Patricia Gascó Escudero - UCD-Valencia

La concesión de la preautonomía inauguró una diatriba por el control del Consell, puesto que, según el Real Decreto-ley 10/1978 de 17 de marzo, su estructura debía albergar también una representación de los sufragios de las elecciones municipales, así como de las diputaciones. Para PSPV-PSOE ésta era una alteración de la representatividad de los votos obtenidos en las elecciones generales. Por otro lado, UCD vio con impotencia como los socialistas controlaban políticamente una buena parte de los órganos de representación de la comunidad, ya que en sus manos estaban el Plenario y el Consell, cuya Presidencia hasta las elecciones generales de 1979 debía ser elegida por los parlamentarios, entre los que había clara preponderancia socialista; por eso, miraban con esperanza hacia las siguientes elecciones generales, ya que para elegir al presidente del Consell después de las elecciones se debía reducir de doce a nueve el número de miembros del Consell elegidos por los parlamentarios, y se sumarían nueve miembros más procedentes de las diputaciones.

En estas circunstancias se celebraron las elecciones de 1 de marzo de 1979, que arrojaron el siguiente resultado: 37’4% de los votos para PSPV-PSOE, 36’6% para UCD y la tercera fuerza, PCE-PCPV, obtuvo el 12%. 56 De este modo, el panorama no podría mostrarse menos propicio para la conciliación: UCD contaba con cuatro consellers elegidos tras las elecciones generales pero con diez miembros del Consell, ya que había obtenido el control de las diputaciones de Alicante y Castellón; por otro lado, PSPV-PSOE obtuvo cuatro consellers también y contaba con el apoyo potencial del conseller de PCPV, aunque tan sólo tenía ocho votos porque únicamente había conseguido el control de una diputación, la de Valencia. El resultado de este proceso fue que el presidente del Consell seguía siendo socialista –J. L. Albiñana, de nuevo– porque se eligió con el apoyo de los parlamentarios sin contar con los representantes de las diputaciones; sin embargo, PSPV-PSOE contaba con escasa capacidad de maniobra. El carácter presidencialista del máximo órgano de gobierno del País Valenciano hacía de su Presidencia un cargo muy deseado por UCD. De este modo, UCD ofreció a PSPVPSOE la posibilidad de cedérsela. De hecho, cuando UCD nacional anunció un nuevo decreto-ley sobre los entes preautonómicos, un sector de la prensa recogió la posibilidad de que el decreto modificara de nuevo la forma de configurar el ente preautonómico, otorgando la Presidencia a UCD. 57 Pero dicho decreto no afectó al País Valenciano, de modo que ni M. Broseta, anunciado candidato al Consell, ni E. Attard, nuevo candidato cuando Broseta «declinó» presentarse al cargo, obtendrían la deseada Presidencia: UCD aumentaba su poder dentro del Consell pero no en la medida que se deseaba.

Por otra parte, en la sesión de constitución del Consell de 9 de junio la obligada reducción de doce consellers a nueve dio la oportunidad a UCD de consolidar ese poder, ya que, utilizando su mayoría de votos, redujo esas tres consellerías de aquellas que hubieran correspondido a PSPV-PSOE. De ese modo, UCD quedaba con seis consellerías, PSPV-PSOE con dos y PCPV con una. La reacción de estos dos partidos no se hizo esperar: los consellers de PSPV-PSOE y de PCPV renunciaron, poniendo en evidencia la ya de por sí denostada falta de representatividad y pluralidad del Consell, quedando las nueve consellerías en manos de los cuatro consellers centristas. Finalmente, el 17 de diciembre de 1979 PSPV-PSOE decidió hacer efectiva su decisión de abandonar el Consell y cuatro días más tarde Albiñana hacía público que dimitía «ejecutando simplemente una decisión de mi partido». 58 La causa del abandono socialista estaba inexorablemente ligada al problema estatutario, problema que para entonces había alcanzado una gran complejidad. Dicho de otro modo, aunque el 25 de octubre de 1979 se remitía el texto autonómico al Congreso de los Diputados y al Ministerio de Administración Territorial acogiéndose al citado artículo 151 –según acuerdo del Consell recogido en la «Declaración de Morella» de 9 de enero de 1979 y habiendo superado la barrera del 65% de los ayuntamientos que marcaba la ley–, la aplicación retroactiva de los requisitos adicionales de la Ley Orgánica Reguladora del Referéndum 2/1980 59 hacía imposible esta vía de acceso para el futuro estatuto, ya que en el apartado 8.1. se hacía obligatorio especificar que la vía de acceso deseada era la 151. Sin embargo, quedaba la posibilidad de la reconducción del proceso desde el Consell; la negativa de UCD a llevar a cabo esta reconducción, haciendo caso omiso de los acuerdos de Morella, fue la causa final del abandono de PSPV-PSOE, que ya no volvería al Consell hasta después del fallido golpe de Estado del 23 de febrero de 1981.

