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“Durante enero y febrero no asiste a las actividades ni al colegio (…), tampoco ha sido posible tomar contacto con él, en el contexto de visita domiciliaria, debido a que el joven se encontraría viviendo con una vecina, la cual se dedica al tráfico de drogas. La madre da cuenta de que ella ha intentado ir a buscar al joven, sin mayores resultados”, consigna el informe.

Dos meses después, el 16 de junio de 2015, Emerson y V. asistieron voluntariamente al tribunal de familia. Según el acta de la audiencia no programada del Centro de Medidas Cautelares, V. contó que le dio un hogar al menor y que vivía con ella. También explicó que no podía mandarlo al colegio porque no era su apoderada. Allí V. solicitó el cuidado provisorio de Emerson. Él declaró estar de acuerdo y bien con su vecina. Frente a la jueza Paulina Roncagliolo, ambos negaron el consumo y venta de drogas en el domicilio.

Según un informe social, en ese momento V. tenía 25 años, era madre de tres niños y había cursado hasta segundo medio. En su casa vivía con los menores, más tres adultos, hogar que mantenía como vendedora en un puesto de flores y con su pareja, que trabajaba como taxista. Pero esa versión sobre sus ingresos no pudo ser comprobada con ningún documento. Emerson tenía 14 años y solo había llegado hasta segundo básico. Nunca volvió a clases.

Antes de finalizar la audiencia, la consejera técnica del tribunal revisó el historial de vulneraciones de Emerson y de los otros tres hijos de Carola Ortiz, quien no estaba presente ese día. Luego, la jueza Paulina Roncagliogo autorizó entregar el cuidado provisorio de Emerson a V. Todo el proceso duró diez minutos.

En la madrugada, cuando salía de su casa para ir a trabajar, Carola Ortiz dice que solía encontrarse con la misma escena: su hijo Emerson parado en la esquina de su calle, con un banano negro colgando de un hombro. Allí guardaba la droga que vendía.

—Se amanecía en la calle. Me contó que le pagaban diez lucas por hacer esa pega. A él le gustaba la vida de traficante, tenía todo en bandeja y con eso era feliz —recuerda la madre.

A pesar de que la tuición de Emerson la tenía su vecina, Carola Ortiz seguía participando en programas de protección e intervención a menores. El Programa Especializado en Calle (PEC) de Recoleta fue uno de los primeros en escuchar e informar las denuncias de la madre.

El PEC Recoleta pertenece a la Corporación Asociación Chilena Pro Naciones Unidas (ACHNU), la que busca reducir o interrumpir el tiempo de permanencia de los niños y jóvenes en la calle, junto con la defensa y promoción de los derechos de estos. Además, ACHNU es una institución colaboradora del Sename.

Cuando V. recibió la tuición de Emerson, Gabriel Sáez, trabajador social, era director del PEC Recoleta. Para él, no era el primer caso de jóvenes reclutados por narcotraficantes.

—Ellos conocen así el rubro, tienen acceso a celulares, ropa y zapatillas. No lo connotan como algo negativo, al contrario, lo manifiestan como una manera fácil de obtener dinero todos los días. La mayoría de las familias que se dedican al tráfico reclutan a estos jóvenes, los usan como soldados y estos dejan de asistir al programa —dice Sáez.

Una situación similar vivió Emerson, asegura su madre.

—Mi hijo empezó a vivir otra vida, le regalaban ropa cara, zapatillas, Play Station, lo trasladaban en autos o manejaba moto. Cosas que yo no le podía dar, tengo muchos hijos y hago lo que puedo.

Según documentos, a los que tuvo acceso Sábado, el PEC Recoleta le informó al tribunal de familia —en julio y agosto de 2015— las denuncias de Ortiz. Este último expediente fue enviado a Paulina Roncagliolo, la jueza que autorizó la tuición del menor a V.

