Eduardo Valencia Hernán - La transición española

El 12 de septiembre, la Asamblea Democrática de Sabadell distribuyó unos folletos dirigidos a la ciudadanía criticando irónicamente al gobierno «aperturista» de Arias Navarro por su demostrado carácter opresor. Se aludió también a todas las Asambleas Democráticas locales en su lucha por la libertad de todos los detenidos, difundiendo el mensaje y pidiendo solidaridad económica. Como era de esperar, desde todas las comarcas se difundieron comunicados en defensa de los detenidos y por las libertades democráticas y nacionales422.

El domingo siguiente, el vicario episcopal y arcipreste de Sabadell, mediante un comunicado distribuido a través del Grup Cristià de Promoció i Defensa del Drets Humans de Barcelona, presentó una nueva versión de las detenciones en el Colegio de las Madres Escolapias de Sabadell. El documento afirmaba que hacia las 11 de la mañana la policía rodeó el colegio donde se impartía una conferencia desde las 10 horas sobre el documento «Misterio Pascual-Acción Liberadora» de la Conferencia Episcopal Catalana. A pesar de que la madre superiora y el vicario episcopal no autorizaron la entrada de la fuerza pública, esta penetró a las cinco de la tarde en las instalaciones siendo unos sesenta los números con metralletas, fusiles, y con la ayuda de un helicóptero. Posteriormente, se personó previa notificación telefónica como simple referencia, un inspector de policía de Barcelona, negándose este a dar su nombre aludiendo un supuesto permiso que recibió del gobernador civil de acuerdo con el obispo auxiliar, Dr. Guix. Se registraron aulas y salas del colegio, deteniendo a 67 personas que fueron trasladadas a Barcelona.

Según contaba el informe, la versión de la policía describía una reunión clandestina ilegal convocada por la Asamblea para tratar la adhesión al programa de la Junta Democrática de España, apuntando que el obispo auxiliar Dr. Dalmau había llegado al finalizar el registro. Por otro lado, el mismo documento recordaba a continuación los derechos del hombre proclamados en la Declaración Universal de los Derechos del Hombre (art. 20.1) y por la Encíclica de Juan XXIII Pacem in Terris (23 y 145), declarando dichos derechos como universales, inviolables e inalienables. Finalizando el documento, se subrayó la actitud serena y cristiana de la comunidad de monjas y de los padres de las alumnas del colegio, comprendiendo los principios que enseña la Iglesia con la incoherencia de los hechos. A su vez lamentaron su disconformidad con la falta de orden jurídico de los derechos de asociación y de reunión, con el abuso de poder de la fuerza pública, con el maltrato de palabra y la incorrección en el momento de la detención a una religiosa de la comunidad423. A diferencia de los 113 detenidos del año anterior, la prensa publicó con rapidez las detenciones y los nombres de los detenidos, incluso el gobernador civil, Rodolfo Martín Villa, se había entrevistado con celeridad con el arzobispo Narcís Jubany y con los decanos de los colegios profesionales. Fruto de esas gestiones, cincuenta de los detenidos fueron liberados a las pocas horas, mientras que cuatro fueron multados con ciento cincuenta mil pesetas cada uno y pasados a disposición del TOP, aunque en pocas semanas también fueron puestos en libertad424.

Relación de los 65 detenidos en los Escolapios de Sabadell el 8 de septiembre de 1974:

Mientras tanto, en el resto del Estado los atentados y manifestaciones estaban a la orden del día. El 14 de septiembre de 1974, tanto el gobierno como la oposición democrática coincidieron en condenar el atentado de la cafetería Rolando en la calle Correo de Madrid. Nadie se hizo responsable de la barbarie cometida, con un saldo de 11 muertos y 71 heridos, aunque se presuponía que ETA era la autora.

La prensa nacional prácticamente no tuvo tiempo de asimilar este terrorífico asesinato, pues la inestable situación en el Sahara español eclipsaba cada vez más la atención informativa apercibiéndose los primeros síntomas de lo que llegaría meses después. Aunque se intentó dar una respuesta a la reivindicación de los marroquíes por el interés de estos sobre los fosfatos de Bu-Craa y su posición contraria a un posible proceso de autodeterminación que apoyaba la mayoría de los países africanos, incluida España como administradora del territorio, que era proclive a la celebración de un referéndum; todo parecía destinado a una solución drástica sobre el contencioso. La pregunta era cuándo y cómo.