La ejecutiva socialista lo explicaba así:

La segunda etapa del Consell iniciada en el pasado mes de Julio y caracterizada por la irresponsabilidad de UCD, que acaparó para sí todas las carteras con manifiesta violación del Reglamento del Consell, del Decreto de Preautonomía y de la política de unidad valenciana que había venido practicando hasta entonces, ha evidenciado, si alguna duda había, el deseo del partido del Gobierno de romper cualquier forma convivencial de los partidos democráticos en pro de la autonomía. (...). A partir de este momento, el Consell no ha sido otra cosa que un lugar de confrontación política que, hoy por hoy, ha dejado de ser para los socialistas el instrumento anticipador de la autonomía. (Esto culminó) en la noche de ayer con su voto en contra al calendario autonómico, sin ofrecer ningún tipo de alternativa, y la moción de censura contra el presidente socialista del Consell. 60

En realidad, el conflicto tenía un carácter más trascendente de lo que parece, pues ocultaba el enfrentamiento de dos modelos territoriales diferentes; esto explica el encono al que llegaron los partidos políticos tras la aprobación de la preautonomía, una vez llegó el momento de decidir los símbolos de la comunidad. Para PSPV-PSOE la denominación apropiada era País Valenciano, porque era la que estaba relacionada con la lucha antifranquista; la bandera tradicional era la cuatribarrada, común con el resto de territorios de la antigua Corona de Aragón; propugnaban la unidad lingüística del catalán. Para una gran parte de UCD y otros sectores de centro-derecha, por el contrario, había voluntad de señalar la singularidad valenciana respecto a Cataluña: la denominación Reino de Valencia era símbolo del glorioso pasado valenciano, la bandera apropiada era la usada tradicionalmente en Valencia capital, es decir, cuatribarrada con franja azul, más los escudos de Alicante, Castellón y Valencia, y en cuanto a la lengua, debía denominarse «valenciano» porque cualquier otra denominación supondría un acercamiento a la cultura catalana en detrimento de la cultura valenciana tradicional. El entonces ministro para las Regiones, M. Clavero Arévalo, lo expresaba así:

Para una corriente derechista, la expresión País Valenciano, lengua valenciana, como equivalente a catalana y bandera cuatribarrada sin más, implicaba la exteriorización de un pancatalanismo que terminaría por incorporar a la Comunidad Valenciana en una especie de Países Catalanes (...). Por el contrario, con las expresiones de Reino de Valencia, lengua Valenciana y con la bandera cuatribarrada con franja azul, se exteriorizaba la voluntad de la autonomía valenciana, como realidad diferente. 61

En resumen, más allá de los símbolos subyacían modos diferentes de ver la realidad valenciana: para la izquierda representada por PSPV-PSOE y PCPV la denominación País Valenciano llevaba implícita la lucha que los defensores de esta expresión habían mantenido como oposición al franquismo y una clara vinculación con el ideario federalista; apelaban a los criterios lingüísticos académicamente expuestos por la Universidad de Valencia 62 y miraban con esperanza el incipiente proceso de recuperación del espíritu nacional valenciano. 63 Los símbolos debían vincularse a modernidad, renacimiento cultural propio y democracia; el afán de representar los objetivos democráticos llevó al primer presidente del recién inaugurado Consell, Albiñana, a manifestar en repetidas ocasiones, un tanto inocentemente, su voluntad de celebrar un referéndum sobre los símbolos. Por el contrario, UCD argumentaba que con la denominación «Reino de Valencia» la comunidad se vinculaba con la «tradición del reino que fundó Jaime I», 64 con la voluntad firme de defender la independencia cultural valenciana, en cuanto a Cataluña se refería, y hacer frente al problema histórico del «pancatalanismo». 65 Por ello, resultaba primordial distinguir los símbolos de la comunidad autónoma catalana y los de la futura «Comunidad Valenciana». 66 Finalmente, socialistas y comunistas se inclinaban por lograr la autonomía a través del artículo 151 de la Constitución de 1978 –o, en su defecto, amparándose en el artículo 146–, lo que aseguraba el máximo techo competencial desde el principio, como había ocurrido con las denominadas «nacionalidades históricas» –lo que estaba en sintonía con esa mencionada voluntad de recuperación del espíritu nacional valenciano, mientras que desde las filas de la derecha se optaba por la vía autonómica prevista en el artículo 143 de la Constitución, ya que, por una lado se expresaba cierta preocupación por evitar el «desmembramiento» de la nación española, y, por otro lado, consideraban que la modalidad prevista en el artículo 143 era más segura porque no requería referéndum, que, de convocarse al amparo del artículo 151 y no lograr la autonomía, no podría repetirse en cinco años. Había otra razón no menos importante para que UCD prefiriese la vía 143, ya que, de haber seguido con lo pactado y acogerse al artículo 151 de la Constitución, la iniciativa autonómica hubiera correspondido plenamente al Plenario, cuyo presidente, Joaquín Ruiz Mendoza, era socialista.