José Antonio Dávila - Iniciativa empresarial

En cuanto a la inequidad social, podemos traer a cuento un dato elocuente. La expectativa de vida del mexicano, según el INEGI (“Esperanza de vida…”), en 1955 era aproximadamente de 46 años, en contraste con los 74 años de expectativa actual. Esta cifra no es muy lejana de los 78.94 años en Estados Unidos para 2014, de acuerdo con la revista española Expansión (Datosmacro.com).

En el primer caso, es evidente que del México del presidente Miguel Alemán al actual ha habido un avance democrático. Los partidos de izquierda ya no están prohibidos por la ley, el poder legislativo no está monopolizado por el Partido Revolucionario Institucional (PRI) y es posible ejercer cierta crítica en contra del ejecutivo federal. El modo de hacer política en 2016 es muy distinto de cómo se practicaba en 1946.

En el segundo caso, es innegable que el sistema público de salud puso al alcance de buena parte de la población vacunas y antibióticos básicos, además de ciertas normas de higiene, que se tradujeron en un aumento de la expectativa de vida.

Sin embargo, en México la inequidad social y la corrupción siguen siendo dos graves problemas que afectan todas las esferas de la vida, desde la educación hasta el ambiente de negocios, desde la salud hasta los medios de comunicación.

ALGUNAS CIFRAS SOBRE LA COMPETITIVIDAD EN MÉXICO

En 2016, México ocupó el lugar 88 de 113 en el WJP Rule of Law Index (2016), creado por el World Justice Project. En el lugar 66 se encuentra la India; China, en el 80; Irán, en el 86; Venezuela en el 113, el peor de los países evaluados. El Index mide de acuerdo con los siguientes criterios:

• La responsabilidad ante la ley tanto del gobierno y sus funcionarios como de las entidades privadas y los individuos particulares.

• La claridad, justicia, estabilidad y publicidad de la legislación. Las leyes deben aplicarse de manera uniforme y proteger los derechos fundamentales, incluida la seguridad de las personas y sus bienes.

• El proceso de promulgación, administración y cumplimiento de las leyes, procedimiento que debe ser accesible, justo y eficiente.

A partir de estos ejes, el índice mide diferentes factores, por ejemplo, la rendición de cuentas de los gobernantes, los controles no gubernamentales, la prensa libre e independiente, la corrupción, la influencia indebida ejercida por los intereses privados en los asuntos públicos y la apropiación ilícita de fondos públicos.

También mide el libre acceso a las leyes y a los datos del gobierno, el derecho a la información, la participación ciudadana y los mecanismos de denuncia. El propósito del Index es evaluar los mecanismos que velan por la justicia. México sale especialmente mal evaluado en los rubros: a) presencia de conflictos civiles, b) adecuada compensación económica en caso de expropiación de la propiedad, y c) corrupción.

No es ningún secreto, en efecto, que existen estados de la república como Tamaulipas, Oaxaca y Guerrero donde la violencia es casi parte del paisaje. Tampoco es un secreto que muchos conflictos civiles tienen su origen en la inadecuada compensación económica en caso de expropiaciones y otros tantos en donde la autoridad no interviene eficazmente para defender los derechos a la seguridad y a la propiedad de sus habitantes.

Sobra decir que los países con mejor ingreso per cápita se encuentran bien evaluados. Dinamarca ocupa el 1.º lugar y Noruega el 2.º. Es interesante advertir que no es una correlación con el PIB, sino con la distribución del ingreso. La consecuencia salta a la vista, la impartición de justicia —en su sentido más amplio— es clave para la estabilidad económica y para la equidad social.

