Alfredo Rodríguez Banda - El sistema de clasificación - caja negra de la corrupción policial

En el caso de las categorías son tres los errores más graves que se cometen: 1) presentar como categorías términos que por su generalidad y mayor abstracción corresponden al rango de los conceptos; 2) formulación imprecisa de categorías, que no permite definir con claridad cuáles actos deben ser registrados en ellas; y 3) presencia de categorías que contemplan conductas ajenas al concepto general, es decir, que se refieren a comportamientos que no contravienen las funciones de la policía y, por tanto, no corresponden a lo que explícitamente se quiere clasificar y conocer.

Tanto la confusión conceptual como los problemas en la definición del nivel de las categorías son las causas de que el sistema de clasificación incumpla con los criterios de la comprehensividad. Como consecuencia, la información generada con base en ese modelo de clasificación presenta una imagen distorsionada de la conducta del cuerpo de seguridad del Ayuntamiento, a la vez que deja de ser un sistema de clasificación útil para conocer los actos irregulares.

Para demostrar la hipótesis y llegar a las conclusiones antes descritas, se desarrolló la investigación en dos campos o dimensiones. Primero se analizó el reglamento orgánico municipal, en particular el apartado relacionado con la actuación irregular de los elementos de seguridad, el artículo 13. Éste fue un estudio de coherencia y lógica interna; por decirlo de alguna manera, un análisis del sistema en “frío”, sin examinar los resultados de su aplicación concreta a los actos irregulares reales denunciados, que permitiera revisar cómo funciona en la práctica. El objetivo fue conocer las características de la clasificación vigente en el Ayuntamiento de Guadalajara, detectar en qué medida reúne las características de comprehensividad y determinar si el concepto global y sus categorías lo corroboran. No fue posible realizar un estudio completo del sistema vigente en la normatividad del Ayuntamiento que abarcara el diseño institucional y su instrumentación, como era la intención inicial, porque la clasificación utilizada para registrar y organizar los actos irregulares cometidos en el año 2003 es diferente a la sancionada. Por esta razón se decidió efectuar el análisis del sistema aplicado en ese año. Para ello se realizó el estudio de los expedientes de las quejas presentadas, con la intención de dilucidar cuál fue el sistema y cuáles las categorías usadas para registrar esas denuncias ciudadanas, así como para conocer cómo se aplicó y en qué medida cumplía con sus funciones y objetivos.

En esta misma dirección, para ilustrar mejor las fortalezas y las debilidades de dicho sistema, también se realizó un ejercicio de comparación con una clasificación denominada “alternativa”. Para ello se clasificó y se registró una misma muestra de quejas ciudadanas en dos sistemas distintos: el usado por el Ayuntamiento en 2003 y el llamado “Alternativa”, por mí propuesto. El objetivo de este ejercicio no es presentar un sistema acabado de clasificación, ni hacer una comparación completa y exhaustiva sino, sobre todo, hacer más evidentes los pros y contras del sistema utilizado por el Ayuntamiento. Asimismo, hacer evidente que la información y el diagnóstico que se derivan de ella, dependen en gran medida del sistema de clasificación que se use para registrar las quejas.

Los resultados del trabajo de investigación se exponen en cuatro capítulos. En el primero se especifica la función del cuerpo policíaco, para contextualizar y tener un padrón de referencia que permita ubicar cuándo un policía comete un acto irregular (corrupción, abuso o falta), que atente contra las obligaciones posicionales del cuerpo de seguridad. En el capítulo segundo se exponen las conceptualizaciones del sistema de clasificación: concepto general, categorías, comprehensividad, economía cognitiva y demás herramientas conceptuales del modelo teórico utilizado en la investigación. En el tercero se desarrolla el análisis del sistema establecido en la norma en el artículo 13 del reglamento municipal. Se presentan los argumentos probatorios de la ambigüedad en la conceptualización del problema por clasificar que tiene el método sancionado legalmente. También se exponen los diversos significados de los términos y las repercusiones prácticas que resultan de la elección de uno u otro de los conceptos: falta, abuso, y acto de corrupción. Son revisadas las limitaciones y equivocaciones en la definición de las categorías descritas en el artículo mencionado.

En el capítulo iv se aborda el estudio de la clasificación aplicada en 2003, y dado que se presentan las mismas deficiencias detectadas en la clasificación del artículo 13, se concentra el análisis en la definición de las categorías de la clasificación de facto . Se exponen los resultados del ejercicio de comparación ya comentado, así como las conclusiones generales de la investigación y se sugieren líneas de trabajo para continuar estudiando el tema.

La relevancia de un estudio que abone al conocimiento del desempeño policial y de la situación institucional que lo condiciona, tiene su razón en la percepción social generalizada de inseguridad y en la desconfianza de la ciudadanía en la policía. Tradicionalmente, las policías en México han sido vistas como organizaciones corruptas. Los medios de comunicación, los estudios de opinión y los académicos, coinciden en señalar la ineficacia de estos cuerpos como garantes de la seguridad pública, su recurrente participación en la comisión de delitos y en las redes de crimen organizado. La Tercera Encuesta Nacional Sobre la Inseguridad, realizada en el año 2005 por el Instituto Ciudadano de Estudios Sobre la Inseguridad (icesi, 2005), refleja la gravedad de la problemática de corrupción en que está inmersa la policía de México. En general, siete de cada diez ciudadanos tienen poca o ninguna confianza en la policía. La propia encuesta informa que los oficiales de policía han solicitado paga ilegal a una de cada diez personas. El ciudadano siente que no sólo debe defenderse de la delincuencia sino también de la policía, y esta percepción no es infundada. Según la Comisión Estatal de Derechos Humanos de Jalisco (cedhj), estado en que se realizó la presente investigación, las dependencias de policía son las que más quejas reciben de parte de los ciudadanos. Los primeros tres lugares de 2005 correspondieron a la Procuraduría Estatal de Justicia, la Secretaría de Seguridad Pública, Prevención y Readaptación Social de Jalisco, y la Dirección de Seguridad Pública de Guadalajara. Las 1294 quejas que recibió la Comisión contra estas tres corporaciones representaron poco más de la mitad del total (cedhj, 2006). Las violaciones a los derechos humanos más frecuentemente cometidas por los policías, según datos de la Comisión son: detención arbitraria, lesiones, cateos y visitas domiciliarias ilegales.

El estudio de Fundar, realizado en 2006 en el Distrito Federal, revela que “los abusos más frecuentes no incluyen daño físico y se concentran en la solicitud de dinero (29% de todos los contactos), los insultos o tratos humillantes (10%), amenazas concernientes al levantamiento de cargos falsos (7%), amenazas para obtener información o una confesión (5%), y amenazas de posible daño físico (5%)” (Fundar, 2006). De esta manera, la población no sólo está amenazada por la delincuencia sino también por quienes tienen a su cargo combatirla: los policías. Esta situación no ha cambiado sustancialmente a pesar de la apertura democrática que ha vivido el país.

A pesar del proceso sólido de transición democrática en el país y del compromiso expresado por las autoridades locales y federales de respetar al Estado de derecho, los abusos son aún frecuentes y representan un comportamiento común por parte de los agentes encargados del cumplimiento de la ley. Este comportamiento se materializa en numerosas formas de violación a la ley y a los derechos humanos (Fundar, 2006).