Jenny Elisa López Rodríguez - La implementación de políticas públicas y la paz - reflexiones y estudios de casos en Colombia

Por último, para quienes se preocupan por las dimensiones prácticas de la implementación, el capítulo probablemente no les ofrece un listado de recomendaciones o buenas prácticas que puedan ser empleados de forma inmediata. De hecho, aun cuando cada vez son más comunes las guías de implementación en todo el mundo, resultaría casi imposible delinear los principios de la buena implementación para todo momento y todo lugar. Cada programa y cada política son distintos y responden, además, a diversos contextos político-administrativos. En ese sentido, las respuestas en torno al proceso de implementación ideal dependerán de las preguntas planteadas por cada situación particular. Sin embargo, lo que sí podemos aprender de la literatura es que, aun cuando la implementación perfecta es imposible, la implementación fallida no tiene por qué ser un destino ineludible.

Hoy en día, sabemos que pensar en clave de implementación implica tomar en cuenta consideraciones de política pública –los vínculos entre diseño e implementación y el tipo de instrumentos a emplear según las circunstancias–, consideraciones temporales–los periodos de ejecución, las fases y las secuencias–, consideraciones espaciales –los ámbitos geográficos a tomar en cuenta y las poblaciones a atender–, consideraciones políticas –los intereses involucrados, los conflictos potenciales y los grupos opositores o de apoyo–, consideraciones sociales –las actitudes de los servidores públicos y las expectativas de los beneficiarios–, consideraciones administrativas –las capacidades institucionales y la distribución de recursos– y consideraciones de gestión –las redes de apoyo, los procesos de coordinación y el uso del monitoreo–. Así, implementar implica alcanzar objetivos, productos, efectos concretos; pero también supone administrar un proceso de ensayo y error, de aprendizaje y adaptación. Al mismo tiempo, implementar implica gobernar, legitimar y asegurar la sustentabilidad político-administrativa de las decisiones públicas. Todo ello, nada más, nada menos.

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