José Antonio Dávila - Iniciativa empresarial

4. Sistema de educación pública: un sistema de educación público gratuito, exigente y de calidad, que a través de la preparación profesional (no necesariamente universitaria) se convierte en un mecanismo de movilidad social. En realidad, la meritocracia difícilmente puede separarse de un sistema gratuito de educación pública, al menos en las etapas básicas. En el momento en que la capacidad económica familiar se convierte en la ventaja competitiva de un estudiante, estamos dando un grave golpe al sistema basado en el mérito. A la larga, la empresa se beneficia de este sistema gratuito y de calidad, porque cuenta con personal debidamente calificado. Tal modelo educativo es decisivo en la formación de la clase media. De hecho, la crisis de movilidad social en Estados Unidos fue advertida, entre otros, por el entonces presidente Barack Obama. En múltiples ocasiones, Obama hizo hincapié en ello y formuló proyectos para propiciar la movilidad, lo cual tiene que ver con los costos de la educación en aquel país; pensemos, por ejemplo, que el ingreso anual aproximado en Estados Unidos es de 53,000 dólares y la colegiatura de una de las universidades de calidad oscila entre los 20,000 o 25,000 dólares al año. Cuando la educación cuesta, los pobres están en desventaja y las diferencias sociales tienden a perpetuarse. A la objeción de que lo gratuito no se aprecia, debe responderse que la gratuidad de la educación en países como Alemania y Suecia es perfectamente compatible con la meritocracia que exige esfuerzo y dedicación para ingresar y egresar en el sistema educativo.

5. Sistema de salud pública gratuita de calidad. Así como la educación es un igualador social, la enfermedad es un catalizador de la desigualdad. La enfermedad empobrece aún más a los más pobres. Una enfermedad grave o crónica puede hacer añicos a una familia. De nueva cuenta, en Estados Unidos se percibe este malestar social que ha llevado a escenarios políticos inimaginables desde hace algunos años. La falta de seguridad social acaba, a la larga, poniendo en crisis la movilidad social y, por ende, diluye el impulso del selfmade man, el espíritu del emprendedor. La posibilidad de movilidad social es el mejor incentivo para el espíritu emprendedor.

Este último punto (el sistema de salud pública) es un eje de una política pública que está más allá de las posibilidades de acción de la empresa y el empresario. Se trata, además, de una política pública que no impacta en lo inmediato el quehacer empresarial. No se encuentra, prima facie, en la esfera de acción de la empresa.

El punto 4 (sistema público de educación) es también un eje que va mucho más allá del ámbito de acción de la empresa. Sin embargo, se trata de un factor que impacta directamente el clima de negocios. Mientras mejor educado esté un país, más fácil será conseguir directivos, empleados y operarios para la empresa. Además, la innovación tecnológica y la sofisticación de los negocios guarda una proporción directa con la calificación cultural y educativa. No es casualidad que las economías más desarrolladas del mundo generen valor agregado a partir del conocimiento, mientras que la economías menos desarrolladas aún finquen su crecimiento en la explotación de los recursos naturales o la mano de obra barata.

El punto 3 (meritocracia), en cambio, sí atañe directa e inmediatamente a la empresa, aunque va mucho más allá de la esfera privada. Si bien es una forma de vida, un Volksgeist (espíritu nacional o del pueblo), la empresa, especialmente la emergente, sí que puede adoptar como lineamiento propio una cultura meritocrática. Las empresas meritocráticas son más competitivas, pues esta cultura supone ciertos retos a las empresas familiares, tan comunes en México; trabajar en políticas meritocráticas es, quizá, una de las exigencias para las empresas familiares que pretendan transitar de la fundación a la consolidación.

El punto 2, la promoción de una democracia crítica, tampoco es un tema que ataña directamente a la empresa. No obstante, la democracia parece ser un requisito para un clima de negocios sano. Aunque el caso de China parece contradecir este principio, quienes han hecho negocios en ese país suelen decir que es mucho más confortable operar económicamente en una nación donde los derechos de los particulares están debidamente protegidos por la división de poderes y por autoridades elegidas por vía democrática.

El punto 1, Estado de derecho, concierne inmediata y directamente al quehacer empresarial. Piratería, robo, violencia, corrupción, incertidumbre jurídica, lentitud y parcialidad en la aplicación de justicia son algunos ejemplos de cómo la empresa se ve afectada por la debilidad de las instituciones y el desorden. Pero, a diferencia de lo que sucede, por ejemplo, con los rubros 4 y 5 (educación y seguridad social), la empresa aquí no es solo sujeto pasivo, sino también agente activo. La empresa y el empresario tienen una responsabilidad en la promoción del Estado de derecho y no se trata solo de una cuestión de responsabilidad social, sino de una auténtica decisión de negocios.

El Estado de derecho no concierne solo a las relaciones de los particulares con el gobierno, sino también a las relaciones entre los particulares, ya sean individuos, empresas y otras organizaciones. El empresario, el directivo, el accionista, el emprendedor emergente deben asumir una actitud proactiva en este rubro. ¿Qué hacen ellos para prevenir la corrupción y aquellas prácticas desleales en el mercado?

CORRUPCIÓN Y COMPETITIVIDAD

El término “corrupción” no es, estrictamente hablando, un término jurídico; es una noción que admite diversas aproximaciones. Una definición estándar la describe como la acción de un funcionario público que saca un provecho particular indebido de un bien o un servicio público. A manera de ejemplo, si bien el funcionario al cobrar un sueldo por otorgar un servicio obtiene un provecho privado, no se trata de un acto de corrupción, porque la ley contempla que ese sueldo se otorgue a cambio de un trabajo determinado. Este sería el caso, por ejemplo, del policía que recibe un porcentaje de las multas que aplica, siempre y cuando la ley contemple que el policía tiene el derecho a recibir tal comisión.

En este primer sentido, la corrupción implica la participación de un agente del gobierno o del sector público y es, quizá, la más visible.

La contrapartida particular del acto de corrupción es el cohecho. La autoridad que supedita el pago al proveedor por una “comisión” comete un acto de corrupción. El proveedor que agiliza el pago dándole dinero al funcionario comete cohecho.

En algunas ocasiones, el particular no comete cohecho, sino que es víctima de extorsión. Este sería el caso, por ejemplo, del particular que se ve privado ilegalmente de la libertad por un policía, quien lo amenaza con asesinarlo si no recibe un rescate. El particular es víctima de extorsión, pero no un agente de cohecho. No sería este el caso, en cambio, del restaurantero a quien se le amenaza con la clausura de su negocio, que incumple una norma sanitaria, si no le paga una cantidad al inspector. En este caso, el inspector obtiene un provecho indebido “vendiendo” algo que no le corresponde: la no aplicación de la normatividad. El restaurantero comete cohecho porque está “comprando” un bien al que no tiene derecho: la no aplicación de la norma.

Pero existe también la corrupción entre particulares, en violación del Estado de derecho. A veces, esta corrupción asume formas sutiles, como retrasar indebidamente un pago al proveedor; en otras ocasiones, se trata de ilícitos graves, pero que con dificultad son castigados por las autoridades. En cualquier caso, la corrupción entre particulares impacta el entorno político y social. Emprendedores, directivos y empresarios también modelan el carácter moral de los mexicanos.