Ricardo Alejandro Terrile Sierra - La erosión democrática y el contrato constitucional

En las sociedades contemporáneas, los medios de comunicación constituyen un factor de publicidad y critica de los actos de gobierno y muchas veces, de silencio y autocensura durante los gobiernos militares. El cierre del diario La Prensa en la segunda presidencia de Perón; el humor corrosivo contra el Presidente Illia, el enfrentamiento con el diario Clarin durante todo el período kirchnerísta, por citar una pequeña muestra, delata el importante papel y la formidable herramienta que significa un medio periodístico en poder del oficialismo o de la oposición.

El peronismo no se vertebra como partido, sino como movimiento mayoritariamente espontáneo en la que el lider es el gran aglutinador de una masa informe más propia de la psicología social que del racionalismo. El partido es un recurso que habilita la participación en un sistema partidocrático pero no hace a la esencia de su construcción.

La democracia que se había sustentado en el reconocimiento de las libertades públicas, los partidos políticos como instrumentos de participación y acceso al poder y el sufragio universal, no alcanzaba a consolidarse sin el ejercicio de los derechos sociales. El movimiento peronista, sin lugar a dudas, se constituyó en un protagonista. Nadie puede negar, que ha sido un gran hacedor en la comprensión, alcance y significado de la justicia social. Sin embargo, su naturaleza populista degeneró en una distorsión de principios democráticos en su propio movimiento que se extendió a la organización sindical y una creciente desconfianza a las libertades públicas individuales en el entendimiento que minaban los marcos de legitimidad y del poder que las urnas le habían conferido.

Los partidos políticos, en la campaña electoral de 1983, canalizaron profundos deseos de participación y protagonismo politico de una generación que desde 1976, había estado silenciada y perseguida. Ello se tradujo en grandes concentraciones populares, comités y unidades básicas se convirtieron en centro de debate, los programas de gobierno se aprobaban en las convenciones o congresos partidarios y los candidatos electorales eran elegidos por la nueva conscripción de afiliados de los respectivos partidos en elecciones internas. Los órganos partidarios suspendidos durante la dictadura, comenzaron a trazar, planificar y organizarse. Los dirigentes que durante el proceso de facto habían mantenido, en la clandestinidad, trozos de la estructura orgánica partidaria, tuvieron una notable ventaja en la planificación de las campañas electorales.

a) Recuperado el Estado de Derecho, paulatinamente, los partidos en la década de 1990, perdieron protagonismo, se burocratizaron para transformarse en un espacio necesario e inevitable para la composición de cargos electorales. Una casta se abroqueló en la estructura de esas organizaciones para prolongar y prorrogar sus mandatos, especulando con tres conceptos diferentes (nativo, domicilio y residencia), utilizando cualquiera de ellos para justificar la jurisdicción territorial que lo legitime como candidato. Senadores y Diputados, nativos de una provincia o distrito electoral que, cumplido su mandato, se postulaban y se postulan por otra jurisdicción territorial en la que mantenían su residencia o domicilio o a la inversa. Especulaban y especulan con las encuestas y en función de ellas, elegían invocar la condición de nativos, domicilio o residencia para legitimarse como candidatos. La conducta republicana que invocan en sus discursos, se diluye en materia de periodicidad de los mandatos, cuando verificamos que en su extensa trayectoria partidaria, han sido intendentes en su ciudad de residencia, diputados por otra provincia en su condición de nativos de la misma, más tarde senadores invocando la residencia en otro distrito, posteriormente gobernadores de la provincia en la que nacieron. A veces, la alteración del principio republicano de la periodicidad de los mandatos no se configura por haber desempeñado diferentes funciones, sino en los mandatos ininterrumpidos de dieciocho y veinticuatro años de senador o dieciséis años de diputado nacional, adoptando sin pudor, en los hechos, mandatos vitalicios, propios de la monarquía.

Los representantes pierden todo contacto con la realidad. Desconocen el valor de las mercaderías que consumimos, el costo de las tarifas de un ómnibus urbano o de media o larga distancia y paulatinamente el divorcio con el pueblo se hace más ostensible. Ello constituye otro factor de deterioro.

b) La financiación de una campaña electoral no reconoce mecanismos de transparencia. A pesar de la legislación vigente, todo lo concerniente a la contribución de fondos es manifiestamente informal. No existe un control adecuado y eficiente. La rendición de cuenta es esencialmente morosa y muchas veces se omite con la complicidad de la autoridad de aplicación. El control estatal, en consecuencia, no es confiable.

Muchas empresas, prestatarias del Estado, adelantan donaciones que luego recuperan y compensan con infinidad de contratos públicos. Contar con un sponsors con recursos es una herramienta eficaz que colabora con la publicidad y conocimiento del candidato. Los medios de comunicación son caros. El precio se fija por minutos o segundos. Las campañas no se basan en propuestas, sino en slogans, vacíos de todo contenido. No existe programa de gobierno sino propuestas genericas abstractas.

El costo de una campaña electoral para un candidato a Diputado Nacional o Senador Nacional en alguna provincia central implica una erogación que no esta al alcance de un trabajador, de un pequeño empresario o de un profesional liberal. Los costos de los espacios en radio, televisión, prensa escrita, programas de alto rating, espacios gráficos, carteleria urbana y en rutas, etc. implican un presupuesto millonario que no lo compensa el valor real de cincuenta hectáreas de campo en la pampa húmeda.

La campaña electoral para la presidencia de la Nación, en tanto alcance nacional e incluso en medios extranjeros es de imposible financiación sin una “Comisión de Notables” cuyos integrantes se los elige por sus lazos permanentes con empresas y empresarios

La campaña presidencial del 2015, en la Argentina, estuvo plagada de irregularidades en los balances electorales del PRO y del Kirchnerismo. El fiscal Jorge Di Lello requirió que los mencionados balances con los gastos oficiales de los candidatos Mauricio Macri y Daniel Scioli, en la citada campaña, no sean aprobados por la Justicia hasta que los partidos puedan “subsanar” las irregularidades detectadas por diferentes auditorías. Las autoridades de la Cámara Nacional Electoral por imperio de auditorías, verificaron inconsistencias en su financiamiento. El Fiscal Di Lello pidió suspender la asignación de los fondos públicos. Los auditores de la Cámara Federal, detectaron falsos donantes, asesores fantasmas, aporte indirecto de empresas y actos multitudinarios sin declarar. Las irregularidades alcanzaron al Frente Cambiemos, el Frente para la Victoria, Compromiso Federal (cuyo candidato fue el puntano Adolfo Rodríguez Saá); la Alianza UNA (Sergio Massa-José Manuel De la Sota), el Frente Progresista (Margarita Stolbizer), entre otras fuerzas.

La Cámara Electoral hizo hincapié, en el caso del Frente Cambiemos, en los aportes indirectos de empresarios a su campaña electoral y, simultáneamente, la canalización de fondos electorales a través de su partido político camuflados como “gastos de desenvolvimiento institucional”. Los auditores mencionan que los honorarios del asesor más conocido de Mauricio Macri, Jaime Durán Barba, no se declararon. Desde PRO respondieron que el ecuatoriano “asesora gratuitamente por una relación de amistad con el Presidente” (?).