José Antonio Dávila - Iniciativa empresarial

A lo largo de estas etapas, las visiones del papel de la empresa privada que se han concebido desde el poder político han sido distintas, y se han plasmado en diferentes arreglos institucionales, comenzando por la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, con las modificaciones de 1983, 1994 y 2013.

Durante la etapa del Desarrollo Estabilizador (1958-1970) se le asignó a la empresa privada un papel protagónico. La inversión privada se complementaba con la inversión pública, sobre todo en obras de infraestructura, todo ello en el marco del modelo de sustitución de importaciones que, entre otras cosas, implicaba proteger a los productores nacionales de la competencia de las importaciones, en perjuicio del bienestar de los consumidores. ¿Economía de mercado? No.

A lo largo de la Docena Trágica (1970-1982) la actitud del poder político hacia la empresa privada se volvió cada vez más negativa y agresiva, culminando con la gubernamentalización de la banca privada en 1982 y los cambios al capítulo económico de la Constitución, sobre todo el artículo 25, lo cual nos puso a unos cuantos pasos de la economía centralmente planificada. ¿Economía de mercado? Tampoco.

Durante la etapa de Estancamiento con Inflación (1982-1988), la principal preocupación y tarea del gobierno, por lo menos en lo que a la economía se refirió, fue estabilizarla, comenzando por poner orden en las finanzas públicas. Sin embargo, con la adhesión de México al GATT (Acuerdo General de Aranceles y Comercio) y el inicio de la apertura comercial, se dieron los primeros pasos para sujetar a las empresas que operaban en México, tanto de capital nacional como extranjero, a la competencia de las importaciones, creándose los incentivos correctos para que aumentaran su productividad y competitividad, todo ello en beneficio de los consumidores. ¿Economía de mercado? Todavía no, pero hacia allá se apuntaba.

El cambio a favor de los consumidores se había iniciado y, durante la siguiente etapa, la de la Primera Generación de Reformas Estructurales (1988-1994), habría de ampliarse y profundizarse, sobre todo con el Tratado de Libre Comercio con Estados Unidos y Canadá y con otros tratados comerciales, cuyo principal fin es, no que los consumidores extranjeros tengan acceso a los productos mexicanos, sino que los consumidores mexicanos tengan acceso a los productos extranjeros: las exportaciones (que implican producción, oferta y venta) son el medio, y las importaciones (que suponen demanda, compra y consumo) son el fin.

Durante la Época de la Alternancia (2001-2012), se reconoció una y otra vez la necesidad de una segunda ronda de reformas estructurales que complementara la primera pero, por una u otra razón, se quedó en eso: reconocimiento de una necesidad, sin satisfacción de la misma, satisfacción que llegaría en el sexenio del presidente Enrique Peña Nieto con la realización, consecuencia del Pacto por México, de las siguientes reformas estructurales: la reforma laboral,[8] la de competencia, la de telecomunicaciones, la financiera, la energética y la fiscal,[9] cuyo objetivo general es elevar la competitividad, no solo del país, también de las empresas que operan en este, y hacerlo no solo a favor de las ganancias de los empresarios, sino sobre todo para el bienestar de los consumidores, que es el verdadero fin de la economía de mercado.

¿Que falta mucho por hacer? Sin duda alguna. Por ello es necesario seguir avanzando en beneficio de los consumidores, el único que justifica, tanto técnica como éticamente, las ganancias de los empresarios.

REFLEXIÓN FINAL

En este contexto —falta mucho por hacer—, ¿qué le toca hacer a cada una de las partes involucradas, gobierno y empresa?

Al gobierno le corresponde, a partir de lo que ya se ha hecho en esa dirección (desde los tratados de libre comercio, pasando por la autonomía del banco central, llegando a la más reciente ronda de reformas estructurales) seguir creando el marco institucional propio de la economía de mercado, basado en el pleno reconocimiento, la definición puntual y la garantía jurídica de la libertad individual para producir, intercambiar y consumir, y de la propiedad privada sobre los medios de producción y los ingresos.

