Ignacio Sánchez D. - Ideas en educación III

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1 Desde el año 1999 existían en Chile dos comisiones asesoras del Ministerio de Educación, cuyas funciones eran, entre otras, desarrollar experiencias piloto de acreditación y preparar un marco legal para estos procesos: la Comisión Nacional de Acreditación de Pregrado (CNAP) y la Comisión de Evaluación de la Calidad de Programas de Posgrado (CONAP). Estas comisiones venían a complementar el rol del Consejo Nacional de Educación (antes Consejo Superior de Educación) en materia de aseguramiento de la calidad. Este organismo había sido creado en 1990 para supervisar y evaluar a universidades e institutos profesionales a través del proceso de licenciamiento, inicialmente llamado “acreditación”, nombre que fue modificado para distinguirlo del trabajo realizado por la CNAP (CNAP, 2007).

2 La Ley 21.091 estableció que los criterios y estándares de acreditación estarían formulados el 30 de diciembre de 2020, plazo que posteriormente fue ampliado al 2022 de acuerdo con la Ley 21.186 (ley corta). Actualmente, aún se encuentran en proceso de formulación.

3 https://www.cnachile.cl

4 En la Ley 21.091 se establece que una de las funciones del Comité de Coordinación del SINACES es “Promover la coherencia entre los criterios y estándares definidos para los procesos de acreditación, con la normativa que rige el licenciamiento, así como toda otra del sector de educación superior” (Ley 21.091 sobre Educación Superior, Título IV, Artículo 4, Letra e).

5 Ley 21.091 sobre Educación Superior (2008), Título I, Artículo 2, Letra b).

6 https://www.akkreditierungsrat.de/

CAPÍTULO 3

EDUCACIÓN SUPERIOR CATÓLICA EN AMÉRICA LATINA

PEDRO PABLO ROSSO

Rector Emérito

Pontificia Universidad Católica de Chile

INTRODUCCIÓN

La educación superior católica en América Latina tiene una historia que se remonta a los primeros años de dominación española y portuguesa. Por lo tanto, ha sido testigo y, en cierta medida, protagonista de un choque de culturas cuyas consecuencias se prolongan en la marginación de los pueblos originarios y las dificultades de la región para incorporarse a la modernidad y a la era industrial. Manifestaciones de esta realidad son la pobreza de grandes sectores poblacionales, la desigualdad de oportunidades y distribución de bienes, los bajos niveles de escolaridad, una economía basada en la exportación de productos naturales y la utilización no sustentable de esos recursos, el flagelo del narcotráfico y la delincuencia internacional, la debilidad de las instituciones públicas y el caos urbano de las grandes ciudades (PNUD, 2019). Se agrega a lo anterior un contexto de democracias frágiles, regidas por una clase política incompetente, cuando no corrupta.

La cronicidad de estos problemas alimenta un malestar ciudadano que se manifiesta en las oscilaciones políticas que caracterizan los cambios de gobiernos nacionales, con alternancias frecuentes entre opciones cuyos programas de acción tienen escasas congruencias, frecuentes estallidos sociales y migraciones internas y externas. En general, los breves ciclos de mayor prosperidad y progreso material de Latinoamérica han coincidido con un aumento a nivel mundial en el precio de las materias primas y productos semielaborados que exporta. A su vez, esto ha sido causado por una mayor demanda de esos productos, asociada a los lapsos de crecimiento económico de las grandes áreas industrializadas del mundo. Actores principales en ese escenario global son los EE.UU. de Norteamérica, la Unión Europea, Japón y, más recientemente, la República Popular China y Corea del Sur. Algunos de estos países, notablemente los de Europa Occidental, han sido protagonistas del comercio mundial desde la época de la primera revolución industrial (PDP-CEMPLA, 2018).

El éxito económico de los estados antes mencionados radica en la capacidad de generar nuevo conocimiento y transformarlo en valor para la sociedad. Esa es la razón por la cual han sido llamados “economías o sociedades del conocimiento”. Se trata de países con altos niveles de escolaridad, que valoran la capacidad de generar conocimientos como un activo económico fundamental y, consecuentemente, consideran la investigación —en todas las ramas del saber— una actividad nacional prioritaria. Por esta razón, han construido sistemas educativos de alta calidad, en todos sus niveles. En ellos se forma una fuerza laboral instruida, muy productiva, que cuenta entre 7 y 15 investigadores por cada 1.000 puestos de trabajo (OECD, 2018).