Andrea Carolina Ariza Sánchez - Responsabilidad del Estado colombiano por daño ambiental en actividades marítimas. Análisis jurisprudencial

Este libro, derivado de una tesis de investigación, pretende ilustrar el contenido y ámbito de aplicación del inciso primero del artículo 90 de la Constitución Política de Colombia, en el caso de responsabilidad del Estado por daño ambiental generado por las actividades marítimas de concesiones de playas marítimas y terrenos de bajamar. El referido inciso primero del artículo 90 de la Constitución señala: “El Estado responderá patrimonialmente por los daños antijurídicos que le sean imputables, causados por la acción o la omisión de las autoridades públicas”. Para ello, se revisa básicamente, además de la norma constitucional y distintas leyes reguladoras, la aplicación de las mismas por los tribunales colombianos cuando el Estado y sus entidades han sido demandados por daños al medio ambiente atribuibles a sus actuaciones.

El problema tratado tiene relevancia por los siguientes aspectos: resalta la importancia geográfica de las zonas marítimas y costeras; destaca el desarrollo de la normatividad internacional sobre el medio marino costero, y porque, finalmente, analiza el impacto de esas normas internacionales en el ámbito normativo nacional, recogido en diversas providencias expedidas por la justicia contenciosa.

La temática de la responsabilidad en el campo jurídico cobra importancia debido a la evolución del sistema social y normativo. El hombre, como base de la sociedad que excede el límite en el ejercicio de sus derechos, debe asumir las consecuencias de sus actos y resarcir los perjuicios ocasionados, según los deberes legales impuestos por la sociedad.

En este sentido, este libro dilucida la responsabilidad del Estado por sus acciones u omisiones, dentro de la obligación de proteger el medio ambiente, conforme a la normatividad constitucional y a la interpretación sistemática, como se detalla en el numeral 4 del capítulo primero.

Las zonas costeras gozan de innumerables recursos naturales, vitales para la humanidad; por ende, su cuidado y protección son indispensables, así como las características sociales, culturales, preservación de los valores culturales de las comunidades asentadas (PNAOCI, 2000), siendo Colombia un país privilegiado al estar bañado por los océanos Atlántico y Pacífico.

Ahora bien, según la hipótesis planteada, el Estado es responsable patrimonialmente por los daños ambientales causados en el ejercicio de las actividades marítimas (concesiones de playas marítimas y terrenos de bajamar), tanto en los procedimientos para su otorgamiento como en su funcionamiento, control y vigilancia, que deben ser cumplidos durante la ejecución de las actividades marítimas ya señaladas, a la luz del inciso 1 del artículo 90 superior.

En estos procesos de desarrollo se puede relacionar los proyectos portuarios, concesiones de playas para adelantar proyectos turísticos, accidentes con efectos transfronterizos, entre otras actividades o acciones que pueden generar daño ambiental.

La aplicación práctica sugerida y derivada de la investigación proporciona herramientas sobre el ejercicio adecuado de diversas acciones judiciales y los criterios que el juez debe analizar, referente a la procedibilidad y establecimiento de la responsabilidad del Estado.

El texto propone tres capítulos; el primero de ellos, Ámbito de aplicación del artículo 90 de la Constitución Política de Colombia y evolución normativa-ambiental, tiene dos elementos estructurales; primero, los tipos de interpretación histórica, sistemática y finalista del inciso 1 del artículo 90 de la Constitución de 1991, aplicado sobre categorías conceptuales, como daño, daño ambiental y daño antijurídico, y el desarrollo doctrinario de la temática bajo estudio.

El segundo capítulo, Teorías de imputación de responsabilidad del Estado, realiza un análisis histórico del tratamiento de la responsabilidad del Estado. También la caracterización doctrinal y jurisprudencial de las teorías de imputación estatal.

En el tercer capítulo, Análisis jurídico y jurisprudencial de las acciones derivadas del artículo 90 de la Constitución Política de Colombia, examina varios casos de la costa norte colombiana, derivados del ejercicio de las actividades marítimas (concesiones de playa marítima y terrenos de bajamar), y bajo el desarrollo de dos hipótesis se establece si puede configurarse la responsabilidad del Estado.

El tercer capítulo sigue lo expuesto por Da Silva, quien manifestó que en la jurisprudencia italiana nació la teoría del examen caso por caso para determinar la eficacia que tienen las normas constitucionales. Lo anterior se suscitó cuando la constitución italiana entró en vigor el 1º. de enero de 1948, y el Tribunal Penal de Roma, el 19 del mismo mes y año, emitió una decisión sobre la eficacia jurídica y aplicabilidad de las normas constitucionales (Da Silva, 2003).

De lo expuesto se deriva la necesidad de estudiar los criterios orientadores para determinar la responsabilidad frente a los daños ambientales causados en el ejercicio de las actividades marítimas, y así construir presupuestos que evidencien la ocurrencia de afectaciones de derechos ambientales imputables al Estado. Es, sin duda, un tema amplio, complejo, que debe seguir siendo sometido a estudios y debates permanentes en las facultades de Derecho del país.

En este capítulo se abordan tres aspectos, primero los tipos de interpretación histórica, gramatical, sistemática y teleológica, desarrollada por diversos autores a lo largo de la historia. Se aplica este método de investigación al artículo 90 de la Constitución como punto central de esta investigación.

Se resalta que estos tipos de interpretación son importantes y, en palabras de (Contreras Hauser , 1981):

La norma jurídica debe ser entendida más como un instrumento creado para la acción que como una proposición científica. Estos utensilios producirán ciertos efectos ante determinadas situaciones correlativas que se irían dando en la vida social” […] “El orden jurídico positivo no consta solo de leyes, sino también de la función jurisdiccional. Y tal función debe ser -por demás- razonable (p. 77).

Por esta razón, se considera importante examinar los distintos métodos de interpretación legal a esta investigación, y aplicarlos al contenido de la norma bajo estudio.

Luego del análisis de los métodos de interpretación se procede al desarrollo histórico normativo, y el tercer punto, un abordaje doctrinal con el que se demuestra la originalidad de esta investigación.

Este tipo de investigación pertenece a la escuela de interpretación histórica, desarrollada por el alemán Savigny:

[…] admite que la materia del derecho está dada por todo el pasado de la nación; pero no de una manera arbitraria y de tal modo que pudiera ser ésta o la otra accidentalmente, sino como procediendo de la misma esencia de la nación misma y de la misma esencia (p. 16).

Precisamente es el estudio del pasado, de los hechos históricos que se vivieron en una sociedad, lo que hace comprensible el sistema jurídico de una sociedad determinada (Savigny, 1908). Buscar en el recorrido histórico de un país los factores económicos, desarrollo político y elementos socioculturales que se desarrollaron en el último siglo, permite construir una verdadera interpretación histórica.