Diego Alejandro Ramírez Bonilla - La revolución ciudadana en Ecuador (2007-2017) - posneoliberalismo y (re)colonización de la naturaleza

En el contexto de consolidación del carácter deficitario, importador y consumista (Martínez Torres, 2016, p. 37) de la economía estadounidense, la invasión a Iraq en 2003 se desplegó como una estrategia para restaurar la posición dominante de Estados Unidos en el mundo, por medio de una “política unilateral de militarismo macho” (Wallerstein, 3 de septiembre del 2006), más allá de la retórica oficial sobre la necesidad de rescatar los principios y valores occidentales frente al terrorismo internacional que los amenaza. El neoconservador Proyecto para un Nuevo Siglo Americano, implementado por la administración Bush Jr., pretendió reposicionar a Estados Unidos por medio del control territorial de los recursos energéticos de Medio Oriente. Sin embargo, este intento no logró legitimarse entre las potencias capitalistas de manera similar a como lo consiguieron las intervenciones militares estadounidenses durante la Guerra Fría en medio de la lucha contra la amenaza comunista internacional. Al no conseguir el consenso requerido por parte de los demás actores políticos en el sistema interestatal, el militarismo neoconservador falló en su propósito de renovar la hegemonía estadounidense (Arrighi, 2005a; 2005b; Harvey, 2007).

Aunque resulte desacertado referirse al final absoluto del papel hegemónico de Estados Unidos en virtud de la ausencia de un candidato digno a ocupar su lugar (Chomsky, 2012) y, sobre todo, tomando en cuenta el papel que la potencia norteamericana ocupa como gendarme del sistema capitalista (Katz, 2011), la disminución del poderío económico de Estados Unidos desde la última parte del siglo XX ha confluido con una pérdida de su influencia política en territorios como Latinoamérica, y ha cedido el paso al ingreso de nuevos actores internacionales en la región a principios del nuevo milenio.

En los albores del siglo XXI, el analista económico Jim O’Neil, de Goldman Sachs, escribió dos artículos (2001; 2003) sobre el creciente peso que un grupo de países estaban adquiriendo en la economía mundial. Estos países fueron Brasil, Rusia, India, China y Sudáfrica –también conocidos como Brics– y, según previsiones basadas en el crecimiento de sus PIB, prometían convertirse en las economías dominantes a nivel mundial para el año 2050.

La creciente gravitación de estas economías o potencias emergentes en el sistema-mundo representó un desafío para los poderes establecidos en el orden internacional, tanto por el peso que adquirieron sus manufacturas en el mercado mundial (en el caso de China e India), como por su objetivo de crear un orden político y económico alternativo al de las potencias occidentales y, al menos en el plano estrictamente retórico, “crear un mundo más justo y equilibrado a favor de los países del sur” (Gratius, 2016).

La denominada cooperación sur-sur se convirtió en la punta de lanza que permitió a las clases hegemónicas de los países de dicho bloque insertarse de manera más favorable en los circuitos globales de comercio de energía y minerales, así como en los escenarios políticos internacionales, donde consolidaron efectivas estrategias de oposición a las prácticas hegemónicas de los Estados Unidos. Tales estrategias se sustentaron en el creciente poderío económico y militar de China y, también, aunque con menor rango de importancia, el poderío atómico que aún ostenta Rusia.

Sin embargo, a la luz del desempeño que obtuvieron dichas economías a lo largo de las dos décadas del siglo XXI, es China quien realmente cumple un papel central dentro de los Brics, al punto que el mismo analista que originalmente resaltó la importancia económica de dichos países reconozca que el país asiático fue el único del grupo que cumplió sus expectativas (O’Neil, 31 de agosto del 2017). Los Brics adquirieron, en realidad, un carácter de plataforma para potenciar el poder geopolítico de China: facilitaron el relacionamiento del país asiático con distintos países del denominado tercer mundo y el acceso a sus recursos naturales.

