra exclusión de la cobertura distinta a las apuntadas. En este sentido, el art. 6 LRCSCVM especifica que el asegurador no podrá amparar la falta de cobertura sobre la base de cláusulas contractuales que excluyan de la cobertura la utilización o conducción del vehículo designado en la póliza por quienes carezcan de permiso de conducir, incumplan las obligaciones legales de orden técnico relativas al estado de seguridad del vehículo o, fuera de los supuestos de robo, utilicen ilegítimamente vehículos de motor ajenos o no estén autorizados expresa o tácitamente por su propietario. Tampoco podrá excluir su responsabilidad frente al ocupante del vehículo mediante la aplicación de cláusulas contractuales que presuman que aquel sabía o debería haber sabido que el conductor del vehículo se encontraba bajo los efectos del alcohol o de otra sustancia tóxica en el momento del accidente. Asimismo, tampoco podrá oponer la existencia de franquicias o condicionar la cobertura al uso de la declaración amistosa del accidente.