Pippa Norris - Integridad electoral

El registro automático es ampliamente elogiado porque tiene el potencial de mejorar la seguridad y la inclusión. Hay evidencia de que el registro electoral automático se asocia a una mayor concurrencia a las urnas, de que disminuye los costos de participación electoral, y mejora la representatividad social y étnica de las listas electorales y el voto en sí (Bracconier, Dormagen y Pons, 2017, p. 602). No obstante, la posesión de documentos de identificación oficiales que se requieren en los procesos de registro electoral de muchos países tiende a relacionarse con el estatus socioeconómico, por lo que este requisito introduce sesgos en los registros electorales (Massicotte, Blais y Yoshinaka, 2004, p. 67).

Otra fuente de sesgo se da cuando otros actores intervienen y registran electores en sistemas que carecen de registro automático y a menudo cometen errores, o incluso fraude, y con la participación de los partidos políticos en el proceso de registro, lo cual introduce inevitablemente politización y parcialidad (Gerken, 2013, p. 18). Al reducir los puntos de contacto donde posiblemente ocurran hechos delictivos, los casos de fraude pueden prevenirse mediante el registro automático. En consecuencia, muchas organizaciones como el Centro Brennan, avalan con entusiasmo el registro electoral automático declarando que “esta política aumenta las tasas de registro, limpia las listas, hace que la votación sea más conveniente y reduce la posibilidad de fraude electoral, al mismo tiempo que reduce los costos” (Brennan Center, 2017). Por ello, algunos expertos posicionan el registro automático electoral más allá del dominio habitual de los intercambios de la administración electoral, argumentando que mientras “la mayoría de las políticas de las elecciones inevitablemente empujan hacia el debate del acceso/integridad. El registro universal es diferente. No tenemos que intercambiar o negociar el acceso por la integridad ya que promueve ambas” (Gerken, 2013, p. 20).

Como era de esperar, muchos analistas fueron muy optimistas acerca de las reformas chilenas sosteniendo que esto significaba que “Chile pasaba de ser uno de los lugares más retrógrados para el registro electoral en el mundo, a uno de los más avanzados” (Bodzin, 2011). Más dramáticamente, el registro electoral se extendió casi de inmediato a más de cinco millones de nuevos electores, derivado esto en gran medida de las poblaciones más marginadas electoralmente (Contreras, Joignant y Morales, 2016, p. 528). Esta sustancial mejora en el acceso de los electores se refleja en el buen desempeño de Chile en la métrica de inclusión en la gráfica 2.2. Pero a pesar del fuerte potencial teórico a favor del registro electoral automático para mejorar también la seguridad, la implementación sigue siendo clave y la experiencia chilena advierte que no es ninguna panacea. Como fue identificado por los expertos del PEI, en este caso la búsqueda de la inclusión parece haber llegado a un costo considerable para la seguridad.

En el universo de las elecciones, las mejoras en uno de estos dominios congenian con las mejoras en el otro. Ante los varios países en el cuadrante seguro-excluyente de la gráfica 2.2 —lo que sugiere un pobre desempeño en inclusión pero bueno en seguridad—, Chile es una excepción con poca incidencia de ciudadanos elegibles que no aparecen registrados, pero con problemas con la inscripción de los electores no elegibles. Destacan en este sentido los reportes de personas fallecidas que se incluyeron en el registro electoral (Benedikter, Siepmann y Zlosilo, 2015, p. 92). El registro automático es un medio eficaz para inscribir electores elegibles, pero puede trabajar “tal vez demasiado bien” (Carey y Horiuchi, 2013). Estos mismos autores encontraron que el registro electoral había superado el cien por ciento de la población en edad de votar en 2012, ya que se habían incorporado electores fallecidos, incluso el ex presidente Salvador Allende, muerto en 1973 (Carey y Horiuchi, 2013). Claramente esto constituye un grave problema para la realización de las elecciones. A la luz de la magnitud de la transformación del registro electoral de Chile y sus altos niveles de integridad electoral en general (Índice PEI, p. 67), puede ser un problema pasajero más que perdurable. El próximo informe del PEI 6.0, que abarca a las elecciones presidenciales de Chile de diciembre de 2017, ayudará a arrojar luz sobre estas cuestiones.

Mientras que Chile forma parte de un muy pequeño grupo de países donde las cuestiones de seguridad fueron percibidas como más severas que las de inclusión, un número relativamente grande tiene sustancialmente mayores problemas de inclusión del elector que problemas de seguridad. El caso de Estados Unidos muestra otros problemas del registro electoral que pueden socavar la integridad de las elecciones.

El registro electoral en Estados Unidos se encuentra altamente politizado. Las normas de elegibilidad de los electores y facilidad de acceso han tenido durante mucho tiempo importantes repercusiones electorales y por lo tanto han servido a propósitos dobles: asegurar que solo los electores elegibles puedan votar; y permitir los intentos para limitar la participación electoral de los partidarios del partido opositor (Tokaji, 2008, p. 453). Mientras que los debates más recientes en muchas democracias reflejan la tensión entre maximizar la inclusión y minimizar el fraude (Atkeson et al ., 2010), se realizan fáciles analogías con los históricos impuestos para votar y los requisitos de pruebas de alfabetización (Keyssar, 2009). Tal despliegue cínico para inscribirse en el registro electoral con fines políticos fue prohibido con la aprobación de la Voting Rights Act of 1965 , la cual establecía que: “No se debe imponer calificaciones o prerrequisitos para votar, ni imponerse o aplicarse norma, práctica o procedimiento por cualquier Estado o subdivisión política para negar o restringir el derecho de cualquier ciudadano de los Estados Unidos a votar por motivo de raza o color.” ( Voting Rights Act of 1965 , párr. 3.º).

Sin embargo, en tanto que las leyes de inscripción electoral garantizan que solo los votantes elegibles voten y que lo hagan solo una vez, muchos alegan que dichas leyes reducen desproporcionadamente la inscripción y participación electoral de los marginados socialmente (Bentele y O’Brien, 2013, p. 1106). Tener requisitos exigentes de identificación de votantes y su aplicación heterogénea afecta a los electores de las minorías (Atkeson et al ., 2010). Pero los que lo proponen señalan que esto es necesario para garantizar la seguridad de las elecciones.

El espectro del fraude electoral se colocó en el centro de atención durante la campaña electoral de 2016 en virtud de las repetidas afirmaciones de Donald Trump sobre el registro y votación ilegal a gran escala. El presidente Trump sigue haciendo tales denuncias, afirmando que él ganó el voto popular “si usted deduce los millones de personas que votaron ilegalmente” (Shear y Huetteman, 2017). Para que esto fuera cierto se requeriría que al menos 2.8 millones de votos fraudulentos hubieran sido emitidos, lo que es inverosímil (Cottrell, Herron y Westwood, 2017, p. 1). Por otra parte, los demócratas alegan que la supresión de electores le costó a Hillary Clinton cientos de miles de votos cruciales (Priorities USA, 2017). Hay una lógica política clara en esto. Las leyes de registro electoral más estrictas marginan a grupos tradicionalmente alineados con los demócratas, lo que beneficia a los legisladores republicanos que controlan el Congreso, el cual se encarga de aprobar las leyes. Los tribunales han intervenido en esta compleja área y han desempeñado un papel crucial con decisiones críticas, incorporando la intervención de la Corte Suprema en asuntos complejos de manipulación de la distritación electoral con fines partidistas.