Ricardo Alejandro Terrile Sierra - La erosión democrática y el contrato constitucional

d) La crisis de la democracia y su deterioro, se expresa esencialmente en la indiferencia de algunos sectores en el significado, sentido y utilidad del voto y en otros, como la Unión Europea, en la existencia de una capa creciente de inmigrantes sin derecho a voto, de ciudadanos de segunda categoría que asisten a las contiendas electorales como espectadores de decisiones que los afectan.

En el conjunto de la periferia europea, la deslegitimización del poder político y de la clase política se acentúa. La crisis económica y social se convierte en una crisis política cada vez más profunda con procesos crecientes de deslegitimación de instituciones y de los partidos políticos. Todo ello conlleva al desaliento, la desconfianza, el enojo y una marcada insatisfacción.

El vaciamiento institucional reemplazó a los golpes de Estado. La erosión de los cimientos democráticos, en los últimos años, expone el “desgaste” que nuestros sistemas de gobierno sufren “desde adentro”, provocando lo que, años atrás, el investigador argentino Guillermo O’Donnell denominó su “muerte lenta”. Esta “muerte lenta” de las democracias contrasta con la trágica práctica que fue tan común en América Latina hasta hace pocas décadas: la “muerte súbita”, consecuencia de violentos golpes de Estado, y que llevaban al abrupto reemplazo de gobiernos elegidos popularmente por gobiernos militares.

Otro rasgo de esta “muerte lenta” o “erosión paulatina” son conductas que el propio Poder Ejecutivo, confundiendo al Estado con gobierno, desconociendo el contrato social, alienta e impulsa, como afirmamos precedentemente, la ampliación de los miembros de la Corte Suprema, designando Ministros complacientes con las medidas del gobierno; legisla, a pesar de su expresa prohibición constituciónal, con decretos de necesidad y urgencia, forzando la interpretación constituciónal, aún y a pesar de fallos judiciales que lo impiden; procuran la re-reelección de sus mandatos a pesar que la constitución, a la que han jurado respetar, les veda un tercer mandato ininterrumpido; judicializan toda decisión en contra de sus intereses, confiando que la mayoría de los integrantes de la Corte devuelvan favores y lo legitimen.

En el Poder Legislativo, la mayoría parlamentaria cuando responde al oficialismo, cualquiera sea éste, demora el nombramiento del Defensor del Pueblo y todo tipo de control; delega al Poder Ejecutivo todas las competencias que las provincias pre-existentes al Estado Nacional le ha conferido al Congreso de la Nación, renunciando a ejecutarlas; prorroga “sine die”, competencias extraordinarias conferidas para una coyuntura determinada en tiempos de normalidad institucional; legitima los decretos de necesidad y urgencia; evita todo debate parlamentario, resistiendo toda convocatoria de Ministros al seno del Congreso.

El sistema de “frenos y contrapesos” se diluye. El Poder ejecutivo avanza con sus decisiones consciente que el Poder Legislativo aprueba por disciplina y el Poder Judicial por mayoría.

Tom Ginsburg y Aziz Huq dedicaron un libro al tema de “cómo salvar las democracias constituciónales” frente al problema de la “erosión democrática”; el profesor Adam Przeworski nos ha manifestado que las democracias van “retrocediendo” de a poco; Steven Levitsky y Daniel Ziblatt se refirieron a la “muerte de las democracias”; el belga David van Reybrouck habló de la “fatiga democrática”

Hoy, existe una razonable preocupación sobre el deterioro democrático. Nos impone y obliga a pensar en remedios urgentes; soluciones mediatas; iniciativas destinadas a “restaurar” el sistema de checks and balances, o a diversificar y fortalecer los controles ante el poder Ejecutivo, quien aparece como el principal generador de “desajustes”.

Existe una crisis de representatividad, un fastidio por la corrupción e impunidad de la clase dirigente; un Congreso que no delibera, una justicia volátil con manifiesta dependencia hacia los gobiernos de turno. El desencanto con las democracias que mueren por dentro.

