Autores Varios - Economía española y del País Valenciano

3. Dentro del proceso de implantación de la normativa comunitaria en nuestro territorio conviene recordar que, en materia medioambiental, la Constitución española asigna al Estado, de manera exclusiva, la legislación básica sobre protección del medio ambiente sin perjuicio de que las comunidades autónomas puedan establecer normativas adicionales de protección y asumir, además, la gestión en este ámbito. Los ayuntamientos también tienen asignadas competencias específicas de gestión ambiental y pueden desarrollar normas de aplicación exclusiva en los correspondientes términos municipales.

En la actualidad a nivel estatal, además del Ministerio de Medio Ambiente y Medio Rural y Marino, que es el principal responsable de la política medioambiental del Estado, hay varios ministerios que en mayor o menor grado ejercen competencias medioambientales. Estos son el Ministerio de Fomento (infraestructuras, transporte), el de Industria, Turismo y Comercio (competencias relativas a instalaciones industriales), el de Sanidad y Política Social (cuestiones relacionadas con la incidencia de la contaminación en la salud), el Ministerio del Interior (tareas de vigilancia, prevención y extinción de incendios forestales) y, finalmente, el Ministerio de Educación, porque tiene competencias en el ámbito de la investigación en temas ambientales.

Las corporaciones locales tienen competencias en varios aspectos que inciden en la calidad ambiental del municipio. La Ley reguladora de las bases del régimen local delimita el ámbito competencial de cada municipio en función de su tamaño poblacional. Todos los municipios tienen competencias en los servicios de recogida de residuos, limpieza viaria, abastecimiento domiciliario de agua potable, alcantarillado y acceso al núcleo de población independientemente del número de habitantes que tengan. Los municipios con más de 5.000 habitantes pueden asumir competencias en el tratamiento de residuos y parque público. Los que superan los 20.000 habitantes añaden las competencias en materia de protección civil, mataderos y prevención y extinción de incendios. Si el municipio cuenta con más de 50.000 habitantes, debe ejercer el servicio de protección del medio ambiente.

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