Puesto que el SNI presenta problemas que en interacción podrían estar llevando a consecuencias no deseadas para el desempeño de la CTI y para su contribución y articulación con el desarrollo económico y social de México, académicos, autoridades y formadores de opinión han coincidido en que el sistema debería reformarse. En general, el énfasis está puesto, por un lado, en el reequilibrio entre la producción de conocimiento fundamental y aplicado y su orientación hacia la atención de los problemas estratégicos nacionales; y, por otro, en una evaluación más cualitativa que valore la trayectoria académica en su contexto disciplinar e institucional y que contemple las diversas actividades que desarrollan los investigadores-académicos en México.
Hay que decir, sin embargo, que algunas de estas propuestas —como el predominio de la calidad sobre la cantidad, la consideración del contexto o el equilibrio entre la investigación y el resto de las actividades del investigador— ya están contempladas en los criterios internos de evaluación de algunas áreas del SNI. Pero si se consideran los estudios referidos, las declaraciones en prensa y las de diversos foros, parecería que la comunidad no ha percibido todavía su sistemática utilización al momento de ser evaluados, como se manifiesta reiteradamente en los grupos de discusión que se celebraron en el marco de esta investigación.
La bibliografía especializada internacional apunta ese problema y señala que, dependiendo del tipo de producción de conocimiento (fundamental/aplicado), los requerimientos de evaluación y sus formas variarán considerablemente si el objetivo último es incentivar la diversidad y la calidad en todas las áreas del conocimiento, cuidando sus diferencias y premiando sus resultados de acuerdo a sus objetivos de investigación (Jong et al., 2011; Regeer et al., 2009; Hemlin y Barlebo, 2006; Bunders y Broerse, 1991; Bunders, 1990; Elzinga, 1988). En particular, Jong et al. (2011) destacan que la producción científica tiene muchos públicos (sociedad civil, tomadores de decisiones en el ámbito de la política pública, empresarios, otros científicos, etc.) y que las formas en que se produce ese conocimiento y su difusión no siempre se traducen en papers publicables en revistas internacionales de alto impacto. En ese sentido, sostienen que la evaluación de la investigación debería incorporar esa producción como resultados de investigación y desempeño.
Finalmente, otro tema de suma importancia que requiere de solución tiene que ver con el régimen de financiamiento que otorga los apoyos económicos del SNI y que significan ingresos extrasalariales importantes para los investigadores. Que dicho estímulo sea un alto porcentaje de ingresos, refuerza y profundiza las consecuencias no deseadas del sistema, en la medida en que no cumplir con sus requerimientos reconoce, valora, premia y representa un costo de oportunidad muy alto para los investigadores (Whitley, 2007).
Además, si a esto se le suma que las percepciones extrasalariales no están sujetas a cargas impositivas ni forman parte de las compensaciones jubilatorias, el problema se ve sustantivamente agravado ya que, por la misma razón, los investigadores no ejercen el derecho a la jubilación y con ello aumenta, por un lado, la presión sobre todo el sistema y, por otro, avanza el envejecimiento de la planta académica de las instituciones de educación superior del país (Bensusán et al., 2013).
Sobre este aspecto, la propuesta más sonada se refiere a incluir en el salario los estímulos económicos percibidos a través del SNI. Y aunque esto tiene muchos defensores en el sector académico mexicano, algunas autoridades gubernamentales y los responsables de la política pública en CTI, no la creen viable. Así, el debate continúa abierto y a la espera de soluciones innovadoras.
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