Lo que la ciudadanía exige, entonces, no se limita a una nueva constitución cualquiera sea, sino que nuestros representantes estén a la altura del mandato popular conferido. Nada cambiará realmente mientras quienes gobiernan no preserven las fuentes de trabajo, no combatan la inflación, no tiendan puentes con la oposición, mantengan la corrupción y la consiguiente impunidad, no atiendan la política ambiental, sigan sumando empleados públicos al Estado en los ámbitos nacionales y provinciales mientras nosotros somos meros espectadores, destinados a consentir o aplaudir.

Roberto Gargarella afirma “De todo esto hablamos cuando hablamos de democracia: de recuperar definitivamente nuestra capacidad colectiva de pensar, discutir y decidir acerca del modo en que nos organizarnos, y tomar decisiones sobre nuestro propio destino…” Ahora, en pleno aislamiento social, preventivo y obligatorio, aquellas reflexiones preliminares se multiplicaron y dos nuevos factores comenzaron a cobrar relevancia: la mentira y la improvisación.

Timothy Snyder (“Sobre la Tiranía”), en un reciente reportaje, se refiere precisamente a la politización de la ciencia. Se improvisa y en la improvisación se miente sin pudor a la sociedad, ora fijando aislamientos sociales, preventivos y obligatorios breves en procura de preservar la disponibilidad de recursos; ora falseando las listas de contagiados y fallecidos por el COVID19; ora discriminando entre provincias aliadas de aquellas otras gobernadas por la oposición; ora publicitando acuerdos del gobierno con laboratorios internacionales que han avanzado en la cura del flagelo con la aparición de la vacuna; ora con cuadros y estadísticas distorsiónados por los propios funcionarios de la salud.

La sociedad, después de muchas experiencias vergonzantes, ya no somos permeables a las mentiras que ponen nuestra propia vida en riesgo expuesta en los medios televisivos, radiales y gráficos, en la que se apela a datos igualmente falsos, que no responen a información documentada y confiable.

Si la desigualdad se vuelve demasiado extrema, la gente ya no vive en la misma sociedad. El lenguaje y la comunicación se rompen. La grieta social no colabora con el debate racional. Son las emociones y los fanatismos los que afloran.

Vivir en democracia implica ser educado para tal fin. No somos naturalmente “democráticos”; por el contrario, tendemos a ser egoístas, intolerantes, conservadores del “estado de bienestar propio”. Sin embargo, las pandemias, las catástrofes, la guerra, nos sacuden de tal manera que aprendemos y aprehendemos a bucear dentro de nosotros y mayoritariamente encontramos valores vinculados a la solidaridad y la comprensión del otro.

Snyder afirma que no se puede hacer política sin valores. Es muy importante que un ciudadano en una democracia sea consciente de que sus acciones individuales, no solo su voto, influyen. Los valores tienen que estar presente fundamentalmente en los funcionarios y sobre todo en los líderes políticos. El ejemplo reciente de Uruguay en la que dos senadores enfrentados por años en posturas encontradas, se retiren de la función pública abrazados, es un mensaje sublime que colabora con el fortalecimiento de la tolerancia y la democracia .

La corrupción, la consiguiente impunidad por ausencia de control, eran marcas registradas en la dictadura y los gobiernos de facto. Dichas conductas han sido imitadas y acrecentadas durante algunos procesos democráticos, generando una descomposición acelerada de la confianza de los ciudadanos hacia los políticos potenciada por la impunidad de sus protagonistas.

La erosión que hoy evidencian nuestras instituciones, el sistema político y la democracia no reconoce en la corrupción y consiguiente impunidad los únicos factores, sino que la llamada “crisis de representatividad” también ha jugado en papel relevante, consecuencia del desarraigo social de los políticos que han perdido presencia en el conjunto de la sociedad.