Alfredo Rodríguez Banda - El sistema de clasificación - caja negra de la corrupción policial

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El sistema de clasificación: caja negra de la corrupción policial: краткое содержание, описание и аннотация

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Una verdadera contribución al sistema de seguridad y administración de justicia es este análisis que se transforma en un instrumento eficaz para conocer y medir con información sistemática, veraz y oportuna la corrupción de los cuerpos policiacos. Con agudeza, se exponen los resultados del sistema de clasificación aplicado en 2003 en el Ayuntamiento de Guadalajara comparándolo con otro alternativo y demostrando así que un mismo acto puede verse y juzgarse como dos realidades completamente distintas.

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Los problemas relacionados con la policía incluyen:

1) El uso excesivo de fuerza letal.

2) El empleo excesivo de fuerza física.

3) Las pautas discriminatorias de arresto.

4) Los patrones de hostigamiento hacia las personas sin hogar, los jóvenes, las minorías raciales y los homosexuales, incluido el uso frecuente y discriminatorio de registros preventivos y la adopción de medidas exageradamente severas en casos de ofensas menores.

5) Los abusos verbales crónicos hacia la población, incluido el empleo de epítetos racistas, sexistas y homofóbicos.

6) La aplicación de la ley en forma discriminatoria, como el no responder con prontitud a las llamadas de ayuda provenientes de zonas de bajos ingresos y la investigación inadecuada de los casos de violencia doméstica, violaciones o delitos de odio.

7) Los actos de espionaje contra activistas políticos.

8) La discriminación en el empleo del personal de policía —en la contratación, ascensos y destinos y el hostigamiento interno de los pertenecientes a grupos minoritarios, las mujeres en general, y los homosexuales y las lesbianas—.

9) El “código de silencio” y las venganzas contra los agentes que reportan los abusos o que favorecen la implantación de reformas.

10) La reacción excesiva ante los problemas planteados por las pandillas, provocada por la presunción de que aquellos que se asocien con miembros de una pandilla deben estar envueltos en actividades criminales, aunque no haya pruebas concretas que éste sea el caso. Este rubro incluye las detenciones y los arrestos ilegales en masa, y la exigencia a los hombres jóvenes de presentar identificación con fotografía basándose en su raza y forma de vestir y no en una conducta criminal.

11) La “guerra contra las drogas”, con sus excesivos registros y otras tácticas que ponen en peligro a inocentes transeúntes. Esta “guerra” desperdicia escasos recursos en improductivas operaciones de “compra y captura”, en detrimento de enfoques comunitarios más prometedores.

12) El no exigir a los policías responsabilidad por su conducta, como el no disciplinar o procesar a los agentes que cometen abusos y el no poner coto a esos actos denegando ascensos y/o destinos específicos en razón de abusos cometidos previamente.

13) Las tácticas de control de multitudes que infringen los derechos a la libertad de expresión y llevan al uso innecesario de fuerza física.

A pesar de tratarse de un catálogo elaborado con evidencia empírica que proviene de la policía y la sociedad estadounidenses, describe un fenómeno que seguramente también le es propio a la policía y sociedad mexicanas. Quizá habría que anotar que, de acuerdo con los autores consultados, en el contexto estadounidense, el fenómeno del incumplimiento de los deberes policiales se inclina regularmente hacia las conductas relacionadas con el abuso de la fuerza mortífera o física, así como a las conductas que tienen que ver con la discriminación racial. Así lo manifiesta Carlos Silva en un interesante artículo publicado por el Instituto Ciudadano de Estudios sobre la Inseguridad (icesi):

Mientras que en países como los Estados Unidos brutalidad policíaca casi es sinónimo de uso injustificado de la fuerza en la realización de un arresto (Bayley, 1996), en México como en Latinoamérica, lo que se entiende por formas del abuso policial representa un conjunto de fenómenos más amplios con diversos niveles de gravedad y conocimiento de los mismos (Silva, 2006:1).

En México el abuso físico también es reportado con frecuencia: “En la Policía Preventiva, los abusos que acontecen por falta de profesionalidad en el ejercicio de sus tareas tienden a ser detenciones arbitrarias y lesiones por malos tratos” (Silva, 2006: 10). Pero hay además toda una serie de conductas que probablemente no son tan recurrentes en el contexto estadounidense, y que tienen que ver con la obtención de una ganancia, verbigracia, la extorsión, la “mordida”, el “arreglo”. Puede observarse cómo este tipo de anomalías no está incluido de forma explícita en el catálogo arriba transcrito, pero en México, de acuerdo con los autores consultados, esas desviaciones son moneda de uso.

Con demasiada frecuencia hay particulares involucrados en venganzas cuyos ejecutores son policías. También ocurre que incluso cuando algún policía quiere hacer cumplir la ley el particular le ofrece un “arreglo”. De esta manera, se instrumentaliza la función policíaca de persecución de los delitos o de control del orden para provecho propio y se fomenta y reproduce la corrupción a través de arreglos informales (Martínez de Murguía, 2005).

En un estudio elaborado en el año 2006, basado en la metodología de las encuestas de victimización, la ong mexicana Fundar registró la “mordida” como una de las anomalías policiales de las que con mayor frecuencia se quejan los ciudadanos entrevistados. Otras anomalías también basadas en la obtención de ganancias son: el cobro irregular a establecimientos comerciales para, supuestamente, brindarles mayor y mejor protección. Nelson Arteaga y Adrián López documentaron en el libro Policía y Corrupción , los resultados de su investigación empírica sobre las anomalías que se presentan en una corporación policial de un municipio del Estado de México. Para ello se infiltraron en la academia de policía y laboraron como agentes durante varios meses. Ellos señalan: “El dinero para dar el entre [por entre se refieren a la ‘cuota’ ilegal que debe pagar un subordinado a su jefe] se obtiene de distintas maneras: la más común es el cobro de rentas a los comercios que funcionan como cantinas, pulquerías y bares que expenden bebidas alcohólicas sin permiso de la autoridad local” (Arteaga y López, 2002: 77).

Otra conducta que no figura en el catálogo aquí transcrito, pero que de acuerdo con los textos consultados es común en México, es el robo de pertenencias, cometido ya sea en contra de las personas a quienes se les somete a revisión, en contra de las personas detenidas o incluso contra las mismas víctimas de un delito: “El policía está a la espera de que un robo no sólo represente un momento para realizar su trabajo —detener delincuentes—, sino que también permita obtener algo más: robar lo que se esté robando” (Arteaga y López, 2002: 78).

Reitero que no pretendo presentar un catálogo exhaustivo de tales conductas sino sólo enunciar las obligaciones generales de la policía, las conductas que de manera general se estiman como contravenciones a dichas obligaciones, a la vez que mostrar algunos elementos sobre la naturaleza de las conductas a las que se refiere mi investigación. Sólo interesan para esta tesis, como ya lo mencioné, las conductas que tienen que ver con la interacción policía-ciudadano. En los términos en los que lo plantea Carlos Silva (2005: 1): “El énfasis aquí es puesto en la dinámica social de las situaciones de encuentro policía-ciudadano”. ¿Por qué? Debido a que la misión institucional de los dos órganos de vigilancia de la actuación policial que serán estudiados, consiste en prevenir, detectar y sancionar irregularidades cometidas durante esas situaciones de encuentro policía-ciudadano.

Es bien sabido que el incumplimiento de las obligaciones o deberes posicionales puede suceder en situaciones ajenas a la interacción con los ciudadanos. En otras palabras, el policía puede incumplir con los fines de la institución sin que los ciudadanos vean directamente afectados sus derechos. Pero ello no interesa aquí.

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