Manuel Délano - Los años que dejamos atrás

Maira se refería a que podrían acusar a Aylwin de tener relaciones con la izquierda más allá de la Concertación.

Le contó al presidente electo que la Izquierda Cristiana, de la que era secretario general, se iba a disolver para integrarse en el PS, que estaba en proceso de reunificación. Quería partidos más fuertes.

Maira estaba dispuesto a ayudar a Aylwin como un dirigente de izquierda, pero desde fuera del gobierno.

“Me dio las gracias con alivio, como diciendo ‘un estropicio menos que me obligan a hacer’”, recuerda Maira. Aylwin agregó:

–Le quiero proponer una cosa. Me interesa conocer su opinión. Yo le propongo que cada seis meses vaya a tomar té conmigo.

–Encantado –respondió Maira sin vacilar.

Recuerda que Aylwin “cumplió rigurosamente. Cada seis meses yo iba a La Moneda, a la oficina pequeña que tenía al lado de la oficial, la grande, y tomábamos té”, cuenta Maira15.

Para la Junta de Gobierno y Pinochet, 1989 y 1990, hasta el 10 de marzo, fueron años muy intensos en materia legislativa.

Como en La Moneda preveían el triunfo opositor en las elecciones de diciembre, hubo un empeño decidido en dejar las cosas “atadas y bien atadas” para el momento de entrega del Poder Ejecutivo.

Esto se tradujo en un conjunto de leyes y decretos dictados desde fines del invierno, en la primavera y el verano de 1989 y 1990. Varias de ellas sorprendieron y disgustaron a la oposición, que entendía zanjados los principales temas de la transición con las reformas constitucionales aprobadas por el plebiscito de julio de 1989.

Al día siguiente de ser electo, faltando todavía tres meses para asumir como presidente, Aylwin le pidió al general Pinochet que el gobierno no siguiera dictando leyes en el periodo que le restaba.

El dictador no lo escuchó.

Tampoco la Junta de Gobierno, el Poder Legislativo en ejercicio.

Cual marejada incontenible continuó la promulgación final de leyes y decretos hasta el penúltimo día de gobierno. Incluso hubo normas que salieron publicadas en el Diario Oficial con la firma de Pinochet después del 11 de marzo de 1990, cuando ya no estaba en La Moneda y Aylwin era presidente. Habían sido dictadas en su periodo, pero la publicación se atrasó.

Entre octubre de 1989 y marzo de 1990, en los últimos seis meses de gobierno, la dictadura promulgó seis leyes orgánicas constitucionales: Banco Central (4 de octubre), Estados de Excepción (24 de enero), Congreso Nacional (26 de enero), Fuerzas Armadas (22 de febrero), Carabineros (27 de febrero), Enseñanza (10 de marzo)16.

Las leyes orgánicas constitucionales son las más difíciles de reformar porque requieren un quorum de 4/7 de los parlamentarios en ejercicio de ambas cámaras.

Es solo inferior al quorum establecido para reformar la Constitución.

Según explica el entonces ministro del Interior, Carlos Cáceres, en el cargo hasta el 11 de marzo de 1990, la legislación que dictó el régimen en los últimos meses era esencial para el funcionamiento de la nueva institucionalidad:

–La Ley Orgánica Constitucional de la Educación, la Ley de Radio y Televisión, la Ley de las Fuerzas Armadas, la Ley de Partidos Políticos, la Ley del Sistema Electoral, eran leyes que tenían que ser aprobadas antes del inicio de la plenitud democrática. Se entendía que, por parte de la oposición, ellos querían participar en la elaboración del proceso legislativo y probablemente ahí nace esta idea de que hubo una “traición” o alterar esta convergencia, pero aquí se cumplió con un mandato constitucional, y se entregaron las leyes que después han sido modificadas según quien ha estado en el gobierno.

Los opositores se inquietaron, pero tampoco subieron la temperatura de las quejas hasta el nivel de una ruptura o de convocar a protestas. Era verano y no querían incidentes en el epílogo de la dictadura. Les preocupaba que cualquier incidente pudiera servir de pretexto para alterar el calendario de la transición. Faltaba muy poco para el comienzo de la democracia y creían que no era necesario correr riesgos.