El protocolo para las denuncias de narcotráfico e informes realizados por estos programas son entregados al tribunal de familia, el que, a su vez, debería traspasar la información al Ministerio Público para que se investigue. Gabriel Sáez asegura que en denuncias anteriores, con otros casos parecidos, la fiscalía lo citó o le pidió más documentación del hecho. “Pero en este caso nunca me llamaron a declarar; asumo que no pasó nada”.

En diciembre de 2015, Sáez dejó la dirección del PEC Recoleta y en su reemplazo asumió María Carreño, trabajadora social que conocía las denuncias de Carola Ortiz. Ese mismo mes, el PEC Recoleta envió por segunda vez un informe a la jueza Roncagliolo, del tribunal de familia.

En él se detalla que V. no cumplía con lo estipulado por el programa y el tribunal; que Emerson había vuelto a la casa de su madre, después de que ser golpeado por V. y utilizado para robar; y que “la mejor alternativa para los jóvenes (los cuatro hijos de Ortiz) es salir del espacio actual donde se encuentran e irse a uno más protector donde pueden ser restituidos sus derechos vulnerados y cuenten con un adulto responsable”. Ese espacio era internarlos en una residencia del Sename, situación que había ocurrido en el pasado.

En esa ocasión, el PEC Recoleta consultó el ingreso de los niños en cinco residencias: una de ella no tenía vacante, dos tenían disponibilidad para los próximos meses y el resto no respondió la solicitud.

En junio de 2016, el PEC Recoleta volvió a entregar nueva documentación a la jueza Roncagliolo, esta vez solicitando el cese de los cuidados personales que tenía V. y el ingreso de Emerson y sus hermanos “a un hogar residencial de forma urgente”. En los dos años que María Carreño fue directora del programa, ella asegura que, a pesar de sus reiteradas entregas de información, nunca tuvieron audiencia con algún juez para formalizar la denuncia.

—Estábamos aburridos, siempre nos cancelaban las audiencias. Nos daban una fecha, llegábamos al tribunal y nos decían: “El niño está bien”, pero eso no era cierto. Enviamos informe tras informe, sin ninguna respuesta. Era muy frustrante, porque dimos todos los detalles posibles. Prácticamente era resolver en base a los contundentes documentos. Cualquier persona que los lea podría resolver un caso así de grave. En cambio, V. fue al tribunal, le programaron una audiencia, le dieron los cuidados de Emerson y ni siquiera nos preguntaron. No pidieron ningún informe, nada —sentencia.

Sábado procuró contactar, a través de llamadas y correos electrónicos, a la magistrada Roncagliolo, quien no respondió las solicitudes de entrevista.

Sin poder concretar la denuncia de la mamá de Emerson, la directora y el equipo PEC Recoleta comenzaron a investigar otros hechos similares. La idea era presentar un grupo de víctimas, todos menores de edad y usados por una red de narcotráfico. El 26 de julio de 2016, la Corporación Asociación Chilena Pro Naciones Unidas (ACHNU) presentó una denuncia en la Fiscalía Centro Norte detallando que en uno de sus programas se habían comprobado situaciones irregulares, las que involucraban a Emerson y a cuatro adolescentes más.

“En efecto, se ha tomado conocimiento de que al interior del domicilio, ubicado en (…) existe presuntamente tráfico de drogas, actividad que su propia dueña, V., ha confesado a profesionales de nuestra institución. Esta misma persona ha confesado que ha hecho industria de solicitar, a tribunales de familia, el cuidado personal de niños y jóvenes vulnerables de la comuna, a quienes utiliza en el comercio de drogas”, detalla el documento incluido en la investigación.

En esa fecha, los otros cuatro niños denunciados tenían entre siete y 18 años, todos con historial de vulneraciones.

Meses después de la denuncia en la fiscalía, María Carreño asegura que fue citada a un cuartel de la PDI para hablar del caso. Pero le explicaron que aún no se iniciaban las diligencias y, según ella, le pidieron que tomara fotografías del tráfico y que diera una lista con nombres de los involucrados. Se negó a hacerlo.