Adriana Meyer - Desaparecer en democracia

“Que a treinta años estemos en esta instancia tiene que ver con el aparato judicial al servicio de garantizar la impunidad de los milicos. Los testimonios fueron esclarecedores de las demás responsabilidades militares que empiezan a aparecer, permiten desentrañar un poco cómo fue el operativo de violación a los derechos humanos que se activó una vez que se consumó la rendición de los compañeros, quedó bien claro que se rindieron 16 el 24, que Berta Calvo fue asfixiada, que mi viejo y Carlos Samojedny fueron separados del resto”, declaró la hija de Provenzano.68 El 12 de abril de 2019 el Tribunal Oral Federal 4 de San Martín emitió la condena contra Arrillaga, y la sala de audiencias estalló en aplausos. El veterano represor ya tenía prisión perpetua por cinco casos de delitos de lesa humanidad, y gozaba de arresto domiciliario. “Lo esperábamos, tenemos la verdad de nuestro lado”, dijo Daniel Díaz, hijo de la víctima desaparecida, que había viajado desde Nicaragua, levantando el cartel con la foto de su padre. Atrás había quedado la angustia de los relatos de las eternas sesiones de tortura, que incluyeron la violación de algunos militantes por parte de los represores del ejército.

En 2009 intervino el EAAF con la hipótesis de que el cuerpo de Provenzano había sido mal identificado por su familia. Luego de hacer un análisis de todos los cuerpos que todavía estaban sin reconocer, los expertos llegaron a la conclusión antropológica y genética de que había militantes de los cuales no había ningún rastro. En 2013 ese Equipo identificó los cuerpos de Roberto Sánchez, Carlos Burgos, Roberto Vital Gaguine, Juan Manuel Murúa y José Mendoza, y se estaba en proceso de certificar la identidad de un sexto combatiente. “Habían sido enterrados como N.N. en el cementerio de la Chacarita y no se había permitido exhumarlos hasta 1997, después del informe de la CIDH”.69 Sus familiares habían tenido que esperar más de seis meses para inhumar los cuerpos y los restos rescatados luego del combate, que permanecieron en la morgue judicial. Había amanecido algo nublado el 2 de junio de 2013. “Veinticuatro años más tarde de la desaparición de Roberto e Iván en el copamiento de La Tablada durante el gobierno democrático de Alfonsín me entregaron los restos de mi hermano, pero sigo buscando a mi hijo”, se escucha a Aurora en la película sobre su familia de revolucionarios. Ese día había ido junto a otros familiares, amigos y compañeros de militancia a Plaza de Mayo para dejar en la tierra debajo de un pino las cenizas del Che Gordo. “No han muerto, siguen vivos”, dijo ella levantando en alto una botella de ron traída especialmente de Nicaragua para despedirlo. Mientras la bebida añejada circulaba entre quienes quisieran un trago, hablaron otras mujeres. “Compañeros caídos en La Tablada, presentes, ahora y siempre”, gritaron todos juntos.

Raquel Laguna y Sergio Sorbellini, Río Colorado, Río Negro

Se acercaba el otoño, podía olerse en el aire. Sergio y Raquel terminaron de almorzar y salieron hacia el campo en una bicicleta tándem. Sus conejos se habían quedado sin alimento y buscaban pasto fresco para darles de comer. Al no regresar, sus padres y familiares comenzaron a buscarlos. Luego de 24 horas los hallaron muertos a balazos, detrás del predio de la Sociedad Rural de Río Colorado. Raquel murió de un tiro en la nuca y su cuerpo tenía rastros de tortura –quemaduras de cigarrillos–, y el de Sergio un balazo en las costillas, disparado a quemarropa. Además, los cuerpos habían sido orinados. El doble homicidio de Sorbellini, de 19 años, y Laguna, de 17, desaparecidos y asesinados el 12 de marzo de 1989, sacudió a toda la provincia de Río Negro. Sergio y Raquel se habían recibido un año antes. Él estudiaba en la Escuela Agrotécnica de Guatraché y ese mismo marzo tenía que ir a retirar el diploma de técnico agrónomo. Raquel había terminado el secundario.

