Jorge Rendón Alarcón - Ayotzinapa y la crisis política de México

Históricamente, la incapacidad del Estado para hacer prevalecer las libertades básicas provoca su remplazo por otras formas de organización comunitaria. En nuestro país estas organizaciones espontáneas has sido llamadas “autodefensas”: se trata de grupos de ciudadanos pobremente armados si se les compara con los grupos de narcotraficantes que deben enfrentar, pero que prueban todos los días que saben arriesgar la vida. Estos grupos están formados por hombres y mujeres (las cuales han mostrado, como siempre, su fortaleza y su liderazgo en todos los conflictos del país). Se puede encontrar a campesinos, amas de casa, profesoras de escuela elemental, pequeños comerciantes, todos armados e involucrados sin distinción en tareas de vigilancia. Han tenido mucho éxito no sólo en expulsar de sus comunidades a las bandas de narcotraficantes, sino también en contener el saqueo de sus recursos naturales, sobre todo forestales. Sus relaciones con el gobierno institucional no son sencillas: cuando atrapan a un delincuente, en ocasiones hacen las veces de “tribunal popular” y sólo con reticencia lo entregan a las autoridades gubernamentales, tratando de asegurarse que sea efectivamente sancionado. Existen casos en que aquellos que encabezan tales organizaciones se encuentran acusados de delitos dudosos y algunas veces infundados. Hasta ahora ninguna de ellas ha derivado en una organización paramilitar opuesta al poder político, pero son vistas como potencialmente peligrosas y el estado suele “regularizar” su presencia, sea exigiendo el registro de todas las armas con las que cuentan, o bien dándoles un estatuto oficial: el de “policías rurales”. Tiene razón en temer, porque en cierto modo estos grupos hacen la experiencia de que un estado obeso, ineficiente y corrupto es simplemente una mala alternativa que merece ser desechada.

La irrupción de esta nueva criminalidad que es el narcotráfico ha puesto a prueba todas las estructuras del país. Desde luego, en el proceso ha quedado exhibida la debilidad del Estado mexicano. Pero creemos que no es un problema de debilidad institucional y nos hemos esforzado en señalar que indica la debilidad de la vida democrática en México, especialmente en algunas regiones tradicionalmente caracterizadas por la falta de respeto a los derechos civiles y políticos. La sociedad mexicana no ha alcanzado la fuerza suficiente para lograr que sus instituciones gubernamentales, pero también sus partidos políticos, sean representativas de sus intereses más significativos. Hay un déficit democrático en México y no hay otra opción que fortalecer las instituciones capaces de asegurar una vida democrática real. Pero esto no es suficiente: es preciso también crear una conciencia democrática más fuerte en la ciudadanía, que valore los principios de la civilidad, que sepa resistir la inhumanidad que cunde. Finalmente, también hemos querido dejar constancia de que, en medio del tumulto, la sociedad mexicana sigue luchando por alcanzar una vida democrática más lograda; lo hace en la vida cotidiana y común, pero si las cosas aprietan, es capaz de llegar al sacrificio. Esta es a nuestro juicio la apuesta que hoy se juega en México.

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