Patricia Gascó Escudero - UCD-Valencia

Al margen de todos estos problemas políticos, hubo otro elemento imprescindible para entender el conflicto de los símbolos: la lucha por la configuración de la identidad valenciana, que será tratada en el capítulo IV.

Sin embargo, este conflicto –que alcanzó tal grado que incluso llegó a ser denominado la «Batalla de Valencia»–, no puede ser entendido únicamente como una radicalización de las posturas de cada partido, sino que, tras la aprobación de la preautonomía valenciana otros elementos agravaron el conflicto: la lucha por obtener el control sobre el Consell preautonómico y la llegada a la escena política valenciana de políticos de relevancia nacional como Abril Martorell y su equipo –en el que se encontraba el ministro de Agricultura, Jaime Lamo de Espinosa, entre otros, y al que se uniría después el catedrático valenciano de Derecho M. Broseta–. El conflicto, en el que interactuaban la esfera social y la política, se agravó coincidiendo con el cambio de estrategia de UCD-Valencia y con la evolución de la línea editorial de ciertos sectores de la prensa.

Pese a lo dicho, conviene no olvidar que también hubo otros motivos de disenso entre los grandes grupos políticos como la división comarcal, las diputaciones provinciales – porque para UCD éstas debían tener mayor peso político que el asignado por el PSPV-PSOE– o las mayorías necesarias para la adopción de acuerdos en las Cortes y en el Consell. El conflicto por los símbolos fue, sin embargo, el principal condicionante para que se postergara la elaboración de un proyecto estatutario que enviar a la Ponencia Constitucional y marcaría los diferentes intentos de llegar a un acuerdo.

Así, a finales de 1977, las diferentes fuerzas de oposición ya habían elaborado tres anteproyectos diferentes, cada uno de ellos con apoyos distintos, si bien ninguno de ellos contó con apoyo institucional: el anteproyecto de Elx fue elaborado en octubre de 1975 por un grupo de intelectuales valencianos, entre los que se encontraban Joan Fuster, Vicent Ventura, Eliseu Climent y Josep Guia, y sólo contó con el apoyo de PSAN, grupo que simpatizaba con una hipotética independencia de los Países Catalanes; en febrero de 1976 los integrantes de la plataforma denominada Consell Democrátic del País Valencià elaboraron un segundo anteproyecto que, sin embargo, contó con la oposición de PSAN, pese a que este grupo también formaba parte de dicha plataforma; finalmente, tras la ruptura de la Taula de les Forces Polítiques i Sindicals del País Valencià, los independientes de dicho organismo redactaron las bases para otro anteproyecto en diciembre de 1977. 67 Una vez concedida la preautonomía, en marzo de 1978, se firmó el Compromiso Autonómico la víspera de la segunda jornada en libertad del «Dia Nacional del País Valencià» en el Palacio de la Generalitat, jornada que, sin embargo, no consiguió la repercusión de 1977. 68 El texto del Compromiso Autonómico ratificaba al Consell como protagonista del proceso autonómico, instaba al Plenario a la redacción de un anteproyecto estatutario consensuado y, al mismo tiempo, incidía en el compromiso de actuación conjunta para lograr la autonomía con las máximas competencias y en el mínimo plazo permitido por la Constitución de 1978, que aún no había sido aprobada; posteriormente, el 15 de enero de 1979, se hizo explícita la preferencia por «la vía constitucional establecida en el artículo 151». 69 Una semana antes, el 9 de enero de 1949, la «Declaración de Morella», aprobada por unanimidad por todos los partidos políticos integrados en el Consell, salvaba la iniciativa de las Diputaciones provinciales en virtud de la disposición transitoria primera, de modo que la Declaración de Morella evitó la parálisis del proceso provocada por la actitud obstruccionista de las diputaciones. 70

