Carlos M. Beristain - Metodologías de investigación, búsqueda y atención a las víctimas

”8. El Estado reitera su disposición de que, a partir de las recomendaciones emitidas para este caso por el Grupo Interdisciplinario de Expertos con motivo de la asistencia técnica solicitada, se fortalezcan sus capacidades institucionales para la búsqueda y localización de las personas desaparecidas, así como las de investigación de casos de desaparición forzada”.

Con excepción del punto 8 que establece la facultad de que el GIEI formule recomendaciones sobre el tema de la desaparición en general y de la desaparición forzada en particular, el resto de las funciones están circunscritas de manera muy específica al caso en la búsqueda, investigación y atención. La primera atribución es muy operativa, la segunda sobre todo legal y la tercera psicosocial. Es decir, exigía miradas interdisciplinarias para cumplir a cabalidad con ellas. Las funciones se justificaban ante un caso de desaparición forzada, donde lo relevante es ubicar el paradero de las personas, investigar los hechos, y atender y reparar a las víctimas.

En ese sentido, el mandato no es inusual ante las medidas cautelares que se deben adelantar en un caso de esta naturaleza, pero sí es muy novedoso dado que es la primera vez que se establece un mecanismo así, con un amplio mandato interdisciplinar, y trabajando sobre un caso en tiempo real, es decir, pocos meses después de ocurridos los hechos.

En las búsquedas se subrayan los temas tecnológicos y forenses, o sea la utilización de medios profesionales especializados para la ubicación y eventual identificación de los normalistas desaparecidos. En la investigación se resaltan las facultades de coadyuvancia y de protección, con el ánimo de que se agoten las posibles líneas de investigación. En la atención se destaca el diseño de un plan integral en lo que se refiere a la atención y a la reparación de los familiares y víctimas.

En los acápites se insiste en que cada una de estas atribuciones debe llevarse a cabo “conforme a los más altos estándares internacionales y a las mejores prácticas regionales”. Para el buen éxito de estas tareas, el Estado, conforme a los literales a) y b) del punto 9, garantizará el pleno acceso a los expedientes, a las causas penales y a la información gubernamental relacionada con los hechos.

La versión oficial

El Estado consideraba que se estaba ante un caso “resuelto” en lo fundamental, ya que el entonces Procurador General de la República, Jesús Murillo Karam, hacia finales de 2014 había manifestado que los 43 normalistas habían sido capturados por los policías municipales de Iguala y Cocula y entregados a miembros del grupo delincuencial de “Guerreros Unidos” y asesinados e incinerados en el basurero de Cocula, lo que denominó “Verdad Histórica”.

Dentro de la medida cautelar 409/14 de 3 de octubre de 2014, surge el acuerdo para la incorporación de asistencia técnica internacional de 12 de noviembre de 2014, que crea el GIEI. Una vez se integró el GIEI, aunque se contaba con el respaldo inicial de la CIDH, el Grupo no contaba con ninguna infraestructura y en ese momento sus miembros no tenían la suficiente concreción sobre las implicaciones reales de su trabajo. Es decir, no existían definiciones en torno a cómo se iba a desarrollar la dinámica en relación con los cuatro objetivos de su mandato, cómo serían los tiempos de presencia en México y en particular en el estado de Guerrero donde ocurrieron los hechos, cuál sería el personal que era necesario contratar para contar con un equipo base, cómo se gestionaría la administración del proyecto con la OEA, entre otras. Surgían muchas preguntas puesto que se trataba de un modelo de supervisión nuevo, tanto para la CIDH como para los propios miembros del GIEI.

El trabajo del GIEI se desarrolló en dos etapas. La primera fase fue de marzo a septiembre de 2015, seis meses de conformidad con el punto 10 del acuerdo de creación y en la que se desarrolló el trabajo conforme a las atribuciones del mandato. Una vez presentado el Informe Ayotzinapa en septiembre de 2015, el GIEI estimó necesaria una prórroga para poder terminar de cumplir su mandato, siempre y cuando se llegaran a nuevos acuerdos con el Estado mexicano.

En el Informe de septiembre, el Grupo hizo un análisis de la investigación del caso señalando las características de los hechos y sus posibles causas, concluyendo que existían “[…] déficits en la investigación como de las tareas que quedan pendientes para que se pueda dar la justicia que los familiares y México esperan del caso, incluyendo una investigación efectiva de las diferentes responsabilidades y el esclarecimiento del destino de los 43 normalistas desaparecidos que […] es aún incierto”.

También se señalaron las líneas de investigación y búsqueda, después de mostrar que los jóvenes no habían sido incinerados en el basurero de Cocula como señaló la versión oficial, y que el posible móvil del caso estaba relacionado con la existencia de un quinto autobús que no aparecía en el expediente y estaba probablemente ligado al tráfico de drogas, dados los antecedentes de tráfico de heroína entre Iguala y Chicago en el que se usaban autobuses de pasajeros similares a uno de los llevados por los jóvenes sin saberlo.

El 19 de octubre 2015, el Grupo pudo concretar nuevos compromisos con el Estado mexicano, que se dieron a conocer durante la audiencia pública del 20 de octubre ante la CIDH. Los acuerdos fueron los siguientes:

“1. Sacar la investigación de la SEIDO de forma inmediata, proporcionando toda la información existente a un nuevo equipo de investigación en la Subprocuraduría de derechos humanos, quien llevará la segunda parte de investigación de forma exclusiva.

”2. En relación con la propuesta de la PGR de realizar un nuevo estudio sobre la dinámica del fuego del basurero de Cocula, se acuerda que: a) se establezcan de común acuerdo los objetivos y condiciones para llevarlo a cabo, b) se tome de forma conjunta la decisión sobre los perfiles y la elección definitiva de los peritos, c) se consensúe el modo en que se realizará el estudio.

”3. La conformación de un nuevo equipo de investigación con experiencia así como de confianza con la procuradora y con el propio GIEI. El proceso será acompañado por los representantes de las víctimas para facilitar una actitud positiva frente al compromiso en la investigación y las respuestas a las víctimas.

”4. Integrar el informe del GIEI en la investigación del caso. Esto significa: a) evaluar las implicaciones del informe en la investigación de los hechos, b) dar seguimiento a las recomendaciones para la investigación. El GIEI colaborará en las recomendaciones y orientaciones para dicho equipo tanto sobre las cuestiones que se encuentran en su informe Ayotzinapa, como otras que están siendo deliberadas por el Grupo.

”5. A partir de dichas condiciones, planificar de forma conjunta una ruta de investigación tomando en cuenta las informaciones existentes y las nuevas líneas incluidas en el informe. Se establecerá un mecanismo de coordinación periódico, incluyendo: a) la información sobre diligencias a realizar que sean relevantes para el caso y las líneas de investigación acordadas, b) la observancia o participación del GIEI en las cuestiones que estime relevantes y que decrete la PGR, según el marco legal y el papel de coadyuvancia en algunas de ellas, c) la evaluación del conjunto de las nuevas diligencias, peritos y peritajes y declaraciones para establecer los nuevos hechos probados o las hipótesis del caso y los pasos a dar en nuevas consignaciones.

”6. Relanzar la búsqueda con las autoridades competentes con una estrategia basada en las líneas señaladas por el GIEI, incluyendo el uso de la tecnología y el mapa de fosas y otros lugares identificados, estableciendo una ruta de acciones acordada con los familiares.