Silvana Ballarin - Alimentos debidos a los hijos

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Esta obra propone un recorrido por una colección de artículos doctrinarios elaborados por prestigiosos especialistas que abordan con un enfoque claro, práctico y dinámico varios temas controvertidos: la forma de pago de la cuota alimentaria y su actualización, los intereses, la retroactividad, la obligación del «progenitor afín», los efectos del incumplimiento, el reclamo por parte de la mujer embarazada, los alimentos para el hijo mayor que se capacita, las medidas cautelares y aquellas pautas que rigen el proceso, entre otras cuestiones. El análisis se articula con una cuidada recopilación de fallos emanados de los diversos tribunales del país, ordenados por tema y analizados desde una perspectiva integral con cuadros comparativos que sistematizan las tendencias jurisprudenciales en la materia.

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El Código Civil y Comercial de la Nación expresa para este instituto “responsabilidad parental,” construcción de lenguaje con fuerte valor simbólico, que señala el ejercicio de la función en cabeza de ambos padres, traducido en el conjunto de deberes destinado primordialmente, a satisfacer el interés y bienestar del niño y de los adolescentes.

Pues bien, en otras oportunidades he podido pronunciarme acerca de la denominada “cuota de alimentos” emanada de la patria potestad, considerando que su título no se ajustaba a los alcances de su fuste y magnitud, juzgando más apropiado llamarle, cuota de asistencia integral en razón de los deberes emanados de la responsabilidad parental, título que luce, francamente más apropiada para ilustrar sus alcances.[47]

Esta aludida cuota de asistencia integral, supone brindar un acervo de medios materiales necesarios para una existencia digna, en el supuesto –responsabilidad parental– resulta un edificio colosal de deberes que comprende la satisfacción de las necesidades de los hijos en manutención, instrucción escolar, diversión y esparcimiento, vestimenta, alojamiento confortable, socorro y protección, desembolso por asistencia médica, en fin una muchedumbre de deberes, propios del vínculo socio cultural y legal, de raíz paterno filial, cuyo fin esencial es garantizar su bienestar.

En tal sentido, el Código Civil y Comercial de la Nación, en su Art. 658, señala que “ambos progenitores, tienen la obligación y el derecho de criar a sus hijos, alimentarlos y educarlos conforme su condición y fortuna, aunque el cuidado personal esté a cargo de uno de ellos”.

Curiosamente, pese al edificio colosal de derechos que supone, reitero, la prestación de alimentos, el Art. 541 del CCCN al explicitar el contenido del deber alimentario, señala que la prestación de alimentos, debe comprender “lo necesario para la subsistencia”, cuándo debió decir “lo necesario para satisfacer –o garantir– la existencia digna”. La existencia con el prefijo “sub” por delante, supone, estar por debajo de la existencia humana, algo que no se compadece con el fin supremo que tiene el instituto –como derecho humano– y que, hasta aquí hemos esbozado sucintamente. Es una pena que, habiéndose puesto tanto énfasis en el lenguaje en todo el texto en general, justamente, al redactarse esta norma se haya incurrido en semejante y grosero error de concepto. Pero que quede claro, el derecho de alimentos, pese el desacierto legislativo, tiene por propósito, garantir la existencia humana libre de escollos que la expongan.[48]

Ahora bien, el fallo en examen pone en el debate la cuestión de la forma de su ejecución. Recordemos que, en el plano teorizador, este deber legal se cumple de dos maneras; mediante el pago de una asignación en dinero o en especie, la que suele incluir un conjunto de plurales y variados actos (albergue, cobijo, vestuario, formación educativa, cobertura de salud, salidas y actividades de distracción, refacción, recesos festivos, etc. –así lo estipula el Art. 569, cuando señala que comprende: “manutención, educación, esparcimiento, vestimenta, habitación, asistencia, gastos de enfermedad y los gastos necesarios para adquirir una profesión u oficio”).