En este contexto, el gobierno ha de contribuir en lo que le corresponde de manera legítima: elevar la competitividad del país, definida como la capacidad para atraer, retener y multiplicar inversiones directas (que son las que abren empresas, producen bienes y servicios, crean empleos y generan ingresos, es decir, la causa eficiente del crecimiento económico y del progreso social), competitividad que, hoy en día, se ve frenada por la deshonestidad e ineficacia del gobierno, no solo a nivel federal, también en los ámbitos estatal y municipal.

El INEGI ha calculado y publicado el Índice Nacional de Competitividad (INC) y la buena noticia es que entre el año 2010 y 2015 este pasó de 98.02 a 102.86 unidades, un incremento de 4.94%. En ese periodo de tiempo, el comportamiento de los siete componentes del INC fue: desempeño macroeconómico, avance de 2.46%; instituciones, retroceso de 3.50%; capacidades, avance de 5.89%; infraestructura, avance de 5.41%; eficiencia de negocios, avance de 17.20%; innovación, avance de 5.69%; medio ambiente e inclusión social, avance de 2.61 puntos porcentuales.

¿Qué incluye el componente “instituciones”? Fundamentalmente estas dos variables: eficiencia del gobierno y seguridad (que depende de la eficiencia del gobierno), único componente del INC en el cual, entre 2010 y 2015, hubo retroceso (3.50%). El gobierno no está haciendo su tarea y, mientras no la haga, las posibilidades de crecimiento y progreso se verán limitadas.

En contraste, de los siete componentes del INC fue el de “eficiencia en los negocios” el que más avanzó (17.20%), compuesto por los siguientes elementos: mercado de bienes, mercado financiero y mercado laboral. ¿Cuánto más habría avanzado este subíndice si el correspondiente a “instituciones” hubiera también avanzado?

El reto del gobierno contempla, entre otros elementos, los siguientes: manejar sus finanzas con prudencia, consiguiendo superávit primario, de tal manera que no tenga que recurrir a la contratación de nueva deuda para pagar deuda vieja; no caer en la tentación, ante el entorno antilibre comercio que se está formando (Brexit en Gran Bretaña, triunfo de Trump en Estados Unidos), de dar marcha atrás en la apertura comercial; mantener la libre flotación del peso frente al dólar para evitar la acumulación de presiones sobre el tipo de cambio, condición necesaria para evitar crisis cambiaras; llevar a cabo una reforma fiscal que, entre otras cosas, dé como resultado un sistema tributario basado en impuestos indirectos a la compra de bienes y servicios, de preferencia de consumo final, lo cual supondría no cobrarle impuestos a las inversiones de las empresas (que compran bienes y servicios, no de consumo final, sino de uso intermedio: factores de la producción) con la explosión de competitividad que ello traería consigo.

Por su parte, el sector empresarial tiene el reto, para empezar, de lograr que el gobierno haga todo lo señalado en el párrafo anterior, no en beneficio de la empresa, ni a favor de las ganancias del empresario, sino del bienestar de los consumidores mexicanos y de su condición de trabajadores.

Además enfrenta el reto, permanente para cualquier empresa, de elevar su productividad (capacidad de hacer más con menos) y, si está sujeta, como debe estarlo, a la mayor competencia posible, de elevar también su competitividad (capacidad para, en términos de precio, calidad y servicio, hacerlo mejor que la competencia).

Toda empresa tiene el reto de conquistar nuevos mercados, para lo cual el empresario debe voltear la vista hacia otros países, además de Estados Unidos y Canadá. De acuerdo con la Secretaría de Economía, específicamente la Subsecretaría de Comercio Internacional (2017), México cuenta con 12 tratados de libre comercio que involucran a 46 naciones. Esto es, al margen del TLCAN hay otros 44 hacia los cuales se puede exportar. ¿Qué tan proactivas han sido las empresas que operan en México y los empresarios que las encabezan para aprovechar esos otros tratados, distintos del TLCAN, y expandir sus mercados lo más posible? ¿Cuántas posibilidades de expansión de mercados se han quedado en eso, en meras posibilidades, sin llegar a ser realidades?