Eduardo Valencia Hernán - La transición española

Un mes después, tuvo lugar el Congrés de Cultura Catalana donde los «intelectuales de Montserrat» llamaron a la participación colectiva, según lo aprobado en la reunión del 7 de junio anterior, exponiendo en su comunicado los tres puntos esenciales del mismo. Estos eran:

«Que habiéndose recibido más de quinientas adhesiones de la declaración aprobada en Montserrat, esta se pone a disposición del Secretariado Provisional del Congrés de Cultura Catalana.

Que ha examinado el proyecto de realización del Congrés de Cultura Catalana aprobado por el Secretariado Provisional y considera que es un paso adelante en el sentido de ampliar la representatividad de los organismos del Congrés. Por eso, de acuerdo con el cuarto punto de la declaración de Montserrat acepta participar en la formación de la futura Comisión Permanente con otros sectores populares, culturales y profesionales de todos los países catalanes.

La Comisión quiere recordar, que una de las tasques primordials del Congrés es la recerca de les bases de la propia identitat, y por eso se dirige a todo el pueblo de los países catalanes para que realice el Congrés y lo anima, desde ahora, a todas las iniciativas.»455

Estaba claro que la Comisión de Intelectuales consideraba que el Congreso de Cultura Catalana debía ser el marco idóneo para extender el mensaje de poder recuperar la propia identidad catalana, pero, por otro lado, esta comisión debía continuar ejerciendo su influencia a través de la Asamblea, generando un entorno idóneo, a través del cual, no habría separación entre la pura reivindicación social con la cultural y nacional. Los seis primeros firmantes de lo que se conoció como la Declaració de Montserrat fueron: Joan Miró, Josep Lluís Sert, Antoni Tàpies, Joan Oliver, Salvador Espriu y Raimon.

En septiembre de 1975 dio comienzo un nuevo curso político, calificado por la prensa oficial como otro otoño apático y tranquilo; sin embargo, nada en esos momentos podía ser igual, ya que se acercaban a pasos agigantados los momentos más cruciales para un régimen decadente, aunque todavía con fuerza para dar su último zarpazo.

El día 5, la situación en Vizcaya seguía muy tensa, entre otras cosas por los cinco mil trabajadores que estaban en paro. Sin embargo, como era previsible el silencio informativo fue total, pues la televisión pública, como si nada ocurriera, se dedicaba a entretener a los espectadores con las maniobras realizadas por el mago Uri Géller, que nos dejaba a todos boquiabiertos con la puesta en marcha de relojes y las dobladuras de cucharas, usurpándonos de una realidad no tan agradable y más cercana.

La resolución de los numerosos consejos de guerra continuaba a un ritmo acelerado. Los últimos se celebraron el día 11 de septiembre contra cinco miembros del Frente Revolucionario Antifascista y Patriótico (FRAP), y el día 20 con la condena del etarra Txiki a la pena capital. El gobierno consideraba esta forma de represión como una salida favorable en su combate contra el terrorismo, por lo que, al menos mientras Franco viviese continuaría en su empeño. Otras detenciones tuvieron como protagonistas a miembros del FRAP, del Partido del Trabajo de España (PTE), del Movimiento Comunista de España (MCE), del Partido Obrero Revolucionario de España (PORE) y de los anarquistas456.

Recordemos como breve recordatorio que el FRAP era un movimiento revolucionario creado en enero de 1971 en París en el que participaron el PCE(m-l), Comités antiimperialistas, Frente Español de Liberación Nacional y Vanguardia Socialista, aunque su constitución oficial fue en París el 24 de noviembre de 1973 siendo Julio Álvarez del Vayo su presidente. Sus puntos programáticos se basaban en la derrota de la dictadura franquista y del imperialismo yanqui, con la idea de establecer una república popular y federativa que respetase los derechos y las minorías nacionales, que nacionalizase los bienes monopolísticos, que desarrollase la reforma agraria, que liquidara el colonialismo español y fundase un ejército del pueblo. Su órgano de prensa fue la revista Acción.

Por su parte, el PTE era la nueva denominación del PCEi desde febrero de 1975 por su ingreso en la Junta Democrática de España. Esta organización posteriormente participó en la Plataforma de Convergencia Democrática y en el CFPC. La dirección a nivel estatal estuvo a cargo de Eladio García Castro, alias «Ramón Lobato». En Cataluña este partido fue muy activo constituyendo la Confederación de Sindicatos Unitarios de Trabajadores (CSUT), proclamándose seguidores del marxismo-leninismo en la línea Mao Tse Tung.