Por otro lado, en el Ease of Doing Business Index 2016 del Banco Mundial (2016), México tampoco queda en un lugar especialmente destacado. La herramienta mide, como lo dice su nombre, la facilidad para hacer negocios en un país. Para ello revisa la eficacia de las regulaciones legales y su impacto en el crecimiento económico. Es importante advertir que el índice no mide simplemente el número de trámites que deben realizarse para abrir una empresa ni el entramado de leyes que regulan la actividad económica. Evalúa la eficacia de la normatividad. De esta suerte, es perfectamente posible que un país tenga una legislación ecológica muy rigurosa, pero ineficaz desde el punto de vista del desarrollo económico y humano. Los tres países mejor calificados en 2016 fueron: 1.º Nueva Zelanda, 2.º Singapur y 3.º Dinamarca. Este tercer caso es particularmente interesante, pues la legislación danesa tiene un fuerte acento socialdemócrata. Caso análogo al de Dinamarca es Noruega, con el lugar 6.º, y Suecia, en el 9.º. México se encuentra en el lugar 47.º, uno debajo de Tailandia y, eso sí, muy por arriba de Somalia, que ocupa el último lugar de los 190.

Esta facilidad para hacer negocios mide indirectamente la corrupción al evaluar rubros como la obtención de los permisos de construcción. El índice valora, en el caso de México, algunas ciudades. Aguascalientes es la ciudad mejor calificada y la peor es Oaxaca, que ocupa el lugar 32.º; es llamativo que en el poco honroso lugar 31.º se encuentra la Ciudad de México, donde la apertura de negocios está entorpecida, lo hace notar el índice, por la deficiente obtención de permisos de construcción y el también deficiente registro de la propiedad. Insisto, nuevamente, en que el punto no es el rigor de la normatividad, sino su eficacia. Por poner un ejemplo, las normas de construcción para un hotel de playa pueden ser rigurosas pero si son precisas y su aplicación, imparcial y expedita, las reglas del negocio son claras. Los inversores sabrán a qué atenerse y, por ende, conocerán la viabilidad del negocio. El problema es cuando la normatividad es confusa y se aplica discrecionalmente y sin agilidad; el negocio, entonces, se entorpece, porque el inversionista no sabe a qué se enfrenta.

Otro indicador más es el Índice de competitividad 2016-2017 del World Economic Forum (Schwab, 2016), que mide 140 países. México ocupa el lugar 57.º global y el 3.º de Latinoamérica, solo detrás de Chile y Panamá. El índice se construye a partir de tres ejes: 1) Requerimientos básicos (infraestructura, macroeconomía, instituciones, etc.); 2) Potenciadores de la eficiencia (educación de la mano de obra, desarrollo del mercado financiero, tamaño del mercado, etc.) y 3) Innovación y sofisticación de los negocios.

Los tres primeros lugares del índice son 1.º Suiza, 2.º Singapur, 3.º Estados Unidos. El primer lugar de Suiza obedece al modelo de negocio basado en una banca sui generis. El destacado lugar de Panamá en Latinoamérica obedece, probablemente, a las peculiaridades de su sistema financiero que tanto ha dado de qué hablar a partir del escándalo de los Panama Papers y no necesariamente a la convergencia de los ejes 1, 2 y 3.

Sin embargo, es elocuente que vuelven a aparecer en buenos lugares países con políticas públicas inspiradas en el Welfare State, por no llamarlas de inspiración socialdemócrata. Son los casos de Suecia, 6.º, Noruega, 11.º y Dinamarca, 12.º. Estos tres, lógicamente, no reportan graves problemas de corrupción en los índices anteriores.

Este índice contempla factores como la innovación tecnológica en los negocios y el nivel educativo de la mano de obra, dos rubros en los que México aún tiene mucho trecho por delante. Basta pensar, por ejemplo, en el menguado número de patentes tecnológicas registradas por empresas y universidades mexicanas en contraste con Estados Unidos y los países del norte de Europa.

¿Qué más muestra el Índice de competitividad? Que México ha avanzado en aspectos como la eficiencia de los mercados financieros y que presenta ventajas como un mercado interno interesante y un importante bono demográfico; pero también revela muchas áreas de oportunidad. Los índices que reciben la peor calificación son aquellos que están relacionados directamente con las instituciones públicas y privadas, donde la corrupción ha hecho fuertes estragos en el país.