Alfredo Rodríguez Banda - El sistema de clasificación - caja negra de la corrupción policial

Según el estudio publicado por Fundar en 2006 sobre las irregularidades, el abuso de poder y el maltrato por parte de la policía y los agentes del Ministerio Público en el Distrito Federal, en 51% de los contactos que los ciudadanos tuvieron con algún oficial de policía, aquéllos sufrieron algún tipo de abuso. Por otra parte, en alrededor de 30% de los contactos entre ciudadanos y policías, éstos hicieron alguna petición de dinero (“mordida”).

En el estudio sobre la percepción de inseguridad pública en México 2004, realizado por el Centro de Estudios Sociales y de Opinión Pública cesop y la lix Legislatura de la Cámara de Diputados, la evaluación que tiene la ciudadanía sobre las instituciones de seguridad, señala que para 8 de cada 10 personas entrevistadas, la policía en general es corrupta; predomina la percepción de que la policía está coludida con los delincuentes y que otorga un trato preferencial a gente con poder y dinero” (cndh, Reporte sobre el derecho a la Seguridad Pública).

La cndh (2006) ha denunciado constantemente la problemática de corrupción presente en los cuerpos de policía y sus consecuencias sociales. Su “Reporte sobre el Derecho a la Seguridad Pública” es claro en este respecto.

El incremento en los índices de corrupción, junto con la penetración de la delincuencia en las instituciones de seguridad, fomentan la impunidad y son el reflejo de una sociedad en descomposición, en la que la existencia de programas eficaces para la prevención del delito, la protección a los derechos de las víctimas del delito, así como la existencia de una adecuada procuración de justicia se han convertido en una aspiración insatisfecha que ha suscitado la desconfianza social en las instituciones del Estado, en virtud del abuso de poder y las inadecuadas prácticas administrativas por parte de los servidores públicos encargados de hacer cumplir la ley (cndh, 2006).

En el discurso oficial ha sido reconocida la existencia de corrupción en los cuerpos policiacos. La participación de dichos cuerpos en redes de crimen organizado queda fuera de toda duda. El subsecretario de Política Criminal de la Secretaría de Seguridad Pública Federal, Rafael Ríos García, por ejemplo, reconoció en entrevista con el diario Mural que el narcotráfico había corrompido a policías municipales y estatales, aunque, según él, los altos mandos estaban al margen de esta situación: “El problema de complicidad está a nivel de policías, incluso autoridades federales, afi o pfp, que acaban siendo parte de una red, pero no a nivel de mandos” ( Mural , 2006). No es fortuito que la policía mexicana ocupe el segundo lugar en corrupción en el ámbito mundial, como lo señala una encuesta realizada por la organización Transparencia Internacional. En este sentido, México es sólo superado por Nigeria ( Público , 2 de febrero de 2004).

A pesar de lo opinión generalizada sobre los abusos y la corrupción en los departamentos de policía, no existe un sistema de información que revele la verdadera magnitud del problema. Las distintas corporaciones policíacas han realizado diversos intentos por limpiar sus filas, como la creación de nuevas instancias: direcciones de asuntos internos, consejos ciudadanos consultivos; y la formulación de nuevos instrumentos que pretenden medir la corrupción. Sin embargo, no se ha generado ningún cambio relevante. Además, ninguno de esos intentos ha conllevado el diseño y la aplicación de un sistema de información que pueda ser útil para conocer, evaluar y comparar la magnitud del problema durante un periodo de tiempo y la efectividad de un sistema de intervención con otro. “En México, la idea generalizada de que las irregularidades, los abusos de poder y los maltratos por parte de la autoridad siguen siendo un comportamiento común, no está sustentada en ningún tipo de información sistematizada; ello no permite que se estime la magnitud, naturaleza y características de este tipo de violaciones” (Fundar, 2006).

Las únicas fuentes que informan sobre el desempeño policial y las impresiones que de éste tiene la población son la prensa, los estudios de organizaciones como icesi o Fundar, y los datos de entidades como las comisiones de Derechos Humanos y algunos órganos de gobierno. Empero, quienes deberían ser los más interesados en generarla, los diversos niveles de gobierno, no han tenido los recursos o el interés de generar información detallada y sistemática sobre el fenómeno. La información relacionada con el tema, más sistemática y generalizada que existe, es la que aportan los informes de las comisiones de Derechos Humanos, pero ésta no se enfoca en la corrupción de la policía sino en la violación a los derechos humanos por parte de ésta. Estos dos aspectos, aunque relacionados, no son lo mismo.

El diseño de políticas públicas efectivas en el combate a la corrupción de la policía exige contar con la información suficiente y de calidad; y una condición imprescindible para ello es tener un sistema de clasificación y registro que aporte los datos empíricos necesarios para conocer a ciencia cierta las características y las variantes del problema. La información organizada conforme las pautas de una clasificación correcta, conformará la materia prima indispensable para la realización de investigaciones y análisis profundos y completos acerca de las características y causas de la corrupción policial en México, así como de los métodos, las estrategias institucionales y los marcos legales más convenientes para prevenirla y combatirla.

La complejidad del problema hace difícil que un solo estudio aporte toda la información que se necesita para la adecuada clasificación de la corrupción policial de México. Por ello, resulta inevitable avanzar gradualmente y analizar algunas de sus facetas. La presente investigación se centra en la corrupción que surge del contacto de los elementos operativos de la policía con la ciudadanía; no se abordan otros aspectos, como los referentes a la complicidad entre la policía y las redes criminales. Es necesario, no obstante, hacer mención de la urgencia que tiene abordar estos puntos como parte de la evaluación integral del desempeño policial. La adecuada clasificación de los actos irregulares de la policía, como ya se mencionó, nos permitirá generar información completa y sistemática para comprender de mejor manera la situación de los cuerpos de seguridad. Sin duda, esto sería un valioso aporte para el conocimiento de la corrupción policial en México. Por todas estas razones, un estudio sobre los medios institucionales para la clasificación y el registro de los actos irregulares de la policía mexicana es relevante y urgente. En este contexto, la presente investigación acerca del caso del Ayuntamiento de Guadalajara busca abonar a la comprensión de las dinámicas institucionales que hasta el momento han obstaculizado la generación de información sistemática y completa sobre el desempeño policial.

En términos de poder, una agencia de policía goza de una posición única en el contexto de las unidades gubernamentales.

Schrotel, 2004: 589.

Si los cuerpos policíacos se encuentran en una posición especial se debe a que es uno de los órganos del Estado que detentan el uso de la violencia legitimada. En este capítulo se anotarán sucintamente algunas de las peculiaridades que caracterizan a la función policial. El objetivo es proporcionar algunos elementos sobre el marco que delimita las “obligaciones” o los “deberes posicionales” de la policía para, posteriormente, tener una idea más clara de la naturaleza de los actos considerados como anómalos en la labor policial.

Para iniciar conviene explicitar lo que se entiende por “deberes” u “obligaciones posicionales”. De acuerdo con Garzón Valdez (en Carbonell y Vázquez, 2003: 23) un funcionario público los adquiere mediante un acto voluntario por el que acepta asumir un papel dentro de un sistema normativo. A estas obligaciones se les conoce como “deberes posicionales” porque están determinadas en función de la posición que ocupa la persona dentro de un sistema normativo. Así, el agente de policía, en su calidad de funcionario público, acepta cumplir con las obligaciones institucionales o posicionales establecidas para esa función por el sistema normativo. Es decir, quien acepta desempeñar el cargo de agente policíaco se compromete a cumplir con las funciones y obligaciones que la sociedad le ha encomendado a la institución policial. ¿Y cuáles son éstas?