Fabio Núñez del Prado - Justicia de papel

32Véase (Nagy, 2012, p. 5); García Long (2019a, pp. 347 y ss).

33Históricamente llamados como pacta de quota litis. Por su parte, en Inglaterra se diferencia entre damages-based agreements (DBA) y conditional fee arrangements (CFA).

34Esto no quiere decir que no pueda haber partes débiles, pero claramente se abre un mercado para beneficiar a partes fuertes.

35Rubin (2011, p. 674): “Maintenance is assistance in a lawsuit by someone who has no interest in the case; champerty is an agreement between a litigant and a stranger by which the stranger pursues the claim in return for a share of the proceeds; and barratry is vexatious persistence or incitement to litigation”.

36No necesariamente tiene que ser un fondo sino otro tercero financista, pero acá se considerará —a efectos expositivos— que el financista es un fondo de inversión al ser una de las prácticas comunes.

37Sahani, Smith y Deniger (2018, p. 31): “This investment is made on a non-recourse basis, meaning that the claimant has no obligation to reimburse the third-party funder is the claim is unsuccessful”; Daughety y Reinganum (2014, p. 2552): “Such financial support takes the form of a “nonrecourse” loan; that is, the litigation funder advances payment to the plaintiff, and repayment occurs only if the plaintiff is successful (either in settlement or at trial), and then only up to the plaintiff’s recovery (net of attorney fees, which are generally a percentage of the plaintiff’s received transfer from the defendant)”.

38Sahani, Smith y Deniger (2018, p. 27): “Third-party funding is particularly relevant in the context of damages because, ultimately, the magnitude of damages of any claim is one of the determining factors influencing whether a claim will be financed and, if so, at what level”.

39Véase Kaplan (2013).

40Por ejemplo, explica Benatti (2019b, p. 168) que: “The duty to provide timely and complete information only pertains to internal rapports: in accordance with ethical principles, lawyers’ duty of loyalty only applies to the professional-client relationship (independent of the contract with the fund), and it is doubtful that the fund may also be considered a client. This seems to be one of the more complicated aspects, especially because, in practice, the fund interacts directly with the lawyers and often has frequent contact with these same law firms — not just because of the fund’s trust in the firm’s experience and ability, but also because the fund may be referred clients or receive leads on potential proceedings to finance. If not properly managed, this close relationship with the fund can cause tension or create a conflict of interest (which might be abused with relation to compensation, knowing that the fund is backing the costs). Indeed, we are dealing with a hypothesis in which there are duties only toward the represented party, but “there are effectively two clients”. Particular attention must be given to this aspect when the client is not a multinational or large company but is actually weak”.

41Véase Scherer y Goldsmith (2012a, p. 210).

42Véase Goldsmith y Melchionda (2012, p. 55).

43Essar Oilfields Services Limited v. Norscot Rig Management PVT Limited [2016] EWHC 2361.

44Véase Szymanski (2016); Hemming y Elliott (2016); Torres (2016); Dundas (2017); Henriques (2017); Kühn y Van Oeveren (2018); Benatti (2019b). Antes del caso Norscot, algunos comentaristas consideraban que los costos del financiamiento no eran reembolsables por la parte perdedora en favor de la ganadora. Véase Scherer y Goldsmith (2019b, p. 662).

45Véase Abrams y Chen (2013); Affaki (2013); Bogart (2013); Fernández Masiá (2016, p. 208); Henriques (2017); Ríos (2017, p. 243).

46Mediante pacto se puede incluir a los punitive damages en el convenio arbitral para que dicha sanción pueda ser reclamada en arbitraje, otorgándose así poder punitivo a los árbitros. Respecto a la cláusula de punitive damages en arbitraje, véase García Long (2019e, p. 94); Benatti (2019a, p. 934). Incluso una posición más liberal considera que los punitive damages pueden solicitarse en arbitraje a menos que se haya pactado expresamente en contra. Al respecto, véase García Long (2019b).

47Véase Desert Line v. Yemen (2008) y Bernhard von Pezold and others v. Republic of Zimbawe (2015).

48Otro ejemplo lo encontramos en la cláusula penal. Así como se pueden pactar cláusulas penales compensatorias, hay aquellas que son principalmente punitivas que permiten liquidar contractualmente un monto elevado que no se corresponde con los daños esperados. Véase Osterling y García Long (2019, p. 156-157). En general, se puede identificar varios casos de instituciones inicialmente compensatorias que pueden cumplir —además— funciones punitivas.

49CJEU 13.7.2006, Joined Cases C-295/04 to C-298/04 Vincenzo Manfredi and Others v. Lloyd Adriatico Assicurazioni SpA and Others [2006] ECR I-06619.

50Véase Komminos (2013, p. 253); Chalmers y Monti (2008, p. 158); Nazzini (2009, p. 419); Carpagnano (2007, p. 16).

51Véase Giliker (2017, p. 451).

52Disposiciones similares se encuentran en Francia en el artículo L. 331-1-3 del Code de propriété intellectuelle, en Italia en el artículo 125 del Codice della Proprietà Industriale, y en Holanda en el artículo 27(a) del Auteurswet (copyright) y el artículo 70(5) del Rijksoctrooiwet (patentes).

Hacia un proceso eficiente y efectivo: aspectos relevantes sobre la carga de la prueba y los poderes probatorios del juez en el proceso civil

Towards an efficient and effective process: Relevant aspects regarding the burden of proof and the evidence powers of the judge in the civil procedure

Francisco Zegarra Valencia* **

Pontificia Universidad Católica del Perú

El autor explica las razones por las que considera que la regla de la carga de la prueba constituye una regla simple que, tomando en cuenta las limitaciones económicas y administrativas del sistema de justicia, permite al juez acercarse a la verdad y justicia del caso concreto mediante una distribución equitativa del riesgo de error; lo que a su vez permite generar seguridad y predictibilidad jurídica en la aplicación de las normas materiales y procesales antes y durante el proceso.

En base a ello, señala las razones por las cuales la prueba de oficio y la carga dinámica de la prueba, al constituir excepciones a la regla de la carga de la prueba, deben encontrarse justificadas en una maximización de beneficios y no generar costos en su aplicación. Y si ello ocurre, deben positivizarse mediante reglas que establezcan los supuestos expresos de su aplicación.

*Abogado por la Pontificia Universidad Católica del Perú (PUCP). Título de segunda especialidad en Derecho Procesal y estudios de maestría en Derecho Procesal por la PUCP. Postgrado en especialización en procesal civil, arbitraje y medicación por la Universidad de Salamanca- España. Adjunto de docencia del curso Derecho Procesal Civil II de la Universidad de Lima y Revisión e Impugnación Judicial en la PUCP. Miembro del Grupo de Investigaciones de Derecho Procesal Crítico y Constitución de la PUCP (GIDEPROC). Asociado del estudio Rodríguez Angobaldo Abogados.

**Quiero agradecer a mis compañeros argentinos de la Universidad de Salamanca - España, quienes durante mi estadía en Salamanca me hicieron recordar las razones por las cuales uno escribe esta clase de artículos.

1. INTRODUCCIÓN

En nuestro ordenamiento procesal civil surge cada cierto tiempo la creencia de que otorgando mayores poderes probatorios al juez se podrá lograr la justicia en el caso concreto. Esta idea se sustenta en el rol más activo que debería asumir el juez en el proceso, en aras de tutelar, además de la resolución del caso concreto, los fines abstractos del proceso, tales como la búsqueda de la verdad, la justicia y la paz social.