La precaria investigación policial y judicial avanzó sin proteger y resguardar el lugar donde estaban los cadáveres. Se borraron huellas del lugar, fue sustituida la ropa interior de Raquel, la pericia balística fue fraguada, las autopsias descritas no fueron realizadas. Funcionarios policiales adulteraron las declaraciones testimoniales, varios elementos secuestrados por la policía desaparecieron, hubo actas de procedimiento alteradas y otras irregularidades que se comprobarían años más tarde. La investigación sobre el aberrante crimen de la pareja tuvo de todo: inocentes detenidos, varias hipótesis del hecho que hablan de contrabando de ganado y hasta de droga, sugestivos suicidios, cadenas de encubrimientos, nombres de personas influyentes y ligadas a la política formaron parte del caso que sigue impune. Ese largo recorrido de impunidad arrojó policías detenidos y acusados de destruir pruebas, un juez destituido por juicio político, dos personas condenadas y poco después absueltas, y un par de testigos que se suicidaron. Hubo un primer juicio al comisario Héctor Almendra, a los subcomisarios Juan Carlos Moyano y Rodolfo Bohlman, y a los suboficiales Viterbo Castro y Raúl Pérez. Fueron procesados y con prisión preventiva como partícipes y autores del doble homicidio, además de falsificación de pruebas. Años más tarde la decisión fue apelada y el Superior Tribunal de Justicia declaró la nulidad de lo actuado. En 1995, el gobernador Pablo Verani puso en marcha a una comisión policial dependiente del nuevo juez de la causa, Juan Torres, con el fin de iniciar una investigación seria. Sin embargo, el propio juez se habría negado a recabar judicialmente lo aportado por dicha comisión policial. En marzo 1997, luego de una manifestación popular, la Legislatura creó otra comisión especial para investigar la cadena de encubrimientos. En septiembre del mismo año se realizó la exhumación de los cuerpos, que había sido solicitada por los padres de las víctimas para esclarecer la causa de las muertes. Con la nueva autopsia se comprobaron numerosas irregularidades. Con el programa de recompensas y testigos protegidos, se incorporaron nuevas pruebas y testimonios. Fueron procesados por falso testimonio policías y peritos involucrados, fue condenando el perito balístico Julio Arriola, y el primer juez de Instrucción, Fernando Bajos, fue destituido mediante un juicio político. Con el informe de la Comisión Legislativa se iniciaron causas por el delito de asociación ilícita en contra de policías, aunque en 2003 fue declarado el sobreseimiento de todos los funcionarios policiales.

La mamá de Sergio, Irma Girolami, mantuvo viva la presión sobre la causa y el recuerdo de los jóvenes. “Los chicos vieron algo raro”, decía Irma en alguna oportunidad. “Un tema de droga, quizás. Desde el principio yo dije que los mataron porque los chicos vieron algo”. Otra sospecha fue que lo “raro” que vio la pareja fue alguna operación relacionada con contrabando de ganado: en aquella época, una barrera sanitaria impedía el ingreso de carne con hueso a Río Negro. La operación consistía en ingresar ganado a través del río y venderlo como si fuera de producción local, lo que duplicaba su valor. El padre de Raquel dijo a un medio nacional que tres personas tuvieron que ver con la muerte de los jóvenes. Llegó a esa conclusión luego de que una testigo declarara que en la escena del crimen hubo un Renault 18 perteneciente a la Legislatura, donde iban tres personas. Esta hipótesis se vio reforzada luego que Eustaquio Lezcano, uno de los testigos muertos, dejara una carta con datos sobre un campo ubicado cerca de donde aparecieron los cuerpos. La otra persona que se quitó la vida disparándose con un rifle fue Adalberto Dante Carrasco, quien tomó la drástica decisión luego que trascendiera públicamente su supuesta relación con los crímenes.