Estas alternativas divergentes, auspiciaron su “polemización” doctrinaria, en torno a quién le correspondía el derecho de opción entre pagar en dinero o en especie. Para algunos, el derecho a opción le concernía al deudor, en razón del texto del Art. 637 del Código sustancial de Vélez, en cuanto señalaba “en las obligaciones alternativas; corresponde al deudor la elección de la prestación de uno de los objetos comprendidos en la obligación” la que siempre, desde luego, podía ser revisada judicialmente, en el supuesto de perjudicar al beneficiario. Y en las antípodas, la que pregonaba que, el derecho de opción le correspondía al acreedor, a fin de evitar contingencias incómodas, que, de modo ordinario solían surgir durante su ejecución. La última solución parece la más acorde al interés protegido, ello, en cuanto supone una efectiva tutela de los derechos en juego, bajo el marco de la Convención sobre los Derechos del Niño. En el caso en estudio, la imposición del descuento compulsivo de un porcentaje de su sueldo, supone este derecho de opción. Esta solución, escampa las eventuales contingencias en torno a su efectivo cumplimiento que, en el caso de autos, bien pueden presumirse, considerando que debió judicializarse el deber de asistencia y que el demandado ni siquiera se presentó a hacer valer sus derechos, circunstancia que muestra su perfil proclive a incumplir sus responsabilidades.

Amén de ello, no se advierte tampoco, que tal solución pueda traducirse en perjuicio del deudor, atento a que lo dispensa de ejercer actos para satisfacer la obligación, su efectivización se impone aun con su inactividad, de modo que, como solución salomónica, también se torna beneficiosa para él. Desde luego, ante tales asertos, siempre le asiste el derecho al obligado a solicitar su revisión, en el eventual supuesto de modificarse las circunstancias que propiciaran el temperamento aplicado, para cuyo caso, siempre existirá su derecho de audiencia.

Estas decisiones, en los supuestos de deudores con recibo de haberes y por tanto, con ingresos ciertos, promueven un escenario francamente auspicioso para los beneficiarios, quienes al tener una sentencia en la que se fija descuento directo de un porcentaje de los ingresos del obligado, no deberán acudir al juez cada vez que se encoja la cuota en detrimento de su existencia, para su actualización, atento a que ella se actualiza automáticamente cada vez que se actualizan los ingresos del demandado, solución que también luce armónica con la letra de la Convención sobre los Derechos del Niño, en cuanto pregona desjudicializar la vida del niño, niña y adolescente.

También, su conclusión coincide con el mentado texto del Art. 658 del Código Civil y Comercial, en cuanto los padres tienen la obligación y el derecho de alimentar a sus hijos de acuerdo a su condición y fortuna, que en el caso –recibo mediante– puede justipreciarse con certidumbre. Tiene, como efecto secundario, bajar el índice de litigiosidad de los tribunales, atento que, un porcentaje altísimo de los juicios en trámite en el fuero de familia, resultan ser, precisamente, los incidentes de actualización de cuota alimentaria.

De consuno a lo expuesto, y la doctrina aquí esbozada, el Art. 551 del CCCN dispone que “es solidariamente responsable del pago de la deuda alimentaria quien no cumple la orden judicial de depositar la suma que debió descontar a su dependiente o a cualquier otro acreedor”. Es decir, una vez aplicado este temperamento –que no supone embargo, sino descuento directo– se genera el deber del empleador, de depositar la suma ordenada por el juez, resultando responsable, de modo solidario, con su empleado –alimentante– de suministrar la cuota alimentaria impuesta.

El reparo de señalar en el oficio que dispone la medida, que no se trata de un embargo –para no afectar el honor del demandado– es una afirmación que parece discutible, al menos en el plano moral, conforme la peculiar actitud recalcitrante desplegada por el obligado, lo cierto es que tal explicitación, también se advierte, solapadamente, en protección del mejor interés, atento a que, procurar que se conserve la buena relación de empleo y los ingresos del trabajador, se traducen en beneficio del objeto tutelado, la cuota de asistencia de los menores.

De modo que, aun omitida su exteriorización, las augurosas reflexiones vertidas en el pronunciamiento del Tribunal de Alzada, en su inteligencia, resultan consonantes con las normas directrices de ineludible aplicación en aquellos casos que se adviertan comprometidos derechos de semejante enjundia. Así, la solución arribada, brinda cuidado y asistencia especial a los niños beneficiarios, como lo exige el preámbulo de la Comisión sobre los Derechos del Niño,[49] tiene en especial consideración el Interés Superior del Niño, favoreciéndolo con la solución más asequible (Art. 3 de la CDN). Está destinada a garantizar su crecimiento y auto proyección en un plano de efectivo desarrollo (Art. 6 de la CDN). En fin, buen comienzo para quitar de tribunales aquellos casos, que bien pueden resolverse mediante el descuento directo del porcentaje de la cuota asignada para cumplir con la responsabilidad legal, hecho que no puede más que celebrarse.

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