Jefferson Jaramillo Marín - Construir la paz en condiciones adversas

[en] el esquema de ordenamiento territorial vigente, existen 227 juntas de acción comunal legalmente constituidas, ocho en el casco urbano y 219 en zona rural. Al observar su “densidad”, existe una proporción general de una junta por cada 137 habitantes. La proporción cambia según se observe el ámbito urbano o rural. En el primer caso, la proporción es de una junta por cada 539 habitantes. En el segundo, una junta por cada 127 habitantes. (p. 28)

La asociación municipal del municipio (Asociación de Juntas de Acción Comunal [Asojuntas])—que reúne a estas juntas—ha estado supeditada a periodos de auge y declive desde su constitución, con lo que ha disminuido el número de juntas afiliadas en años recientes. Si bien en el año 2000 se contaban 166 juntas afiliadas, para el año 2005 la cifra había bajado a 63 (Rincón, 2018, citado en González et al., 2016). Salvo en algunos casos, como han identificado González et al. (2016),

las juntas de acción comunal no han logrado consolidar organizaciones de segundo nivel, un hecho que contrasta con el surgimiento de una nueva dinámica organizativa más gremial que política, desde mediados de la década de 1990, asociada a la oferta del Estado nacional, primero, en relación con la temática de la protección ambiental y, posteriormente, con el componente social del plan de consolidación.

(p. 28)

Estas organizaciones no ejercen una gestión territorial en el mismo sentido en que lo hacen las juntas de acción comunal; tal es el caso de la Asociación Campesina Ambiental Losada-Guayabero (Ascal-G), la Agremiación de Productores Agropecuarios de La Macarena, Meta (Agapam), entre otras organizaciones.

Dificultades para las organizaciones, según lo relatan González et al. (2016), han sido los patrones dispersos de asentamiento, las precarias condiciones productivas y una oferta estatal que profundiza la estigmatización de algunas organizaciones y promueve otras formas organizativas más técnicas que políticamente orientadas. Esto se complejiza por la dispersión demográfica que se percibe en el ámbito rural. Si bien se han promovido respuestas microlocales a problemas comunitarios, las organizaciones no logran conectarse de manera sostenida con iniciativas de otras veredas ni con el casco urbano, debido a la precariedad de muchas vías terciarias, lo cual eleva los costos de transporte y, por lo tanto, limita las interacciones.

Así mismo, González et al. (2016) señalan que la trayectoria y fortaleza de las juntas y los procesos sociales de los Llanos del Yarí y del interfluvio Losada-Guayabero se contrasta con la menor capacidad organizativa de las juntas del casco urbano y de la zona oriental del municipio. Muchas de estas juntas de acción comunal se han conectado con instancias organizativas de segundo nivel, las cuales cumplen funciones en términos de gestión de los recursos colectivos y de representatividad, aunque no necesariamente esto se ha traducido en un capital electoral importante.

PROCESOS EXTRACTIVOS EFÍMEROS, CAMPESINIZACIÓN COLONA, ORGANIZACIONES AMBIENTALES Y PACIFICACIÓN TERRITORIAL 4(1990-2010)

De acuerdo con Rincón (2018), hacia finales de los años ochenta, el municipio de La Macarena estaba experimentando ocupación de zonas aledañas en su casco urbano y hacia las partes altas de los ríos Losada y Guayabero. Esto posiblemente obedeció a nuevas bonanzas de la madera, lo que trajo nuevos flujos poblacionales y comerciales; sin embargo, esto duró entre 1990 y 1995. El agotamiento de esta bonanza coincidió con el segundo ciclo de coca en la zona y con la zona de despeje para los diálogos del Gobierno de Andrés Pastrana.