Tras las elecciones de marzo de 1979, la batalla por el control del Consell contribuyó a romper el clima de relativo consenso previo, por lo que la primera comisión redactora del anteproyecto estatutario –formada por cuatro socialistas, V. Antonio Sotillo, Alfons Cucó, Antonio García Miralles y José V. Beviá, cuatro ucedistas, Benjamín Casañ, Luís Berenguer, Manuel Broseta y Roque Calpena, y un comunista, Emèrit Bono, nombrada el 9 de julio de 1979, no logró avanzar en el anteproyecto. De hecho, después de cuatro reuniones sólo se había acordado el funcionamiento de la Comisión, mientras que se constataban las diferencias ideológicas –que parecían irreconciliables– entre los componentes. De hecho, dejó de ser operativa en octubre de ese mismo año. 71 Pese a todo, el 25 de octubre de dicho año se remitía al Congreso de los Diputados y al Ministerio de Administración Territorial el acuerdo del noventa y cinco por ciento de los ayuntamientos de la preautonomía valenciana, superando, por tanto, la barrera del setenta y cinco por ciento marcada por el artículo 151. A partir de este punto, la cuestión de los símbolos y la vía de acceso a la autonomía provocaron un impasse en el proceso estatutario, puesto que UCD se desmarcó del proceso autonómico exigiendo el cambio hacia la vía autonómica marcada por el 143, alegando que, si bien otorgaba un menor techo competencial, no requería referéndum en la futura comunidad autónoma.

No fue hasta después del fallido golpe de Estado del 23 de febrero de 1981, en concreto, el 10 de abril de 1981, cuando el Plenario de Parlamentarios, presidido por el socialista A. García Miralles, reanudó el proceso para lo cual nombró una nueva comisión redactora; dicha comisión estaba compuesta por cinco miembros: Joan Lerma y Felipe Guardiola por PSPV-PSOE, José Ramón Pin Arboledas y Luís Berenguer por UCD y Antonio Palomares por PCPV. 72 El 30 de abril de 1981 la comisión ya había finalizado su labor. Sobre el texto resultante hay que tener en cuenta algunas consideraciones: en el texto se plasmó la voluntad de conseguir las máximas competencias –exceptuando la capacidad del presidente del Consell para disolver las Cortes– a pesar de que el trámite parlamentario se iniciara a tenor del artículo 143 de la Constitución de 1978; a nivel político, destaca la provisionalidad de los aspectos simbólicos como la denominación y la bandera, y, si bien se aceptó la denominación «País Valenciano», se hacía una clara alusión a la denominación tradicional «Reino de Valencia», así como se impuso la bandera cuatribarrada con franja azul pero con el escudo del Consell (declaraciones inmediatamente posteriores de dirigentes de UCD y de PSPV-PSOE evidenciaron hasta qué punto eran perentorios estos acuerdos); por otro lado, otros aspectos como el tratamiento de la lengua y uso se saldaban con una ambigua alusión a la «lengua cooficial»; en cuanto a las instituciones, seguían manteniendo una gran importancia y reconocimiento las diputaciones y, a través de éstas, la demarcación provincial. 73

El 19 de junio de 1981, en virtud del artículo 146 de la Constitución española de 1978, se reunían en el castillo de Peñíscola los parlamentarios valencianos con la finalidad de ratificar el texto aprobado en Benicàssim, que, sin embargo, había sido votado por los representantes de UCD a título personal. En cuanto a la reunión de Benicasim, se trató de mucho más que de una simple ratificación, puesto que junto con el texto aprobado anteriormente, se aprobó en las enmiendas –a petición de UCD– un texto alternativo, lo cual demostraba la tensión y la falta de unidad entre los principales partidos del País Valenciano.

Éste sería el texto que constituiría el definitivo «Proyecto de Estatuto de Autonomía para el País Valenciano» publicado en el Boletín Oficial de las Cortes Generales el 13 de octubre de 1981. Para entonces ya había quedado claro que la llamada «vía 151» era inaccesible para el territorio valenciano debido a la aplicación retroactiva de los requisitos adicionales de la Ley Orgánica Reguladora del Referéndum y a los Acuerdos Autonómicos entre UCD y PSOE en relación al conjunto del territorio español. 74