Jefferson Jaramillo Marín - Construir la paz en condiciones adversas

El cuarto capítuloanaliza un caso específico de las dificultades locales para poner en marcha sus derechos e instrumentos para el bienestar económico, incluso si se trata de iniciativas locales, populares, o “desde abajo”. Nos referimos al caso de la educación escolar indígena en el Amazonas. La educación escolar indígena amazónica ofrece un caso paradójico para entender cómo la organización local intenta exigir y poner en práctica ciertos derechos. Los pueblos indígenas del Amazonas recibieron la educación escolar como una imposición a finales del siglo XIX e inicios del siglo XX; además, la educación escolar se convirtió en un instrumento del Estado para acabar con la existencia de los pueblos indígenas sin eliminarlos físicamente. Las luchas indígenas en toda Colombia han obligado al Estado a aceptar la creación de un sistema educativo escolar dirigido, administrado y evaluado por los pueblos indígenas, pero ese sistema se basa en la experiencia y la estructura de las organizaciones indígenas andinas y aún no se adapta a la realidad social e histórica de los pueblos indígenas amazónicos. Así, los pueblos indígenas amazónicos se debaten entre adoptar un modelo indígena de administración de la educación o continuar con una educación administrada por el Gobierno nacional o las iglesias. La paradoja está en que ninguno de esos modelos representa las expectativas de los pueblos indígenas amazónicos sobre la educación escolar. Los pueblos indígenas de hoy no desean renunciar a la educación escolar, pero el hecho de que existan alternativas indígenas a la administración de la educación no garantiza la satisfacción del derecho. Para crear un sistema escolar indígena amazónico, los pueblos indígenas del Amazonas tendrán que lidiar con las exigencias del Estado para que sus organizaciones se burocraticen, se institucionalicen y se parezcan más a las que el Estado central desea.

El capítulo quintode este libro afirma que, en el cumplimiento del reciente acuerdo de paz entre el Estado colombiano y las FARC-EP, el funcionamiento del Estado depende de esas formas de organización departamental y local. El funcionamiento estatal no depende solo de los gobiernos centrales, sino de formas locales de administración del territorio, especial-mente en regiones en las que el Estado parece estar ausente en cualquier asunto diferente a la acción militar. En estos territorios, los instrumentos de planeación nacidos del proceso de transición hacia la paz permitirían a sus habitantes dirigir la acción estatal hacia sus necesidades de desarrollo y ordenamiento territorial; en otras palabras, la implementación del acuerdo de paz es una oportunidad para armonizar las demandas de las comunidades locales por el reconocimiento de sus derechos en sus territorios con la planeación del desarrollo nacional.

¿Cómo? Para entender esa propuesta, la región de La Macarena nos provee nuevamente de un escenario en el que nuestra hipótesis puede ser puesta a prueba en el caso del acceso a la propiedad de la tierra, los desarrollos endógenos y la atención a las víctimas. A partir de una discusión sobre qué solemos entender por territorio y ordenamiento territorial, este capítulo revela que la disyuntiva de la planeación para el desarrollo es producto de una confusión: los planes de desarrollo de los gobiernos centrales prometen desarrollar territorios cuyas necesidades y posibilidades desconocen, al mismo tiempo que obligan a esos territorios a acomodar su planeación al proyecto del Gobierno central. Dicho de otro modo, suponen que todas las regiones tienen las mismas necesidades de desarrollo y no escuchan las necesidades que plantean quienes habitan esas regiones. Esto es lo que llamamos aquí una planeación “hacia abajo”: así, la gente a quien deben beneficiar los planes de desarrollo no es consultada.

En este contexto, el ordenamiento territorial transicional facilitaría una relación de negociación entre los grupos locales y los niveles municipal, departamental y nacional en el proceso de planeación, niveles de los que las comunidades rurales y sus organizaciones locales, usualmente, están excluidas.

Ahora bien, halagar la capacidad de una comunidad campesina o indígena para organizarse parece ser poco realista a la luz de la realidad de esas comunidades, en las que abunda la pobreza y los bajos niveles de acceso a la salud, la educación y otros derechos. También podría parecer una actitud paternalista frente a los problemas de participación política. Es cierto que, en los casos que analizamos en este libro, las formas de organización comunitaria y ordenamiento territorial han ocurrido a contracorriente de las decisiones del Gobierno central, pero nuestro argumento no consiste en prometer un nuevo mundo basado en formas totalmente nuevas de organización política que desplacen a los Estados. No porque la idea no sea atractiva, sino porque eso no parece ser lo que la sociedad civil y las comunidades rurales o locales esperan.

La expectativa que existe en estas regiones es que las políticas de los gobiernos centrales se sintonicen con sus iniciativas locales, con el fin de que esas formas de ordenamiento territorial local permitan el bienestar económico y el disfrute de los derechos civiles y políticos. Por ello, el bienestar local no puede funcionar sin un cambio en las políticas para el desarrollo regional. Ese es el problema al que apunta el sexto y último capítulo de este libro: ¿cómo pueden las políticas de desarrollo sintonizarse con el desarrollo regional? Para lograr el desarrollo regional, afirmamos en nuestro último capítulo, es indispensable que el Estado asuma la responsabilidad de crear políticas públicas en todos sus niveles (nacional, regional y local), basadas en la realidad de cada territorio, las cuales potencien el uso de los recursos y las capacidades de sus habitantes por medio de incentivos. Estos cambios deberían equilibrar el nivel de crecimiento económico de regiones con mayores niveles de bienestar y regiones que muestran bajos índices de bienestar económico, pero ese crecimiento del bienestar económico basado en el trabajo de sus habitantes debe ocurrir sin agotar los recursos naturales disponibles.

En términos de la planeación estatal para el desarrollo, este bienestar económico exige resolver problemas de competitividad económica, incrementar los ingresos y garantizar acceso a los bienes y servicios básicos (como alimentación, vivienda, educación y salud). Para ello, la aplicación de buenas prácticas de gobierno, el fortalecimiento de las instituciones públicas locales, regionales y nacionales y la inversión en la infraestructura son condiciones necesarias que deben ejecutarse desde el nivel central hasta el local. En otros países de América Latina, esas políticas públicas han estado ligadas a las reformas agrarias; así, nos preguntamos si en Colombia los acuerdos de paz pueden ser una oportunidad para poner en práctica tales políticas.

La situación actual de los acuerdos de paz nos obliga a pensar en la respuesta con incertidumbre; no obstante, un conocimiento para la libertad, la igualdad, la fraternidad, la sostenibilidad ambiental y la armonía entre los pueblos, sin llevarnos al aburrimiento de una vida sin sentido por una sociedad que ya tiene todo resuelto, es arduo. Para encontrar un par de piedras preciosas siempre hace falta escarbar en numerosos arroyos de lodo.

Para los y las investigadoras sociales, los y las líderes sociales, los y las funcionarias públicas comprometidas con los derechos humanos, los y las activistas sociales, los y las líderes políticas y los y las ciudadanas comunes y corrientes informados, esos arroyos de lodo metafóricos son movilizaciones, reuniones tediosas, informes extensos y, con suerte, libros como este, que deciden hincarle el diente a un problema del que hay mucho que decir y poco tiempo para actuar. A lo mejor, lo que decimos aquí nos sirva para actuar lo más pronto posible.