El Movimiento Comunista de España (MCE) tuvo su origen en el Movimiento Comunista Vasco y entre diciembre de 1971 y enero del año siguiente se constituyó en Cataluña por miembros de los llamados «Círculos de Formación de Cuadros», creándose el Moviment Comunista de Catalunya, organización que evolucionó hacia un marxismo-leninismo de tendencia maoísta. Sus publicaciones fueron: Servir al Pueblo, la Veu dels Treballadors, Hacer y Revolta.

Por otro lado, el PORE se fundó en agosto de 1974 fruto de la evolución de la Organización Trotskista como sección española de la Liga Internacional de Reconstrucción de la IV Internacional (LIRCI).

En Barcelona, mientras se materializaba el relevo entre el alcalde saliente, Enrique Massó Vázquez, y el entrante, Joaquín Viola457, la Asamblea y la CCFPC en sendos comunicados publicados en septiembre de 1975 resumían en líneas generales la situación político-social de España en esos momentos:

«El 11 de septiembre, Diada nacional de Cataluña, coincide con una situación política especialmente grave. La Dictadura ha implantado un Estado de excepción que denomina cínicamente “Ley Antiterrorista” con la pretensión de parar la marcha decidida de nuestro pueblo hacia la libertad y de poder asesinar impunemente a los patriotas revolucionarios vascos Garmendia y Otaegui. Es necesario dar una respuesta decidida al régimen y salvar la vida de los compañeros vascos. ¡Basta de penas de muerte! ¡Fuera el decreto terrorista!»458

A tal efecto, la Asamblea convocó una manifestación en la Plaza Cataluña el 11 de septiembre a las ocho de la tarde, mezclando diferentes mensajes favorables a sus tesis: por un lado, la reivindicación identitaria, y por otro, la lucha por las libertades civiles y sociales, encarnadas en aquel momento en la lucha contra la Ley Antiterrorista y la desaparición de la pena de muerte. Pese a la presión policial, más de cinco mil personas se manifestaron por la calle Aribau hacia la Avenida Diagonal con gritos de «¡Salvemos a Garmendia y a Otaegui!», «¡Cataluña con Euzkadi!», «¡Fuera la pena de muerte!»459.

Una semana después también la Iglesia emitió un comunicado de condena del terrorismo y a su vez pidió clemencia para los condenados a muerte. Sin embargo, todos estos esfuerzos fueron en vano ya que ese mismo día fueron condenados a la pena capital: Ramón García Sanz, Manuel Cañaveras de Gracia, José Luis Sánchez Bravo Sollas, Concepción Tristán Gómez y Mª Jesús Dasca Penelas.

En Europa, tras conocerse la noticia de las condenas, se multiplicaron las manifestaciones de repulsa y se ocupó la Embajada española en Bonn; incluso Pablo VI llamó a la clemencia en España tras deplorar cualquier tipo de gesta criminal:

«Entre aquellos que hoy hieren nuestro corazón pastoral —decía Pablo VI— hay algunos que señalamos a vuestra humana y cristiana sensibilidad; las condenas a muerte de los terroristas de España, de los cuales también nosotros deploramos las gestas criminales, pero que desearíamos redimidos por una justicia que sepa afirmarse magnánimamente en la clemencia.»460

Ante las inminentes ejecuciones, se supo posteriormente que el Papa había pedido tres veces al Caudillo clemencia por la vida de los reos, sin tener éxito en su empeño. A raíz de las protestas hubo multitud de detenciones; entre ellas los de tres supuestos miembros de ETA junto con 35 militantes del PTE y Joven Guardia Roja en Zaragoza y algunas detenciones en Valencia de miembros del FRAP. Por otro lado, en Barcelona, el día 10 fueron detenidos tres militares de la UMD, justo algunos días antes de un atentado de la extrema derecha contra la editorial Ruedo Ibérico en París donde el Grupo Antiterrorismo contra la ETA (ATE) reivindicó el atentado, y para completar la «faena» represiva, el 24 de ese mismo mes, el TOP resolvió sentencia contra 21 miembros del PSUC.