Además, confiaban en su capacidad de cambiar las normas en democracia, si ya habían podido lograrlo en dictadura. Contaban con el compromiso logrado con RN en las reformas constitucionales.

No todas las normas que dictaba el gobierno saliente parecían tan significativas entonces. En el fragor de la lucha política y la campaña para las elecciones presidencial y parlamentaria, una ley de dos líneas, dictada por la Junta de Gobierno el 28 de agosto de 1989, a iniciativa del almirante y miembro de la Junta de Gobierno, José Toribio Merino, la 18.826, que sustituyó el artículo 119 del Código Sanitario, mereció escasa atención de la prensa.

No sabían entonces que, décadas después, ese cambio iba a generar numerosos y apasionados debates en los medios de comunicación y redes sociales.

La Ley 18.826 estableció el nuevo texto del artículo 119 del Código Sanitario: “No podrá ejecutarse ninguna acción cuyo fin sea provocar un aborto”.

Con esa ley, la Junta de Gobierno derogó un derecho vigente en el Código Sanitario desde 1931, hacía 58 años, que permitía el aborto solo con fines terapéuticos, cuando dos médicos cirujanos diagnosticaban que la interrupción era necesaria porque estaba la vida de la madre en riesgo.

El Diario Oficial , el boletín estatal que publica las leyes17, tuvo ediciones especialmente abultadas en el epílogo de la dictadura, lo que reflejó una especie de “fiebre legislativa”. En las últimas 24 horas que gobernó Pinochet, el sábado 10 de marzo de 1990, este medio tuvo una edición de 48 páginas, más del doble de lo habitual.

Días atrás, el 1 de marzo, la edición del Diario Oficial llegó a 96 páginas y el 7 de marzo al récord de 104 páginas.

El jueves 8 de marzo, el Diario Oficial publicó la Ley 18.956, que reestructuró el Ministerio de Educación; el miércoles 7, la Ley 18.961 Orgánica Constitucional de Carabineros, y el 27 de febrero la Ley 18.948 Orgánica Constitucional de las Fuerzas Armadas.

Cuando la Junta de Gobierno aprobó esta última legislación, en enero, la prensa cercana a la dictadura informó que había un acuerdo con la Concertación.

Fue un enfoque al menos precipitado. Primero había que analizar la “letra chica” de la iniciativa.

Los opositores criticaron que había doce diferencias entre el texto aprobado por la Junta y el que ellos conocieron. Eran limitaciones a las atribuciones del Presidente de la República, entre ellas la de llamar a retiro a oficiales, a la acción del ministro de Defensa, permitía que los comandantes en jefe fijaran la doctrina de su arma, designaran fiscales militares, compraran y vendieran bienes. Además, se mantenía el cargo de vicecomandante en jefe del Ejército, que los opositores querían eliminar. La idea era dar una suerte de autonomía incluso económica a las Fuerzas Armadas.

La Ley Orgánica Constitucional de Enseñanza (LOCE), 18.962, apareció publicada el sábado 10 de marzo de 1990, en la víspera de que Pinochet dejara la presidencia.

En la reunión que Lagos tuvo a mediados de febrero con el ministro de Educación saliente, en la que estuvieron también presentes Cáceres y Ballerino no le informaron al futuro secretario de Estado que estaban preparándose para dictar la LOCE antes de dejar el gobierno. Los opositores lo ignoraban. “A uno tampoco se le ocurre preguntar: ‘¿Me encontraré con alguna sorpresa el día antes de asumir?’...”, dice Lagos. Él se quedó con la sensación de que lo habían “pistoleado completamente. ¿Acaso Cáceres no sabía eso?”.

No hubo tiempo el 10 de marzo para examinar con detención la LOCE. Se venía el cambio de mando.

Solo décadas después, las movilizaciones estudiantiles contra esta legislación criticaron su ilegitimidad de origen y que hiciera prevalecer la libertad de enseñanza por sobre el derecho a la educación, lo que favoreció el lucro y negocio en este derecho social.