En términos de organización campesina, es importante mencionar que desde mediados de los años ochenta las organizaciones lograron convocar y protagonizar importantes movilizaciones sociales, en las que reivindicaron sus derechos y exigieron la sustitución de los cultivos de hoja de coca por cultivos legales y sostenibles. Una de las movilizaciones más significativas resultó, sin duda alguna, la de junio y julio de 1996, en la que las organizaciones campesinas de la región amazónica occidental, en coordinación con la Federación Nacional Sindical Unitaria Agropecuaria (Fensuagro) y otras organizaciones campesinas de las regiones del Cauca, Norte de Santander y el sur de Bolívar, lograron convocar y movilizar alrededor de 200 000 campesinos, quienes exigieron la sustitución de la hoja de coca y el cese a la política de fumigación aérea de los cultivos de uso ilícito.

No obstante, es necesario anotar que han existido factores—más allá del conflicto armado—que afectan profundamente las capacidades de las comunidades para organizarse y actuar colectivamente de manera sostenida. Una de ellas, y quizá la más crítica, tiene que ver con las precarias condiciones socioeconómicas de la población rural, que no encuentra oportunidades productivas distintas a la coca. En este sentido, se requiere con urgencia, según recomienda el estudio de González et al. (2016),

una intervención del Estado que contribuya a viabilizar las economías campesinas hasta donde se haya corrido la frontera agrícola y ganadera, detener la avanzada colonizadora e involucrar a la población que habita en las zonas protegidas en las estrategias de conservación ambiental. Esto implica solucionar algunos de los problemas básicos tales como: la informalidad de la tenencia de la tierra, resolver el diferendo limítrofe que impide saber a ciencia cierta la jurisdicción políticoadministrativa a la que pertenece una parte del territorio del municipio; la carencia de interconexión eléctrica y el reducido servicio que se presta; y la precaria interconexión vial terrestre y el alto costo del transporte aéreo. (p. 72)

Figura 1. Una década después del proceso de paz con Pastrana

Fuente: Alfredo Molano Jimeno, El Espectador (19 de febrero de 2012, pp. 2-4). Archivo Digital de Prensa del Centro de Investigación y Educación Popular-Programa por la Paz (Cinep-PPP).

González et al. (2016) plantean que, si bien la presencia del Estado en el municipio contribuyó particularmente con el PCIM a brindar una mayor seguridad, en términos de replegar a la guerrilla hacia las zonas más apartadas, esto se tradujo en una mayor inseguridad para los pobladores, especialmente para aquellos que se ubican en la zona rural, quienes fueron objeto de señalamientos y persecuciones. En este sentido, la intervención del Estado generó más fragmentación territorial y social del municipio, lo que profundizó la estigmatización de ciertas comunidades al reproducir las divisiones del tipo buenos-casco urbano/malos-zona rural ( figura 1).

Esta situación plantea un profundo desafío, en términos de recuperar la confianza en las instituciones del Estado, que termina por agravarse por la falta de coordinación entre las instituciones que hacen presencia y que, finalmente, dan lugar a serios dilemas. Al conflicto histórico entre conservación ambiental y colonización se ha sumado el señalamiento por parte de las autoridades a algunos pobladores al considerarlos como testaferros de tierras de las FARC-EP, desconociendo algunos de los procesos de titulación que había puesto en marcha el Instituto Colombiano de Desarrollo Rural (Incoder) previamente. Un primer paso para construir confianza podría ser la puesta en marcha de un plan de ordenamiento territorial consistente con las realidades del territorio, el cual involucre de manera activa a las comunidades tanto en las etapas consultivas como decisorias y que parta de la buena fe de los pobladores rurales ( figura 2).

La enorme desconexión entre el casco urbano y la zona rural ha limitado la posibilidad de que muchas organizaciones sociales puedan acceder al poder local y, desde ahí, gestionar asuntos de su interés. En efecto, las administraciones locales han estado al servicio de dinámicas clientelistas y controladas por candidatos de los partidos tradicionales. ¿Cómo potenciar órdenes locales para la paz en Colombia? ¿Cómo ampliar la oferta partidista y mejorar la articulación entre organizaciones sociales rurales y el Estado local?