Tras el surgimiento del capitalismo con características chinas, que permitió la emergencia de China como principal economía industrial del mundo, se incrementó la demanda mundial de materias primas, especialmente de aquellas relacionadas con el sector energético, lo que modificó las condiciones comerciales para los países periféricos primario-exportadores a nivel global. En el caso específico de América Latina, particularmente aquellos países cuyos gobiernos se enfocaron en la búsqueda de fuentes de financiación y aliados políticos diferentes al imperio estadounidense, China incrementó exponencialmente su participación desde principios del nuevo milenio como demandante de materias primas, que incluyeron petróleo, minerales y semillas (Gallagher y Porzecanski, 2010).

Crisis del modelo neoliberal y resistencias sociales

Junto con la profundización de la crisis hegemónica estadounidense y la entrada de nuevos actores en la escena regional, la primera década del nuevo milenio se destacó por la expansión de manifestaciones de resistencia frente a las políticas de ajuste estructural, privatización y desregulación del modelo neoliberal, imperante desde la década de los setenta y profundizado a nivel mundial luego de la implosión de la Unión Soviética. Latinoamérica, como territorio donde se ensaya por vez primera el experimento neoliberal bajo la bota de la dictadura de Augusto Pinochet en Chile de 1973, cumplió también un papel protagónico en el advenimiento de las primeras prácticas contestatarias frente al fundamentalismo de libre mercado –término empleado por primera vez por el economista Joseph Stiglitz–. El aumento en las tasas de pobreza y desigualdad producto de la imposición del modelo (Stiglitz, 2002; Harvey, 2007) condujo a manifestaciones contestatarias como el Caracazo en 1989, los levantamientos indígenas en Ecuador durante la década de 1990, y el alzamiento zapatista en 1994 (Antentas y Vivas, 2009).

Este último acontecimiento marcó el comienzo de las manifestaciones masivas de resistencia globalizada a los postulados del Consenso de Washington (Williamson, 1990), una serie de medidas de carácter político y económico impulsadas desde 1990 por instituciones como el Fondo Monetario Internacional, el Banco Mundial y el Banco Interamericano de Desarrollo, como recetas para implementarse en América Latina y el resto de regiones denominadas subdesarrolladas, a fin de encauzarlas en el camino del crecimiento económico y el desarrollo (Gambina, 2013).

Las respuestas contestatarias se hicieron mundiales con eventos como la Batalla de Seattle, en 1999, y las manifestaciones de Praga en 2000, la primera como reacción a la cumbre de la OMC y las segundas contra el Banco Mundial y el Fondo Monetario Internacional. La mundialización de las protestas conllevó el incremento de prácticas represivas a manos de los Estados que alojaron a los representantes de las instituciones financieras durante sus encuentros. Los procesos de represión policial y militarización, emprendidos con el propósito de frenar el avance de la resistencia, se hicieron más atroces en la medida en que los altos mandos gubernamentales se valieron del terrorismo de Estado para eliminar las manifestaciones antineoliberales. Un ejemplo de las prácticas mencionadas fue el estado de sitio impuesto en Génova (2002) y en Evián (2003) (Iturribarría, 2 de junio del 2003; Baigorria, 5 de diciembre del 2009)15.

En el proceso de deslegitimar la resistencia y neutralizar su impacto, fue muy importante el papel desempeñado por los medios de comunicación; su uso de términos despectivos como antiglobalización –cuyo énfasis se centraba en lo aparentemente reactivo de los movimientos, y no en su naturaleza constructiva– y globalifóbicos –útil para ridiculizar a los protestantes a través de la caricaturización de sus reclamos– (Baigorria, 5 de diciembre del 2009). El ataque mediático tuvo como objetivo directo aquellos sectores de la población que apoyaban las consignas de los movimientos contra el neoliberalismo; en esta arremetida discursiva, los jóvenes fueron un público importante por ser el sector en el cual tenían mayor eco las ideas antineoliberales. El ataque mediático se profundizó tras la caída de las Torres Gemelas, el 11 de septiembre del 2001. Este evento propició la intensificación de las políticas represivas y permitió la elevación del concepto terrorismo como eje articulador de la deslegitimización y criminalización de los movimientos contestatarios.