Figura 9. Bloques petroleros en el Yasuní
Figura 10. Territorios de las comunidades indígenas que habitan la Reserva de la Biosfera Yasuní
Figura 11. Comunidades kichwa en el área de influencia de los bloques 31 y 43
Figura 12. Mapa presentado por el Ministerio de Justicia en el informe de viabilidad constitucional (agosto de 2013)
Figura 13. Mapa presentado por el Ministerio de Justicia en su informe a la CIDH (abril del 2013)
Figura 14. Mapa de plataformas y oleoductos del bloque 43 o ITT
Figura 15. Ruta del crudo desde la Central de Procesos Tiputini hasta la Estación de Procesamiento Edén-Yuturi
Figura 16. Ruta del crudo desde la EPF hasta el Terminal Amazonas del OCP
Figura 17. Mapa de la ruta del crudo desde la Terminal Amazonas hasta la terminal marítima del OCP
Figura 18. Ejes de Integración y Desarrollo de la IIRSA
Figura 19. Área de influencia del Eje del Amazonas
Figura 20. Grupos de proyectos del Eje Amazonas
Figura 21. Proyectos para el acceso a la Hidrovía del Napo
Figura 22. Tramo ecuatoriano del Eje multimodal Manta-Manaos
Figura 23. Infraestructura vial y fluvial entre la EFP y la Terminal Amazonas (OCP)
Figura 24. Hidroeléctrica Coca Codo Sinclair
Figura 25. Proyectos de infraestructura en el río Napo construidos y adecuados para la explotación petrolera
Figura 26. Proyectos de infraestructura construidos y adecuados para la extracción petrolera en el norte de la Amazonía ecuatoriana
Figura 27. Barcaza transportando camiones por el río Napo a la altura de Puerto Providencia
Lista de tablas
Tabla 1. Participación de China, Unión Europea y EE. UU. en el comercio de América Latina (2000-2020) 96
Tabla 2. Flujos externos de IED de China 2003-2015 en millones de dólares
Tabla 3. Contratos crudo y fuel oil Petroecuador – Petrochina
Tabla 4. Avance proyectos Grupo 2 (agosto del 2016)
Durante la primera década del siglo XXI, el contexto político y social de Abya Yala1/América Latina se caracterizó por la inestabilidad y la emergencia de distintas manifestaciones de resistencia frente al modelo neoliberal, impuesto inicialmente en Chile por la dictadura de Augusto Pinochet y luego implementado en los demás países de la región2. Con la llegada de Hugo Chávez Frías a la presidencia venezolana y su puesta en marcha del llamado socialismo del siglo XXI, las esferas políticas y académicas del continente se vieron permeadas por discursos sobre revolución social, que se pensaban condenados al olvido luego de la caída del Muro de Berlín y la entronización de la tesis del fin de la historia, expuesta por Francis Fukuyama y reproducida por los propagandistas del libre mercado3. Durante esta época, surgieron distintos gobiernos caracterizados por la implementación de políticas redistributivas de las rentas estatales, encaminadas a la reducción de la pobreza, el cuestionamiento de las políticas neoliberales y el rechazo de las prácticas imperialistas, históricamente ejercidas por los Estados Unidos en el hemisferio, entre otros elementos.
En Ecuador, el proceso denominado Revolución Ciudadana −del que tratará esta obra−, impulsado por Rafael Correa Delgado tras su llegada a la presidencia, constituyó un hito de orden nacional, regional e internacional, al presentarse como una apuesta por la construcción de un socialismo del siglo XXI que incorporó algunos elementos provenientes de cosmovisiones indígenas en el ejercicio de gobierno.
En el año 2006, Correa ganó las elecciones presidenciales gracias a la creación de un movimiento político en torno a su figura, denominado Alianza pais. Este se instaló como principal fuerza política a partir de un discurso antipartidista y antineoliberal, que hizo suyas varias de las reivindicaciones históricas del movimiento indígena del Ecuador, como fueron el reconocimiento de las distintas nacionalidades que conforman la sociedad ecuatoriana y el rechazo a las políticas económicas implementadas por gobiernos neoliberales.
Luego de asumir el poder gubernamental en enero del 2007, el presidente Rafael Correa cumplió una de sus principales banderas de campaña, que consistió en la convocatoria a un referendo para instaurar una Asamblea Nacional Constituyente con plenos poderes, lo cual ocurrió en abril del 2007. El texto producto de dicha asamblea, la Constitución Política del Ecuador del 2008 – también conocida como la Constitución de Montecristi, por la parroquia en la que tuvo lugar la Asamblea Constituyente–, definió al Estado ecuatoriano como “plurinacional e intercultural” (Lalander y Ospina, 2012a, p. 119), a la vez que incorporó el concepto ancestral indígena sumak kawsay, traducido al castellano como buen vivir4, bajo la pretensión de trascender la visión tradicional de desarrollo y crecimiento económico capitalista, y sustituirla por un nuevo paradigma centrado en una relación armónica con la naturaleza, la cual fue reconocida como sujeto de derechos (Ospina, 2012). Este fenómeno constituyó un hecho sin precedentes en la historia moderna y permitió consolidar la imagen de la Revolución Ciudadana como un proyecto político radicalmente ecologista.
A mediados del 2007, el gobierno liderado por Correa lanzó la Iniciativa Yasuní-ITT, una campaña internacional enfocada en mantener el petróleo del bloque 43 –que también recibe el nombre de Ishpingo-Tambococha-Tiputini (ITT) y se ubica en el Parque Nacional Yasuní– en el subsuelo, mediante la consecución de recursos económicos provenientes de la comunidad internacional que compensaran el monto que el país dejaría de recibir al no explotar el recurso.
En 2009, tras la reelección de Correa como presidente5, se redactó el Plan Nacional para el Buen Vivir 2009-2013. Como objetivo de la administración, el documento propuso superar la dependencia de la economía ecuatoriana frente a la extracción de materias primas, para consolidar un modelo de socialismo del siglo XXI centrado en el aprovechamiento de la biodiversidad, el conocimiento y el bioturismo, que transformara a Ecuador en una “biópolis ecoturística” (Ospina, 2012).
No obstante, luego de promulgarse estas propuestas, normas y lineamientos visiblemente transformadores, el gobierno de Correa impulsó medidas que avalaban, de manera unilateral, el desarrollo de actividades mineras y petroleras. Así ignoró los mecanismos de consulta previa estipulados constitucionalmente6 y afirmó la necesidad, de parte del Estado, de fomentar el desarrollo sustentable de las industrias extractivas. Esto condujo a que la divergencia y abierto antagonismo entre el gobierno de Rafael Correa y los movimientos indígenas ecuatorianos, entre otras fuerzas sociales, se hiciera tan evidente7 que el presidente llegó a tildar de “izquierdismo, ecologismo e indigenismo infantil” a las posturas críticas frente a sus políticas de depredación ambiental (Ramírez Gallegos, 2010; Lalander y Ospina 2012a). A su vez, la Iniciativa Yasuní-ITT fue abortada en el 2013 al no superar el umbral de aportes monetarios que se esperaba recibir por parte de los distintos actores internacionales, con lo cual comenzaron los preparativos para la explotación petrolera en el bloque 43.
En virtud de la postura del gobierno de Rafael Correa frente a la disidencia social a sus políticas y, sobre todo, de su impulso a políticas de extracción intensiva de bienes naturales8, su proyecto político fue acusado no solo de continuar, sino también de profundizar las dinámicas de despojo comunes a los gobiernos de la partidocracia durante la larga noche neoliberal9. En este orden de ideas, la Revolución Ciudadana manifestó en su seno la contradicción inmanente entre, por un lado, la apuesta por consolidar una relación armónica entre el ser humano y la naturaleza como principio central del sumak kawsay o buen vivir y, por el otro, el impulso a la depredación natural y a la inferiorización de la naturaleza como condiciones para desarrollar las comunidades, elementos característicos de la colonialidad de la naturaleza, una de las caras del patrón de poder mundial que se ha manifestado con particular violencia en Abya Yala/América Latina10.
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